La Audiencia Provincial de Madrid corrige al juzgado de instrucción. Los magistrados de la Audiencia han ordenado reabrir las investigaciones contra el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de capitales, una causa que fue sobreseída provisionalmente por el juez instructor.

La Audiencia de Madrid estima así parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento, el pasado 24 de mayo, de esta pieza sobre blanqueo de capitales contra Rato, pero mantienen el archivo provisional del delito de cohecho por el presunto cobro de comisiones pagadas por empresas privatizadas por el propio vicepresidente económico.

Los magistrados ven indicios suficientes de que Rato tenía sociedades en el extranjero “cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública”, como había alertado en un amplísimo informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente del Ministerio de Hacienda. Según la Sala, Rato presuntamente empleó las sociedades Vivaway y Kadonara para cometer fraude fiscal mediante el envío a ellas de dinero que permanecía oculto al fisco.

«En opinión de la Sala existen indicios suficientes de que el Sr. Rato Figaredo ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y cuyo fin último se adivina sin esfuerzo que era defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al fisco, y posteriormente estas cantidades defraudadas han retornado al circuito económico mediante su transferencia a otras sociedades», explican los magistrados.

El juez instructor Juan Serrano-Arnal sobreseyó esta pieza de la investigación, abierta tras  un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. que apuntaba que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para «colocar» en los puestos de dirección a personas de su confianza que posteriormente contrataban servicios con una empresa propiedad de Rato. El magistrado sobreseyó poniendo en cuestión la labor de la propia UCO, subrayando que el informe de la Guardia Civil carecía de «sustento básico»

La Audiencia sostiene, en paralelo, que no debe iniciarse una investigación por cohecho continuado porque requeriría una “ingente instrucciones que conllevaría una dilación intolerable” de la causa. La Sala ve serios indicios de conducta delictiva en la operativa vinculada a Azucarera, pero al perpetrarse en el año 2000 estaría prescrita, y sólo ve sospechas no suficientemente sólidas sobre el cobro de comisiones procedentes de otras compañías privatizadas.

Rato denuncia «gravísimos errores» de Hacienda

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción, la defensa del ex vicepresidente del Gobierno reprocha a la Onif los «gravísimos errores» cometidos por sus inspectores en la investigación del origen de su patrimonio, que a su juicio muestran»falta de rigor técnico» y no reunir los «requisitos de imparcialidad» necesarios.

Rato refuta las conclusiones de la Agencia contra el Fraude al detectar una serie de «errores manifiestos» que pone en cuestión la cuantificación de la presunta deuda fiscal que le atribuye la Fiscalía, informa Efe. El ex vicepresidente subraya que la Agencia Tributaria «contaba y cuenta» con todos los datos necesarios comprobar todos el dinero bajo investigación «procede de periodos prescritos».