El Gobierno intervendrá el Gobierno de la Generalitat “respetando, en todo momento, la existencia de la comunidad, sus instituciones y su Estatuto”, según reza el documento de sobre la motivación política y jurídica de aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Tras recordar que éste es una copia del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, apelan los servicios jurídicos de Moncloa a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En una sentencia del año 2014 señaló que el 155 “opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente, de una determinada Comunidad Autónoma, que no ha adoptado, primero, por propia iniciativa, y luego, a instancia del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido”. Su aplicación es consecuencia, por tanto, “del principio de unidad y de supremacía del Interés de la Nación”.

Moncloa recuerda el antecedente canario de 1989 por desobediencia fiscal

Recuerda Moncloa que fue activado este mecanismo en 1989 por el incumplimiento de las obligaciones fiscales de la Comunidad canaria, aunque en ese caso bastó el requerimiento para que dicha Administración cesara en su comportamiento.

Es decir, “si se consideró una situación extraordinaria el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de una Comunidad Autónoma, en la situación actual es palmario el incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de la Comunidad Autónoma que, a su vez, pone en grave riesgo el interés general de la Nación”.

A juicio del Gobierno, la Generalitat así como el Parlamento regional han sido un ejemplo de “desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España” para poner en marcha un proceso de secesión.

Tras recordar en su escrito Moncloa que han sido innumerables las sentencias y apercibimientos para que cesaran en esta acuación, la contestación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento formulado por el Gobierno “pone de manifiesto la deliberada voluntad de persistir en la secesión de España y atentar de modo flagrante contra la soberanía nacional del pueblo español, y la integridad territorial del Estado, que son pilares básicos de la Constitución española”.

En una exposición de motivos de diez folios, el gobierno lamenta el “serio deterioro del bienestar social y económico” de Cataluña, poniendo en riesgo las condiciones para el crecimiento económico. Recuerda, en este sentido que seis de las siete del Ibex35 y un gran número de empresas relevantes por su tamaño, tradición y arraigo social en Cataluña, han trasladado sus domicilios sociales. También se está viendo afectada la actividad turística, mientras que en el ámbito industrial se está produciendo una disminución en el número de pedidos de automóviles, asegura. También es destacable que dos de las principales agencias de calificación crediticia alertaran sobre la posible bajada de la calificación de la Generalidad unos días después del 1 de octubre y advirtieran de los riesgos de una posible desaceleración económica, e incluso recesión, en la Comunidad Autónoma.

Se trata de “una situación imporrrogable que es preciso atajar”

En definitiva, se trata de “una situación improrrogable” que “es preciso atajar mediante la activación de las facultades que el artículo 155 de la Constitución otorga al Gobierno de la Nación, en cuanto precepto que persigue y preserva –precisamente- estos fines”. Las medidas propuestas en el marco de este procedimiento, prosigue el texto de los servicios jurídicos del Gobierno, se plantean “de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades, y respondiendo en todo caso a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes”.

Admitiendo la legitimidad del ideario soberanista “en un sistema democrático que ampara el pluralismo político”, acusan a la Generalitat de olvidarse del resto de los catalanes al presentar la independencia como “una demanda unánime” que impone un discurso único que se traduce en una declaración unilateral.

El consejo de ministros anunciará hoy el contenido concreto de las medidas a aplicar en Cataluña para que regrese a la senda de la legalidad.