La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana pudo cometer un delito de tráfico de influencias en una gestión que realizó para la ex acaldesa de Madrid Ana Botella con empresas investigadas en el caso Púnica.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la investigación, que han indicado que esa posibilidad se desprende de un informe en el que la UCO expone unos hechos que podrían ser constitutivos de delito. Según publica hoy El Confidencial, la UCO ha incorporado un nuevo informe al sumario del caso Púnica en el que se señala que el popular Zaplana pudo mediar para que Botella, también del PP, “contratara los servicios de empresas de imagen y reputación ‘online’ investigadas” en ese proceso.

Así, el informe revela que Zaplana habría conseguido que el responsable de esas empresas se reuniera el 13 de agosto de 2013 con Botella en la vivienda que comparte con su marido, el ex jefe del Ejecutivo José María Aznar, en una urbanización de Marbella (Málaga). Gracias a esa mediación de Zaplana, las empresas Eico y Madiva consiguieron que se les adjudicara trabajos para mejorar la imagen de Botella en internet y su posicionamiento en redes sociales.

El Confidencial precisa que, a juicio de los investigadores, Zaplana “habría mantenido conversaciones con Ana Botella y con Alejandro de Pedro Llorca (representante de Eico y Madiva) para que éste presentara su propuesta de servicios de reputación ‘online’ a la exalcaldesa”. “A continuación”, prosigue el informe, “(Zaplana) intervendría en el seguimiento y desbloqueo del proyecto, pudiendo haberse servido de su relación profesional previa con la jefe de prensa del Ayuntamiento, Elena Sánchez”, que también ocupó ese puesto con el ex ministro de Trabajo.

Citado también por la caja B del PP

Además, el juez que investiga la caja B del PP en el caso Bárcenas, José de la Mata, ha citado a declarar como testigos el 18 de diciembre al ex ministro Eduardo Zaplana, al ex presidente madrileño Ignacio González y al empresario Javier López Madrid, en relación con unos pinchazos del caso Lezo.

En un auto, el magistrado cita también ese día al ex gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, al ex diputado catalán del PP Julio Ariza y como investigado al ex presidente de Dregemont Iberia José del Castillo.

En las conversaciones intervenidas en el caso Lezo, sobre corrupción en el Canal de Isabel II, y que han sido incorporadas a la causa de la caja B, González le cuenta a Zaplana que Ildefonso de Miguel “le sacó una grabación a un empresario” diciendo que “le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy”.

Según el expresidente madrileño, De Miguel le dio esa cinta a Ariza y este “se fue a ver a Mariano a chantajearle”. Un abogado del caso Gürtel le dijo después que Bárcenas le había contado que tuvo que negociar con Ariza “y que le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo”.

Con estas nuevas citaciones, solicitadas por la acusación que ejerce Izquierda Unida, De la Mata trata de “verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados “papeles de Bárcenas” o “contabilidad B” del PP, aparentemente efectuada por “Gre. (Rafael P)”, “R. Palenc”, “Rafa Palencia” y “Rafael Palencia” en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008.