El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, se ha dirigido a los directores de todos los institutos de enseñanza secundaria catalanes, dependientes de la Generalitat, para recordarles que no pueden ceder sus instalaciones para la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre. La misiva señala además que los directores son los responsables legales de a cesión de estos espacios públicos. La misiva llega el día después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hiciera pública la web para consultar los colegios electorales del 1-O, que según ha asegurado hoy el portavoz del Govern, Jordi Turull, coinciden en un 70% con las sedes electorales habituales.

Millo recuerda en su carta las sentencias de 2015 y 2017, así como los autos de ejecución que declaran inconstitucionales la convocatoria del referéndum de independencia y las decisiones derivadas de su preparación. En el marco del deber de los poderes puúblicos de cumplir con las resoluciones del Constitucional” añade, “le recuerdo la importancia de que desde el centro que dirige no se adopten acuerdos o se lleven a cabo actuaciones que puedan contravenir las resoluciones del TC, tal como permitir el uso del centro docente para la promoción o realización de actos vicnulados con la celebración de la consulta”.

La misiva aclara que no resulta aplicable en esta ocasión la normativa electoral, dado que el 1-O “ha sido declarado expresamente ilegal” por y señala que “cualquier uso social de los edificios e instalaciones de los centros educativos públicos, fuera de la jornada escolar, ha de ser autirzado por los directores, de conformidad con la normativa autonómica”. En otras palabras, recuerda a los directores que pese a las proclamas de la Generalitat en el sentido de que el Gover asume toda la responsabilidad legal de la convocatoria de la consulta, son los responsables de las instalaciones que administran.

La advertencia de Millo se suma a las realizadas desde la Delegación del Gobierno a los responsables administrativos de los ayuntamientos, en las semanas previas a la convocatoria del referéndum. Durante las semanas previas a la consulta del 9N la Delegación del Gobierno ya advirtió contra la cesión de escuelas y otros espacios de titularidad pública para la consulta.