El titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrrubia, juzga desde este lunes la presunta financiación irregular del Partido Popular valenciano de Francisco Camps. En concreto, la Audiencia Nacional sospecha que el partido se dopó para las de campañas electorales de los años 2007 y 2008 con dinero «b» obtenido de empresarios a través de la denominada trama Gürtel.

En el banquillo de los acusados los cabecillas de la red de corrupción: el líder Francisco Correa; su ‘número dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, todos ellos en prisión preventiva tras ser condenados en la pieza del caso Fitur por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.  También once empresarios que habría financiado de forma irregular a dicha formación política. Nueve de dichos empresarios ya han firmado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para que las penas de prisión sean sustituidas por multa a cambio de sus respectivas confesiones.

Hace quince días, precisamente Francisco Correa, a través de sus letrados, remitió a la Audiencia una carta donde confesaba la financiación irregular del PP de Valencia. El acusado confesó los servicios prestados por la empresa Orange Market se pagaron «mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas».

Nueve empresarios ya han firmado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para que las penas de prisión sean sustituidas por multa

De momento, el líder de Gürtel –que se enfrenta a 24 años y medio de prisión- no ha cerrado el pacto con la fiscal Myriam Segura pero en un claro intento por conseguirlo ha renunciado a presentar cuestiones previas.  La representante del Ministerio Público ha anunciado que será en la fase de conclusiones definitivas cuando señale si rebaja la petición de pena para el preso.

Hasta ahora, Anticorrupción sólo ha solicitado una rebaja de pena para el ex número dos del PP valenciano Vicente Rambla al considerar que uno de los delitos electorales que se le atribuían habían prescrito.

Por su parte, gran parte de los acusados han pedido que se anulen distintas pruebas que obran en el sumario; otros han alegado prescripción de algunos de los delitos – delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública-; o han argumentado vulneración de derechos fundamentales en esta primera fase del juicio. El juez Vázquez Honrrubia ha rechazado de plano todas las cuestiones previas planteadas al término de la sesión.