La Fiscalía ha solicitado este viernes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los siete ex consejeros catalanes y los líderes de ANC y Òmniun Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, continúen en prisión al considerar que no se han conjurado los riesgos de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, según han informado fuentes jurídicas al término de las declaraciones. Es la misma petición que ha formulado VOX, que ejercer la acusación popular.

Los diez investigados por la causa de rebelión que instruye el Tribunal Supremo han comparecido en la mañana de este viernes ante el magistrado Pablo Llarena, al que los investigados pidieron que los citara a declarar tras asumir las diligencias que había abierto la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tras inhibirse ésta en el conocimiento de los hechos. El instructor ha anunciado a las partes que no dará a conocer hasta el lunes a las 9 de la mañana si mantiene la prisión incondicional para la cúpula independentista o si, por el contrario, ofrece a alguno de los investigados la posibilidad de salir de prisión bajo fianza.

En un comunicado, el Ministerio Público ha informado de que, «tras las comparecencias celebradas hoy, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado, ante la gravedad de los hechos investigados, el mantenimiento de las medidas cautelares para los diez comparecientes».

El Ministerio Público rechaza que los ex ‘consellers’ y ‘los Jordis’ recuperen la libertad al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva

La juez Lamela ordenó prisión incondicional para Junqueras, el resto de ex consellers y los líderes de ANC y Òmnium al entender que concurrían los tres supuestos que justifican la medida cautelar de naturaleza personal más severa: riesgo de fuga, posibilidad de que destruyan o alteren el material probatorio o reincidencia en el delito.

Tras individualizar «provisionalmente las responsabilidades» de los diez acusados, los fiscales han pedido al instructor que éstos continúen privados de libertad al persistir dos riesgos: posibilidad de sustraerse a la acción de la Justicia y reiteración delictiva.

La acusación popular que ejerce el partido político VOX también se ha opuesto a cambiar la prisión preventiva por otro tipo de medida cautelar, apreciando también un riesgo «importante» de destrucción o alteración de pruebas. «Ha quedado acreditado en la investigación que, a través de organizaciones civiles y en despachos particulares y en los propios domicilios había importante carga probatoria», ha defendido Javier Ortega, el abogado de esta acusación popular.

El juez del Supremo que instruye la causa no comunicará hasta el lunes a las 9 horas si ofrece a los investigados la opción de salir de prisión bajo fianza

«La reiteración delictiva no ha sido negada en los interrogatorios por ninguno de los investigados. A preguntas del Ministerio Fiscal y de esta acusación de si renunciaban a su objetivo de declarar la independencia de Cataluña y a la consecución de los fines golpistas, ninguno de los investigados lo ha negado a pesar del fraude de ley [que supone] argumentar ahora que ahora lo van a defender por la vía democrática. Como se le ha recordado, desde la Constitución no es posible llevar a cabo la ruptura de la nación y la vulneración del ordenamiento constitucional», ha añadido el letrado.

Los investigados no han dicho expresamente que acatan el artículo 155, cuya aplicación autorizó el Senado al Gobierno tras declarar el Parlament de forma unilateral la independencia de Cataluña, sino que aceptan su aplicación. «Desde el momento en que todos los miembros del Govern han decidido concurrir a unas elecciones, es obvio que se está aceptando la situación creada por la aplicación», ha explicado Jordi Pina, el abogado de los ex consejeros Josep Rull y Jordi Turull y de Jordi Sànchez. «Desde el momento en que uno acepta concurrir a unas elecciones es de sentido común, que estás aceptando ese artículo porque si no, no irías a las y te mantendrías en tu cargo contra viento y marea», ha añadido.

El letrado ha reconocido que, aunque sus representados no han mencionado expresamente su renuncia a las vías unilaterales en su comparecencia ante el juez, «es voluntad de todos» los ex miembros del Gobierno de Puigdemont que concurren a las elecciones que, en el caso de resultar elegidos, «actuarán dentro de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente».

Borrá, la más contundente

La declaración más contundente ha sido la de la ex consejera Meritxell Borrás, que ha reconocido ante el juez  Pablo Llarena que las vías unilaterales no son positivas y ha descartado continuar la senda marcada por los ex miembros del gobierno catalán en el denominado ‘procés’, según han informado a Europa Press fuentes presentes en las declaraciones.

Borrás se ha desmarcado así del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y del resto de ex consellers. La ex responsable de gobernación, que ha sido la única de los encarcelados que no es candidata a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, ha sido la que más tiempo ha estado declarando ya que ha respondido a las preguntas de su letrado, de la Fiscalía y de la acusación popular que ejerce la formación Vox.

Borrás ha sido la sexta en declarar ante el magistrado instructor y lo ha hecho después de los exconsejeros de ERC Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquin Forn, este último del PDeCAT. Tras ellos han seguido Josep Rull, Jordi Turull y los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

La decisión, el lunes a las 9 horas

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no se pronunciará hasta el próximo lunes sobre si modifica o no la medida de prisión para todos ellos. Los ex consejeros están investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre, mientras que los Jordis fueron imputados por la presunta comisión de un delito de sedición derivado del acoso sufrido por la comisión judicial con motivo de las detenciones y registros practicados por la Guardia Civil los pasados 20 y 21 de septiembre en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat.

En torno a las 15 horas, los furgones policiales han salido del edificio del Tribunal Supremo para trasladar a los diez presos preventivos a los centros penitenciarios madrileños en los que se encuentran internados: Oriol Junqueras. Raül Romeva, Joaquim Form, Jordi Turrull, Josep Rull y Carles Mundó, a Estremera; Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a Soto del Real, y Meritxell Borràs y Dolors Bassa, a Alcalá-Meco.