La Fiscalía pide nueve años de prisión para el anterior alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, por tres delitos de falsedad documental al firmar sendas cartas de conformidad sin seguir el procedimiento para acceder a un préstamo de los bancos dirigido a la Sociedad Valladolid Alta velocidad.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía pide para el ex alcalde de Valladolid, del PP, tres penas de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal por su participación en delitos de prevaricación administrativa y otros tres años por falsedad documental, en total 27 años.

La acusación de la Fiscalía también se dirige contra los ex concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, para cada uno de los cuales demanda tres penas de ocho años de inhabilitación para el cargo de concejal como presunto autores de sendos delitos de prevaricación.

La acusación de la Fiscalía también se dirige contra los ex concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid decidió abrir juicio oral contra León de la Riva como presunto autor de los delitos de prevaricación al firmar, obviando los procedimientos, las cartas de conformidad necesarias para el aval de los préstamos concedidos a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 (SVAV), de la que forma parte el Ayuntamiento y que fue creada para soterrar el ferrocarril a su paso por la ciudad.

Por parte del Ayuntamiento formaron parte del Consejo de Administración de SVAV, desde su creación, entre otros, el entonces alcalde, León de la Riva, y los ex concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

El 28 de julio de 2008 el entonces alcalde firmó una carta de conformidad que avalaba un préstamo concedido a la SVAV 2003 de doscientos millones de euros vinculados a la primera operación de financiación del soterramiento del ferrocarril.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la carta de conformidad requería de un determinado procedimiento de tramitación como el informe de la Intervención, la aprobación del competente órgano municipal, la tutela de la Junta de Castilla y León y la anotación por parte del Ayuntamiento en la central de riesgo del Ministerio de Hacienda.

La Fiscalía asegura que los acusados, conocedores de las exigencias de los bancos para la concesión del crédito, dieron su voto favorable a la condiciones del mismo, entre los que figuraba la firma de una carta de compromiso que se hizo «sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General y sin conocimiento de la Junta de Gobierno municipal, ni de los técnicos de las concejalías».

El escrito de acusación incide en que «tanto el entonces alcalde como los concejales delgados obviaron de forma deliberada todo trámite necesario» y «no efectuaron comunicación alguna acerca de las garantías que, no previstas en el presupuesto municipal, vinculaban al Ayuntamiento».

El ex alcalde de Valladolid ya fue condenado a inhabilitación para cargo público en 2015 por incumplir una sentencia que le obligaba a restituir la legalidad urbanística en un edificio en el que era propietario de un piso, lo que le impidió tomar posesión del acta de concejal después de las últimas elecciones municipales.