La Guardia Civil registra desde las 9.20 horas de esta mañana la sede de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter SA (Agissa) en una operación relacionada con el presunto desvío de fondos a través de esta empresa de capital mixto. Las investigación es por la presunta comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos y abarca al menos el periodo comprendido entre 1998 y 2013, alcanzando por tanto la etapa de Carles Puigdemont -presidente de la Generalitat deesde enero de 2016- como alcalde de la capital gerundense.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que instruye el caso del presunto saqueo de la empresa Aguas de Girona que autorizara la práctica de varios registros, diligencia con la que el Ministerio Público busca obtener pruebas concluyentes que acrediten los presuntos desvíos. La sospecha de los investigadores es que pudieron derivado irregularmente fondos públicos para la financiación de la antigua Convergència, en una ramificación del caso que instruye el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).

Anticorrupción va estrechando así el cerco sobre Puigdemont por la «detracción de cientos de miles de euros» de esta empresa mixta participada por el Ayuntamiento de Girona y a la que se le prorrogó el contrato durante ocho años más cuando él estaba al frente de la Alcaldía. En concreto, la renovación tuvo lugar en marzo de 2013, casi en el ecuador de su mandato.

Un informe de Hacienda vincula a dos sociedades investigadas en el caso del 3% con el socio privado de Aguas de Girona

En el marco de la Operación Aquarium, está previsto que se lleven a cabo una quincena de registros tanto en dependencias municipales como en viviendas de ex directivos de la empresa dirigidos a la búsqueda de documentación relacionada con el caso, si bien no se prevé que se practiquen detenciones. En concreto, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, durante este martes se han registrado las viviendas de Narcís Piferrer, ex consejero delegado de Agissa e imputado ya en la causa; Xavier Ballell, sucesor de Piferrer, director técnico de Agissa cuando se produjeron los presuntos desvíos y también investigado; el empresario Joan de Llobet, consejero de Agissa y en el despacho de abogados Sibilis. Las actuaciones seguirán esta semana.

Por su parte, las empresas investigadas son Agissa, Girona SA -el consorcio en el que participan Caixabank, Aqualia (FCC) y Agbar, con el 80% del capital de la empresa mixta- y Prodaisa, compañía participada desde 1995 por Girona SA.

 

Fuentes del Ayuntamiento de Girona han explicado a Efe que agentes de la Guardia Civil también se han personado a primera hora de la mañana en el Consistorio con un mandamiento judicial  con el que solicitan documentación relacionada con el Pleno en el que, durante la etapa de Puigdemont como regidor, se aprobó la ampliación de la adjudicación del contrato de aguas sin el concurso público previo.

Carles Puigdemont era el alcalde de Girona cuando, en 2013, se le prorrogó el contrato a la empresa mixta hasta 2020

La operación se enmarca en la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Girona por las presuntas irregularidades en la gestión de Agissa a raíz de una denuncia interpuesta por la CUP -hoy apoyo decisivo de Junts pel Sí en el Parlament– en noviembre de 2015 por la presunta comisión de un delito continuado de administración desleal contra varios directivos. La Fiscalía presentó posteriormente querella por apropiación indebida y el juez imputó al ex consejero delegado de esta compañía mixta Narcís Piferrer y a su sucesor, Xavier Ballell. Como informó Vozpopuli, el listado de investigados se ha ampliado con los empresarios Joan de Llobet y Ángel Dutràs, los ex concejales en el Ayuntamiento de Girona y ex consejeros de Girona SA Manel Serra y Tomàs Sobrequés, y el abogado Lluis Sibils.

Agissa se constituyó el 7 de mayo de 1992 para prestar el servicio de abastecimiento y distribución del agua en el ámbito de las tres localidades gerundenses cuyos ayuntamientos participan en el accionariado -Girona (14%), Salt (4%) y Sarrià de Ter (2%), estando el 80% en manos de Caixabank, Aqualia (FCC) y Agbar- hasta el 31 de diciembre de 2004. En ejecución de la cláusula cuarta que incluía el convenio inicial, la concesión se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012 y posteriormente hasta el 31 de marzo de 2013, cuando fue renovado el contrato hasta finales de 2020. Entonces el hoy presidente de la Generalitat llevaba ya casi dos años como alcalde de Girona.

