En el banquillo se sientan 26 imputados, algunos de ellos fueron altos cargos del PNV o miembros del Gobierno vasco, en el que es considerado el mayor caso de corrupción jamás juzgado en Euskadi. Hoy el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, ha dado respuesta a las peticiones de nulidad de pruebas y de prescripción de delitos que habían hecho las defensas desde que se inició la vista oral el pasado 8 de enero. Y lo ha hecho con dureza al reprobar a los acusados la petición para anular la causa, cuando las pruebas contra ellos son contundentes. Una de sus afirmaciones más directas ha estado dirigida contra el principal acusado y considerado cabecilla de la supuesta trama, Alfedo De Miguel, ex alto cargo del PNV en Alava. Ha afirmado que tenía “la desvergüenza”, el poder “o la inconsciencia” de reclamar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones desde los correos electrónicos oficiales y amparado por “todo el establishment”.

Ha recordado que el procedimiento se inició después de que en diciembre de 2009 una abogada, Ainhoa Alberdi, administradora de una sociedad, le presentará 24 grabaciones en las que De Miguel y otros de los acusados le reclamaban hasta 100.000 euros en concepto de comisión. El Fiscal ha señalado que los correos electrónicos que también obran como prueba revelan que “estamos ante una trama real” que tenía poder y que se encontraba segura al no reclamar las citadas comisiones desde “un callejón oscuro” sino desde los despachos oficiales de la Diputación de Álava, “sin ningún tipo de vergüenza ni desdoro”. Izagirre ha añadido que actuaban de modo coordinado y amparados “por todo el establishment” y no tras “un calentón”.

El fiscal reprueba a los acusados haber actuado con «desvergüenza» desde despachos oficiales y apoyados por «el establishment»

De este modo y durante casi hora y media ha dado respuesta a las peticiones de nulidad hechas por todas las defensas de los acusados que durante estos días han cuestionado la instrucción y algunas de las pruebas principales del caso, como las grabaciones hechas por Alberdi y que dieron inicio al proceso. Contra ellas los abogados de los acusados habían señalado no se salvaguardo la cadena de custodia y por tanto podrían estar manipuladas y “contaminadas”.  En ellas se escucharía a De Miguel, que fue diputado foral en Álava y número 2 del PNV en Alava, y a un ex alto cargo del PNV, Aitor Telleria, reclamar a Alberdi una comisión de 100.000 euros por la adjudicación a una empresa de la que ella era administradora de un contrato relacionado con la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, en Álava.

La empresa pantalla, en un ‘txoko gastronómico’

Con un tono crítico e irónico, Izagirre ha recordado que la principal empresa pantalla que la trama habría empleado para el cobro de comisiones, Kataia Consulting, estaba domiciliada en una sociedad gastronómica, en la que se celebraron cenas y comidas con altos cargos del partido presentes. Un aspecto sobre el que ha ironizado señalando que es la “aportación vasca a la historia de la corrupción”.

La Fiscalía rechaza que se puedan anular las pruebas y ha añadido que de hacerlo aún restaría la declaración de la abogada y el resto de operaciones delictivas que pesan sobre los acusados. Ha defendido su denuncia apuntando que no se trata de “una loca que se presenta con una historieta”, sino que Alberdi relató con detalle lo que vivió con el presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, -que figura entre los 26 imputados en la causa- y que éste, lejos de denunciarlo ante la justicia, se limitó a instar a De Miguel “a que fuera más discreto”, ha apuntado en su alegato.

Izagirre afirma que la denuncia de la abogada coaccionada para pagar la comisión «no es una historieta» de «una local»

Izagirre ha defendido la validez de las pruebas recabadas y de la instrucción. Ha señalado que para corroborarlo llevará hasta el juicio a los agentes que participaron en la custodia del las mismas. Junto a ello ha recordado que la reciente sentencias del ‘Caso Palau’ ha determinado que la ruptura de la cadena de custodia sólo afecta a la fidelidad de la prueba, no al quebranto de derechos fundamentales. También ha rechazado que se pueda aplicar en este caso la absolución de todos los imputados como sucedió en el llamado ‘caso Guateque’, donde se declaró la nulidad de las grabaciones.

Los acusados declararan al final

A lo que sí ha accedido el fiscal y que había sido reclamado por la mayoría de los acusados, es a que declaren al final del proceso y no al inicio, como estaba previsto. Una cesión que, ha concedido el tribunal en aras a “más garantías” para su defensa., las declaraciones de los imputados no se producirán hasta el mes de octubre.

Este juicio por corrupción es el más relevante jamás celebrado en el País Vasco. Prevé diez meses de sesiones. En ella se espera la participación de 150 testigos. La sala ha tenido que ser reformada para albergar al gran número de acusados, y defensas, así como de medios de comunicación que ha suscitado este caso, cuya instrucción se inició en 2009 y que ahora, ocho años después, llega a la vista oral.