Carles Puigdemont ha denunciado que el Gobierno catalán «ha sido objeto de una agresión coordinada de las fuerzas policiales con el objetivo de impedir que los catalanes se puedan expresar de forma normal el 1-o y con el propósito de impedir» el normal funcionamiento del gobierno autonómico. El presidente de la Generalitat ha hecho estas afirmaciones tras la operación ordenada por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que ha provocado varios registro en sedes de la Generalitat y la detención de 12 altos cargos del Gobierno catalán.

En una comparecencia acompañado por el Gobierno en pleno de la Generalitat, reunido en el Palau desde las 10.30 a raíz de los registros de la Guardia Civil en las sedes de Economía, Exteriores, Gobernación, Agencia Tributaria, Administración Abierta y la Agencia de Ciberseguridad, además empresas privadas que colaboran con la organización del referéndum, Puigdemont ha ratificado el compromiso de su gobierno con la celebración del referéndum independentista y ha denunciado la actitud «represiva» y «antidemocrática» del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Gobierno español, ha añadido Puigdemont, «ha ultrapasado la línea roja que les separa de regímenes dictatoriales. Se ha convertido en una vergüenza democrática». «Condenamos la actitud totalitaria y antidemocrática del Estado español y un Gobierno que ha enseñado el rostro más intolerante de la política española», ha añadido.

El president ha descrito la operación ordenada por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona como una «agresión fuera de amparo legal» en la que a su juicio se ha «violentado el derecho y la Carta de la ONU» y ha acusado al Gobierno de «suspender de facto el autogobierno en Cataluña. Se ha aplicado de facto el estado de excepción; las libertades son reprimidas», ha añadido.

Suspensión de derechos

Puigdemont ha enumerado «los alcaldes citados sin cometer delitos solo como medida de intimidación, las detenciones de altos cargos, los registros indiscriminados incluso en domicilios, la intimidación a medios de comunicación, la actuación de la Fiscalía, el intento de bloqueo de las cuentas de la Generalitat, el cierre de páginas web y la amenaza al conjunto de la ciudadanía» para advertir de que se ha generado «una situación inaceptable» que el Gobierno pretende solucionar según el President «por la vía de la suspensión de derechos».

En este contexto, el presidente catalán ha anunciado que «estudiará» con los agentes económicos y sociales catalanes -que no ha concretado- la respuesta a la operación policial de hoy, y ha insistido en que la respuesta «masiva y pacífica» debe ser una masiva participación en el referéndum del 1-O.

«Lo que se está viviendo en Cataluña no lo vive ningún estado de la Unión Euroea. No aceptaremos el retorno a épocas pasadas ni que no nos permitan decidir las épocas futuras en democracia», ha concluido Puigdemont.

Forcadell llama a la participación el 1-O

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha añadido llamamientos a la participación el 1-O para responder a lo que ha tachado también como «suspensión de facto de la autonomía», coincidiendo con Puigdemont. «¿Esta es la única respuesta que pueden ofrecer ante clamor mayoritario de ciudadanos, sólo pueden ofrecer amenazas y miedo?» se ha preguntado Forcadell en una declaración institucional a primera hora de la tarde, acompañada por los miembros independentistas de la Mesa del Parlament.

«El Estado ha enterrado la política y ha abierto la puerta a la represión, nuestra respuesta es más política, más democracia y más firmeza» ha añadido la ex presidenta de la ANC, que ha proclamado: «Nos mantendremos unidos ante los ataques antidemocráticos, defenderemos las instituciones unidos en la diversidad instituciones, partidos y ciudadanía, porque nuestra gran fuerza es la democracia».