La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este martes que los 250 agentes expulsados de un hotel de Calella (Barcelona) por la presión vecinal han sido realojados en unas instalaciones militares que presentan «condiciones lamentables». El colectivo asegura que los funcionarios tuvieron que pasar la noche «en una nave diáfana sin ducha, ni toallas, ni calefacción» y que carecen incluso de mobiliaria para guardar sus pertenencias.

«El sentimiento entre estos trabajadores, que ayer tuvieron que abandonar el hotel en medio de un ‘pasillo de la vergüenza’ en el que fueron insultados por los independentistas, es de profunda humillación y abandono por parte de la institución a la que sirven, que no es capaz de garantizarles un lugar digno de descanso tras jornadas maratonianas sometidos a un enorme estrés», ha censurado en una nota la AUGC, que insta al director general a visitar a los agentes expulsados para comprobar su estado de ánimo.

A su juicio, es un botón de muestra del «nefasto operativo» diseñado por el Ministerio del Interior para cubrir las necesidades de los agentes desplazados a Cataluña con motivo del referéndum de autodeterminación del 1-O. «La Dirección General y el Ministerio del Interior se han limitado a enviar a los trabajadores a esta comunidad para dejarlos luego desatendidos y a los pies de los independentistas», sostienen.

La AUGC critica que Interior no ofrezca un lugar «digno» a los agentes que trabajan «con enorme estrés» en «jornadas maratonianas»

La AUGC cuestiona la eficacia del dispositivo desplegado el pasado domingo para intentar impedir que se llevara a cabo la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional. «Muchas de las actuaciones del domingo resultan incomprensibles, dado el escaso efecto que iba a tener actuar en unos escasos colegios electorales respecto al número total de puntos de votación del referéndum ilegal. Pese a esta circunstancia se expuso a los agentes a un alto riesgo y a las denuncias que ahora tendrán que afrontar a título personal», señala.

Detalle en el que se encuentra una almohada.

Detalle en el que se encuentra una almohada. AUGC

En este sentido, la organización es muy crítica con la labor desarrollada por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al que primero el fiscal superior de Cataluña y luego la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas designaron para coordinar a los tres cuerpos policiales con motivo del 1-O.

«Desde luego, la AUGC entiende que, tras la jornada del 1 de octubre, queda claro que el operativo confeccionado por Interior no ha sido eficaz y que el coronel Pérez de los Cobos no ha estado a la altura de las circunstancias. Otro tanto cabe indicar de las personas que le designaron para este cometido, el secretario de Estado de Seguridad y el ministro del Interior. Para llegar a esta conclusión basta con constatar cómo la gran cantidad de horas trabajadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no surtieron efecto alguno, ya que, llegado el momento, aparecieron 10.000 urnas en más de 2.300 puntos de votación para convocar un acto sin garantías», indica.

El colectivo critica que se mantuviera el dispositivo policial cuando la inacción de los Mossos lo había abocado al fracaso

También censura que Interior mantuviera el operativo pese a que la «actitud de falta de profesionalidad de muchos Mossos» hizo que el plan inicialmente diseñado «hacía aguas». «Se ordenó actuar a guardias civiles y policías en unos cuantos centenares colegios, pese a que eran conocedores que el fin último del operativo ya no podía llevarse a cabo», apostilla.

Estado de los armarios portátiles

Estado de los armarios portátiles

«Las causas de por qué falló el despliegue radican en la no intervención de las urnas, y en consentir que se diera publicidad a la hora de clausurar de los puntos de votación, cuanto estos debían haberse cerrado antes y sin previo aviso para no permitir el despliegue de quienes mantienen una actitud de desafío a las leyes», agrega.

En opinión de esta asociación de la Guardia Civil, que representa a unos 31.000 agentes, el Gobierno debería haber aprobado ya «el estado de alarma para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad democrática, ante la paralización de servicios públicos esenciales en la Comunidad Autónoma de Cataluña».