Jordi Sànchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y en prisión provisional desde el pasado lunes acusado de un delito de sedición, ha alegado ante la Audiencia Nacional sus «constantes esfuerzos» para garantizar que la concentración multitudinaria ante la Consejería de Economía y Hacienda fuera pacífica, aunque admite que sólo podía controlar a los manifestantes que la entidad había convocado.

La defensa de Sànchez ha presentado este viernes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia el recurso de apelación contra la decisión de la juez Carme Lamela de enviarlo a prisión preventiva, junto al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en la causa en que los investiga por sedición por el supuesto asedio a la Guardia Civil cuando registraba el Departamento de Economía el pasado 20 de septiembre.

En el recurso, el letrado de Sànchez insiste en que la ANC ha promovido, a lo largo de su trayectoria, «movilizaciones ciudadanas pacíficas, que, pese a congregar a millones de personas en las calles, no han propiciado ni una sola acción violenta para las personas o los bienes».

El líder de la ANC vuelve a cuestionar la competencia de la ANC para investigar los delitos de sedición

El abogado también cuestiona en su recurso que se atribuya un delito de sedición a su representado y apunta que «la independencia de una parte del territorio del Estado español no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de veinticuatro horas ante las dependencias de la Consejería de Economía» ni obstaculizando un registro de la Guardia Civil.

Sànchez reconoce en el recurso que tanto él como Cuixart se erigieron en interlocutores de la concentración y que ello «respondió a la voluntad de cumplir con su deber de velar por el adecuado desarrollo de la concentración que convocaron».

No obstante, ese deber «tan solo podía proyectarse respecto a aquellos a quienes ellos habían convocado», sostiene el recurso, que recuerda que «fueron múltiples» las asociaciones soberanistas, organizaciones sindicales y universidades que llamaron a la concentración, a la que se sumaron «aquellos ciudadanos que libre y espontáneamente decidieron acudir» a la protesta.

Prueba de ello es que la ANC «contaba con la asistencia de 2.000 personas, no con la de más de 40.000, como finalmente ocurrió», prosigue el escrito, que desvincula a las entidades soberanistas de las concentraciones «realizadas espontáneamente por ciudadanos indignados» en otros puntos de Cataluña donde la Guardia Civil estaba practicando registros por orden judicial.

La defensa dice en el recurso que, si el objetivo hubiera sido impedir el registro, «se habría conseguido fácilmente»

De hecho, el recurso sostiene que, si el objetivo de la manifestación hubiera sido impedir la práctica del registro, «se habría podido conseguir fácilmente» dado que a la misma asistieron 40.000 personas y la Consejería estaba custodiada «por apenas más de tres agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

Para la defensa, «la entrega de petos, agua y bocadillos a los voluntarios de la ANC» revela la «escrupulosidad» de la entidad en su compromiso de «garantizar -en la medida de sus posibilidades- la seguridad de los intervinientes en dicha concentración», así como el hecho de que se montara un corredor humano de voluntarios para que los guardias civiles pudieran circular por él.

El recurso insiste en que «buena parte de los manifestantes eran personas mayores, algunos de ellos portando claveles en sus manos y bolsos», lo que según los abogados «no es algo habitual» en protestas de carácter violento, y que Sànchez ordenó a voluntarios de la ANC proteger los vehículos de la Guardia Civil cuando un teniente le informó de que en su interior había «armas largas».

Los abogados cuestionan también en el recurso que la Audiencia Nacional sea competente para investigar la sedición, al tratarse de un delito contra el orden público, para lo que esgrime jurisprudencia del propio tribunal y también del Tribunal Supremo.

Interpretación «extravagante»

Además, la defensa arremete contra el argumento de la magistrada de que la finalidad de Sànchez y Cuixart era modificar ilegalmente la organización territorial del Estado mediante la declaración de la independencia y califican su interpretación jurídica de «manifiestamente forzada y extravagante».

En ese sentido, recalca que la ANC es «un movimiento cívico que defiende la independencia de Cataluña por vías pacíficas y democráticas», una ideología que «es legítima en una sociedad donde rige el pluralismo político».

El recurso incluye un vídeo de Cuixart y Sánchez que los muestra desconvocando la protesta y pidiendo a los concentrados que se fueran de forma pacífica, «a pesar de que buena parte de los manifestantes se oponía abiertamente a ellos», según el escrito.

«Meras intuiciones»

La defensa reprocha a la magistrada que base en «meras intuiciones o sospechas personales» su afirmación de que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en los encausados y recuerda que Sànchez «ha acudido por su propio pie» a las dos citaciones.

Los abogados también consideran «absolutamente irregular» en su recurso que la segunda citación a declarar de Sànchez y Cuixart, que motivó su ingreso en prisión, fuera consecuencia de un informe que la Guardia Civil elaboró «por iniciativa propia», pese a que el asunto estaba ya judicializado.