«Ahora ya no hay marcha atrás». La afirmación es de un alto mando de Interior y resume nítidamente la sensación que existe en el seno del Gobierno: los mecanismos del Estado de Derecho se han activado y no pararán mientras la Generalitat de Cataluña siga adelante con su decisión de celebrar el próximo 1 de octubre el referéndum de autodeterminación.

Desde que el pasado 7 de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió la cita del 1-O al admitir los cuatro recursos interpuestos por el Gobierno de la nación contra las resoluciones adoptadas por el Parlamento de Cataluña y el Ejecutivo de Puigdemont, se han adoptado diversas y relevantes decisiones -las querellas de la Fiscalía Superior de Cataluña contra los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern, la imputación de los alcaldes que apoyan el referéndum, la intervención financiera de la Generalitat, un despliegue policial extraordinario para localizar material electoral…- que no han frenado el plan secesionista del Gobierno catalán. Éste mantiene su órdago y está decidido a instalar urnas para que se pueda votar el próximo día 1.

Fuentes de Interior consultadas por este periódico reconocen que esperaban que, en un ejercicio de sensatez, los líderes independentistas desistieran ante la firmeza del Gobierno y la contundencia de las medidas judiciales y empezaran a acatar las resoluciones judiciales. No es precisamente lo que ha ocurrido y se mantiene el desafío a menos de 10 días para la cita.

«Puñetazo en la mesa»

El mensaje que trasladan desde el seno del Gobierno es que, si los secesionistas catalanes siguen empeñados en mantenerse en la ilegalidad, los jueces y fiscales seguirán adoptando medidas y las fuerzas y cuerpos de seguridad cumpliendo las decisiones judiciales. «Las detenciones de altos cargos de la Generalitat [practicadas este miércoles por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona] son un puñetazo en la mesa y ponen de manifiesto la determinación de evitar la celebración del referéndum», dice a El Independiente una fuente de Interior.

Ése es el objetivo irrenunciable del Gobierno, como Mariano Rajoy volvió a dejar patente este miércoles en el Congreso de los Diputados tras el arresto de la cúpula de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat. «El referéndum no se puede celebrar», ha reiterado. La incógnita que se mantiene es si el Ejecutivo central terminará aplicando el artículo 155 de la Constitución para hacer frente al desafío independentista o recurrirá a la Ley de Seguridad Nacional, que tendría como efecto práctico que las competencias en materia de seguridad pública pasarían a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Acorralados por la Justicia, el Ejecutivo central está convencido de que el independentismo tratará ahora de agitar la calle, como se ha visto este miércoles tras las detenciones de altos cargos de la Generalitat. En este sentido, se han dado instrucciones expresas a los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que se esquive toda «provocación» a fin de evitar eventuales altercados que alimenten el relato victimista de los secesionistas y oculte el presumible fracaso de la convocatoria separatista.