Informe clave de Hacienda

La investigación se ha reactivado tras un informe aportado por la Agencia Tributaria al caso del 3% del que se derivan posibles vinculaciones entre el socio privado de Agissa -Girona SA- y dos empresas investigadas en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) por presunta financiación irregular de la antigua Convergència: Concerts Estudio SL y AMR Publicitat SL, esta última administrada por un hermano de la ex consejera de la Generalitat Irene Rigau. La ex titular de Bienestar y Familia (1999-2003) y Enseñanza (2010-2016) de la Generalitat de Cataluña fue uno de los tres altos cargos inhabilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en marzo de 2017 por un delito de desobediencia por la consulta del 9-N junto a Artur Mas y Joana Ortega, ex vicepresidenta del Ejecutivo Catalán y ex consejera de Gobernación.

En concreto, Girona SA realizó compras a AMR Publicitat por importe superior a los 20.000 euros entre 2010 y 2015, con conceptos como ‘lotes de Navidad’ y ‘cajas de vino’. Concerts Estudio, por su parte, le facturó 50.000 euros entre 2009 y 2010. «Existen indicios de unas presuntas irregularidades de Concerts Estudio SL que, en todo caso, a juicio de este auxilio judicial, podrían estar más allá del objeto del informe solicitado», precisa el informe.

Hacienda describe una operativa de pago de dividendos presuntamente irregular a los accionistas de Agissa, tanto públicos como privados. En concreto, la empresa mixta abonaba a Girona SA casi medio millón de euros anualmente -cantidad equivalente al 100% de su participación social-, mientras que los ayuntamientos participantes en el accionariado cobraban entre 200.000 y 300.000 euros. Esta práctica se llevó a cabo durante al menos 15 años y se mantuvo «hasta el 2012 inclusive», siendo Puigdemont el regidor gerundense.

«Dividendos desorbitados»

«Si Agissa no hubiera pagado a Girona SA y a los ayuntamientos, de manera simulada, unos dividendos desorbitados por importe de millones de euros, Agissa no tendría una deuda de tres millones de euros, sino que tendría un patrimonio neto muy superior a los 10 millones de euros», detalla el informe. Y añade: «Si Agissa hubiera contabilizado las operaciones realizadas sin incurrir en graves anomalías sustanciales en su contabilidad habría resultado que se habría reflejado en los libros contables que estaba teniendo un beneficio por un importe de más de un millón de euros y que estaba pagando a Girona SA casi medio millón de euros en concepto de dividendos», mantiene la Agencia Tributaria.

Además de retribuir a los socios, parte de los beneficios se habrían destinado presuntamente a sufragar gastos personales del ex consejero delegado Narcís Piferrer y «especialmente» del accionista particular Joan Llobet, como «joyas, hoteles de lujo, cientos de botellas de vino, multitud de entradas para el festival de Cap Roig y jamones de pata negra».

«Joyas, hoteles de lujo…»

Hacienda también sospecha que parte de los servicios que Girona SA facturaba a Agissa no sólo eran «absolutamente desorbitados» sino que en algún caso «no se corresponde con la prestación de ningún servicio». Ésta es otra de las presuntas irregularidades que debe aclarar la instrucción que dirige el magistrado Manuel Marcello Ruiz, al frente del Juzgado de Instrucción 2 de Girona.

Igualmente, la Agencia Tributaria considera que, de no haberse llevado a cabo la «detracción de cientos de miles de euros» que  los socios vendrían llevando a cabo desde «hace muchísimos años», la empresa se podría haber planteado si no una «bajada de las tarifas» del agua sí al menos no haber encarecido el servicio.