La declaración de independencia fue un acto simbólico sin consecuencias jurídicas. Así lo defendieron Carme Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa del Parlament imputados ante el juez del Tribunal Supremo Pedro Llarena en una primera demostración de cual va a ser el eje de su defensa. Ahora han dado un segundo paso, al presentar como prueba el acta de la reunión de la Mesa en la que se aprobó admitir a trámite la votación de la resolución presentada por JxS y la CUP que suponía la proclamación de la república.

Alegan los abogados defensores que tras el debate mantenido por los miembros de la Mesa para admitir a trámite la resolución -que rechazaron los representantes de C’s, José María Espejo-Saavedra, PSC, David Pérez, y CSQP, Joan Josep Nuet- la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, quiso dejar constancia de que la declaración que se sometía a votación del Pleno no tendría “efectos jurídicos”. La republicana insistió además en que la parte dispositiva del texto propuesto por los dos grupos independentistas, según informa La Vanguardia.

El preámbulo al que se refería Simó es la declaración firmada por los diputados de JxS y la CUP de forma paralela al transcurso del pleno el 10 de octubre, en la que se proclamaba la república que Carles Puigdemont había dado por suspendida en su intervención ante el plenario. El texto afirma en su parte dispostiva que: “constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano; disponemos la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República e iniciamos el proceso constituyente”. Un texto que fue leído por la propia Forcadell antes de la votación, secreta y en urna, a petición del grupo de JxS.

La defensa de la presidenta del Parlament argumenta ahora que en el acta de la Mesa el propio letrado mayor del Parlament, Xavier Muro, hizo constar que las praxis parlamentaria habitual en el caso de propuestas de resolución es que “los preámbulos no sean objeto de votación ni se incorporen tampoco en el texto de las resoluciones que son aprobadas”.

La representante del PP, Maria José Cuevas, hizo constar por su parte que “aunque no se aprueben, las exposiciones de motivos o preámbulos de las propuestas de resolución pueden tener efectos jurídicos interpretativos”.