Nada ha cambiado. Seis años después, y una crisis más tarde, aquel informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos que legó el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al Ejecutivo de Rajoy a su llegada en 2011, sigue en un cajón. Ninguna de sus recomendaciones se ha llegado a aplicar, menos aún la más relevante que instaba a acordar su “resignificación” integral. En este lustro y pico el Estado sí ha continuado soportando su mantenimiento. Desde 2012 ha supuesto un desembolso de casi 1,8 millones de euros en concepto de inversiones y gastos corrientes.

El informe encargado por el último Gobierno socialista meses antes de abandonar el poder era claro. El complejo monumental debía ser “resignificado” de modo completo para convertirse en un lugar para “la memoria de las víctimas y los muertos en la Guerra Civil”. Apuntaba incluso que la centralidad de todo el conjunto debía recaer sobre las víctimas y no en la defensa “de una u otra ideología”.

El Gobierno afirma que la ‘resignificación’ no avanza por la complejidad de consensos «que exigen esfuerzos que exceden los normales acuerdos políticos»

Incluso proponía aspectos como el empleo de la gran explanada de entrada para recordarlas, plasmando el nombre de los 33.847 españoles cuyos restos fueron inhumados en el Valle de los Caídos, en aras a convertirlo en “un lugar de encuentro de todos los españoles”. Recomendaba la creación de un espacio para “la meditación cívica”, un Centro de Interpretación e intervenir con un cementerio que dignifique los restos de las personas enterradas allí y que no sean reclamadas.
El documento, entregado al Gobierno el 29 de noviembre de 2011, reconocía que la “resignificación” del Valle de los Caídos era una actuación “sumamente compleja” habida cuenta de “las contrapuestas emociones e imágenes que del Valle tiene hoy día la ciudadanía española”.

En una reciente respuesta dada al PNV por parte del Gobierno, se reconoce que seis años después de la elaboración del informe no se ha actuado y que será complicado alcanzar el consenso que requiere. Subraya que junto al amplio consensos parlamentario también es necesario acordar con sectores sociales “cuya consecución exige esfuerzos que exceden los normales acuerdos políticos”.

La «colaboración» de la Iglesia

Respecto a la exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera, enterrados en el interior de la Basílica, y su entrega a sus familias, tampoco se apunta ningún paso dado. La respuesta del Ejecutivo se limita a recordar que ambos están enterrados “en lugar sagrado” y por tanto cualquier intervención requerirá de “la colaboración de la Iglesia”, ya que al tratarse de un lugar de culto “debe dar la preceptiva autorización”.

El Ejecutivo recuerda que para ello será necesario alcanzar un nuevo convenio con la Iglesia y que sólo podrá plantearse cuando previamente se haya alcanzado “un amplio consenso sobre la ‘resignificacion’ del Valle de los Caídos”. Las recomendaciones del grupo de expertos de 2011 planteaban la necesidad de suprimir un convenio, aún en vigor, que suponía “un anacronismo” y que debía ser renegociado. Un convenio que data del 28 de mayo de 1958.

El convenio con la Iglesia sobre le Basílica, que data de 1958, no será renegociado para exhumar a Franco y Primo de Rivera, hasta que se «resignifique»

Por último, respecto a la necesidad de invertir en el mantenimiento del conjunto monumental, compuesto por la Basílica, la Abadía, la Hospedería, la Escolanía y el centro de Estudios requeriría inversiones millonarias para detener su deterioro. Se fijaba en un mínimo de 13 millones de euros el coste de las actuaciones de urgencia que requeriría y que tampoco se han producido. La inversión realizada por el Gobierno en los últimos seis años se han dedicado a reparar la Basílica y la Cruz del Valle de los Caídos. Las partidas dedicadas oscilan entre los 498.428 euros invertidos en 2015 y los apenas 70.500 euros que destinó el Ejecutivo el año pasado.

Actualmente el titular del recinto es el Patronato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que transitoriamente ejerce el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que “temporalmente”, como recuerda el Gobierno, asume la conservación, el mantenimiento y seguridad de las estructuras arquitectónicas e instalaciones del Valle de los Caídos.