El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón María Álvarez de Miranda, niega que la institución sea un mazo judicial en manos del Gobierno ni que la fianza impuesta a expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas sea una maniobra oscura para reprimir el referéndum.
Así lo ha asegurado un días después de que el Tribunal haya decidido activar el nombramiento de un instructor para que practique diligencias previas y en su caso proceda a la apertura de una investigación para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y reclamar al expresidente de la Generalitat y varios de sus exconsejeros el dinero público que se gastó en aquella consulta. Concretamente, tendrán que hacer frente a un pago de 5,2 millones de euros, de los que la caja de resistencia ya ha conseguido recaudar dos.
Álvarez de Miranda se ha defendido así de las acusaciones vertidas en la Comisión Mixta de las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados por el diputado de Grupo en Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Joan Mena, quien le ha acusado de hacer “el trabajo sucio del Gobierno”.
No se ha acelerado el procedimiento
Mena le ha echado en cara que el Congreso haya debatido este martes informes de fiscalización fechados en 2009, 2010 o 2011, mientras que ha evacuado con celeridad las cantidades pedidas como fianza a Mas y su cúpula.
Álvarez de Miranda no ha dudado en asegurar que “no hay ninguna prioridad explicable”, entre otras cosas, porque no pueden compararse las tareas de fiscalización y los procedimientos jurisdiccionales, como este.
“El Tribunal de Cuentas no hace el trabajo sucio de nadie”, ha insistido, antes de explicar que la cuestión relativa a la fianza de Mas emana de una demanda de una serie de asociaciones civiles catalanas, por lo que “no se ha actuado de oficio no ha faltado imparcialidad”.
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