La actuación del titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ordenando la detención de la cúpula de Oriol Junqueras y el registro de distintas consejerías del Gobierno catalán, demuestra, a juicio de Moncloa, que «los jueces van a a por todas» en el objetivo de intentar «desmantelar» cualquier logística que tenga que ver con la organización del 1-O.

Sólo un temor hay en torno a este día de «furia» judicial, esto es, que la actuación del Estado de Derecho caliente demasiado la calle tras el llamamiento en este sentido que han hecho la CUP y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), prestas a convocar concentraciones frente a la Consejería de Economía de la Generalitat, el reino de un Oriol Junqueras que hasta ahora no se había visto tan directamente señalado por la Justicia en el ámbito de sus estrictas competencias. Las manifestaciones se han ido extendiendo a otros rincones de la Ciudad Condal, como la emblemática Rambla.

Moncloa recuerda que lo acontecido este miércoles en Barcelona «es producto de la actuación judicial» en la que no tienen, aseguran, nada que ver. Y si bien admiten que la situación es importante por suponer un salto cualitativo, señalan a continuación que «no es excepcional». Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recuerdan,»han entrado en otras instituciones en el marco de distintas investigaciones judiciales». Lo hizo, por ejemplo, la Guardia Civil en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en el marco de la investigación del caso Púnica o la Policía Nacional registró durante 14 horas la sede nacional del PP a la búsqueda de pruebas sobre cómo se habían pagado las obras de reforma del edificio de la calle Génova.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha alertado del riesgo de buscar en las calles «una legitimidad que no tienen», en alusión a las movilizaciones secesionistas tras la actuación del juez Ramírez Sunyer. Mendez de Vigo ha querido dar réplica a las duras palabras de Carles Puigdemont hablando del carácter poco democrático de España, y en una decláracion sin preguntas realizada en el congreso, ha dicho que «hace tiempo que Puigdmeont dejó de representar a toda la sociedad catalana».

Sin entrar en el contenido de las reuniones que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha celebrado, por separado, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido el ministro portavoz en que el único riesgo para la democracia «sería permitir que los secesionistas liquidaran la Constitución y el Estatuto, y eso no va a pasar».

Moncloa recuerda que no es «excepcional» que las FSE registren la sede de una institución

Las actuaciones contra la logística del referéndum chocan, en cambio, con la permisividad de la «campaña» por el ‘sí’, que los independentistas están desarrollando sin cortapisas. El objetivo, compartido con el PSOE, es precisamente evitar que se incendie la calle, responde al temor de evitar una sola víctima en el peor de los casos, y los registros de hoy son una especie de ensayo para una CUP que, sin ser ni mucho menos mayoritaria, sí tiene gran capacidad de movilización entre sus bases.

De hecho, según ha podido saber El Independiente, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, tenía previsto desplazarse hoy a Gerona y ha suspendido su viaje para quedarse en su despacho de la delegación, en Barcelona.

Movilización policial

De otro lado, las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha suspendido los permisos y vacaciones de todos los agentes destinados en Cataluña o que se encuentren en comisión de servicio en esta comunidad hasta el 5 de octubre, después de la fecha en la que los independentistas pretenden llevar a cabo el referéndum de autodeterminación. Ese plazo es «ampliable» si las circunstancias así lo aconsejan, ha precisado el Ministerio del Interior.