La Generalitat de Cataluña camufló como campañas en ‘civismo’ los anuncios emitidos en vísperas del 1-O para fomentar la participación en el referéndum de autodeterminación, suspendido por el Tribunal Constitucional. Esa promoción tuvo un coste de 277.804,36 euros.

Así lo pone de manifiesto la Guardia Civil en un informe fechado el pasado 21 de noviembre y que consta ya en las actuaciones que dirige el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga a ex altos cargos del Govern por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia vinculados a la consulta ilegal.

La Consejería de Presidencia recurrió a un contrato marco que había adjudicado el pasado 13 de enero a la empresa Focus Media SL para la prestación de los servicios de gestión e inserción en medios impresos de diversas campañas de publicidad institucional -por un importe total de 6,6 millones de euros- para intentar colar los anuncios relacionados con el referéndum catalán. Se trataba de la campaña en la que aparecía una bifurcación de vías de tren con la leyenda: «Has nacido con la capacidad de decidir. ¿Renunciarías?».

Anuncio de la Generalitat.

Anuncio de la Generalitat con motivo del 1-O. EFE

Para burlar la prohibición, el departamento que dirigía Jordi Turull -excarcelado la pasada pasada tras pasar un mes en prisión preventiva junto a otros integrantes del Ejecutivo de Puigdemont- trató de enmascarla como una campaña «para potenciar el civismo», según se detalla en la resolución de adjudicación. Fueron los propios responsables de los medios de comunicación los que «alertaron» de que era en realidad una campaña política, motivo por el que tanto Focus Media como las otras tres empresas homologadas renunciaron a tramitarla.

«El objetivo de la campaña es implicar a los ciudadanos en el fomento de una sociedad más cívica, justa y avanzada desde el punto de su progreso social», justificó la Generalitat. La inserción de los anuncios se realizaría en un máximo de 72 horas desde la adjudicación del expediente antes del 30 de septiembre, en vísperas de la consulta.

Un ex alto cargo reconoce a la Guardia Civil que la campaña para fomentar el civismo nunca llegó a desarrollarse porque el concurso quedó desierto

Jaume Mestre, responsable de Difusión de la Generalitat y destituido tras aplicar el Gobierno el artículo 155, confesó ante la Guardia Civil que la supuesta campaña con la que el Govern pretendía inculcar los valores democráticos y cívicos nunca llegó a contar siquiera con diseño. «Se propuso la compra de espacios publicitarios pero no se contrató ninguno porque las agencias no se presentaron y el concurso quedó desierto», expuso.

No se llevó a cabo la campaña del civismo pero sí la que, jugando con la bifurcación de caminos que trazan unas vías del tren, se daba publicidad al referéndum del 1-O. Ésta se desarrolló en TV3, Catalunya Ràdio y los medios digitales de la Generalitat en tres periodos temporales. Del 4 al 6 de septiembre, la creatividad incluía tan sólo un cruce de dos vías de tren; del 7 al 12 de septiembre (con las leyes de desconexión ya aprobadas por el Parlament) se informaba ya que el 1 de octubre se celebraría un referéndum y del 16 al 29 de septiembre se añadía al anuncio la documentación que se necesitaba para votar en el referéndum.

Detalle de la resolución de la Generalitat en la que detalla que la campaña es para "potenciar el civismo".

Detalle de la resolución de la Generalitat en la que detalla que la campaña es para «potenciar el civismo».

Cuando prestó declaración en calidad de testigo en sede policial, la representante de Focus O.S.G. confirmó que la empresa había renunciado finalmente a comprar espacios en los medios para la difusión de los anuncios de la bifurcación de las vías porque se trataba de una «campaña política y no cívica y ello conllevaba otro importe de tarificación». La testigo ha aportado a la causa un correo electrónico emitido el pasado 29 de agosto desde una dirección genérica del departamento de la Presidencia con la petición para la campaña ‘Civismo’, en la que se enmarca el anuncio de las vías.

Los investigadores policiales señalan a Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de la Presidencia, como el alto cargo que tramitó el expediente para dar aparente cobertura al gasto y consideran que la actuación podría ser constitutiva de delitos de prevaricación y desobediencia.

Más de medio millón de euros

La Guardia Civil sigue avanzando en la línea de investigación con la que se trata de esclarecer los gastos del 1-O. Los investigadores policiales han cifrado el coste de la campaña del registro de catalanes en el exterior en otros 224.835,25 euros, cantidad que incluye la creatividad, la gestión y la publicidad. Ésta se desarrolló durante la primera quincena de abril.

Se creó «con el claro propósito de difundir un mensaje estrechamente relacionado con el referéndum del 1-O y para administrar el voto de los catalanes en el exterior para esa consulta», concluye la Guardia Civil en el citado informe. El coste de ambas campañas asciende a 502.639,61 euros.

Según concretan los agentes, la demanda de inserción de esta campaña de publicidad fue realizada por la Dirección General de Difusión. La cúpula de este departamento estaba formada por el citado Molons; Ignacio Genovés, director general de Difusión, y Jaume Mestre, responsable de difusión y uno de los cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En declaración como testigo ante la Guardia Civil, Mestre dijo que fue una «sorpresa» para él la campaña de publicidad relacionada con el 1-O. Siempre tenía conocimiento de lo que se publicitaba pero de ésta no, confesó a los agentes.