El mayor de los mossos, Josep Lluís Trapero, acusó el viernes a la Guardia Civil de mentir sobre la actuación de la policía catalana durante las detenciones en la consejería de Hacienda en su declaración en la Audiencia Nacional. El jefe de la policía autonómica acudió a declarar por un posible delito de sedición en relación a los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona. En su intervención, a la que ha tenido acceso el programa Espejo Público, Trapero asegura que los Mossos actuaron cuando les dieron el aviso y apunta: “Desconozco por qué no se nos avisó antes”, a la vez que señala que se enteró del operativo policial “por televisión”.

Pese a que los avisos llegaron tarde, Trapero se reafirma y asegura que se montaron los dispositivos y que hubo una coordinación constante con la Guardia Civil: “Hubo también más de 30 llamadas entre un alto mando suyo y un alto mando nuestro a lo largo del día”.

El mayor de los mossos acusó a la Guardia Civil de dar una versión distorsionada de la realidad y que desde el principio les indicaron que avisaran a la policía autonómica “cuando quisieran salir”, pero señala que dieron distintas excusas para no hacerlo. “Sinceramente, creemos que no trasladaron la petición a la Comitiva Judicial, sino que le dieron una versión completamente distorsionada: que estaba allí sitiada  y que no podía salir. Eso es falso. Confiábamos en que la comitiva tenía conocimiento real de la situación. Y nos equivocábamos”.

Los mossos tenían conocimiento de las peticiones de apoyo por escrito, según el jefe de la policía autonómica, pero cuando se disponían a tramitarlas “nos las paraban por teléfono”, dice Trapero. En su declaración, afirma que incluso se llegó a desplazar a efectivos de la Brigada Móvil y una vez colocados “no dijeron que tenían para rato, que ya nos avisarían. Y eso ya era tarde, tarde”.

Trapero fue llamado a declarar tras una denuncia de la Fiscalía a raíz de las agresiones sufridas por los agentes de la Guardia Civil y por los daños causados en sus vehículos a raíz de las detenciones de altos cargos de la Generalitat y los registros llevados a cabo en la Consejería de Economía y Hacienda. También estaban citados los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixar.

La Fiscalía suspendió la declaración ante la vista de nuevas pruebas aportadas por la Guardia Civil. Pruebas que aluden a los citados 20 y 21 de septiembre y “días posteriores”. El Ministerio Fiscal ha señalado que necesita tiempo para examinar dichas pruebas, ya que el informe policial extiende los hechos hasta el 1 de octubre, el día del referendo considerado ilegal por el Tribunal Constitucional. Todos tendrán que volver, y ese será el momento en que la Fiscalía decidirá si solicita medidas cautelares.