Es una percepción generalizada, dentro y fuera de Euskadi. Extendida con amplitud y alimentada adecuadamente desde el nacionalismo gobernante y la oposición displicente. La corrupción es cosa de otros, los vascos son diferentes. La realidad sin embargo no se corresponde con la percepción. El País Vasco no es ningún paraíso ajeno a la corrupción y la lista de cargos políticos y empresarios ya condenados podría hacer sombra a la de otras comunidades autónomas. También aquí los procesos en fase de instrucción se amontonan en los juzgados y los autos a la espera de vista oral hacen cola en la agenda de las Audiencias.

El periodista Iker Rioja lo conoce bien. Durante años ha investigado algunos de los episodios más sonados de corrupción en Euskadi. Recientemente ha publicado Dentro de lo normal, el primer libro de una serie en la que trabaja para demostrar que los oasis de la corrupción no existen, no al menos en Euskadi.

Si bien el impacto de los casos detectados en Euskadi apenas tienen trascendencia fuera del País Vasco, tampoco entre la sociedad vasca suponen un problema de gran impacto. Las sucesivas encuestas sociológicas han demostrado cómo el problema de la corrupción descendía escalones entre la lista de preocupaciónes de la sociedad.

El trabajo detalla de modo minucioso varios casos de corrupción, en especial el más sonado jamás registrado en el País Vasco y que sigue a la espera de juicio. Suma peticiones fiscales superiores a las de procesos como el caso Noos o el caso Bárcenas. Se trata del caso De Miguel, en referencia a su principal imputado, Alfredo De Miguel, ex número dos del PNV en Álava y ex diputado foral en la Diputación alavesa  para el que la Fiscalía pide 54 años de prisión y una fianza de 16 millones de euros. En el banquillo le acompañan otros 26 acusados, entre ellos ex cargos del PNV, sobre los que pesa la sospecha de haber conformado una trama de cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos.

«Dentro de lo Normal», repasa la corrupción y demuestra que Euskadi «no es un oasis».

Es precisamente el que da título al libro de Rioja. El autor recuerda cómo en una de las 26 grabaciones aportadas por la empresaria denunciante se le escucha preguntar por la comisión que deberá pagar para recibir el contrato: “Cuando pregunta la respuesta que le da un constructor afiliado al PNV es que no se preocupe, que la comisión estará ‘dentro de lo normal’. Me pareció que es una afirmación que resume muy bien lo que quiero reflejar en el libro, que aquí, en Euskadi, no existe ningún oasis, que también hay corrupción”.

No es el único caso que detalla. Junto a él, revela nuevos datos sobre casos como el destapado en la construcción del Museo Balenciaga de Getaria –con desperfectos a vestidos del modisto incluidos-  y su sobrecoste irregular. Este proceso acumula cuatro años a la espera de juicio. En Dentro de lo normal el periodista vitoriano también desarrolla el escándalo del contrato de basuras de FCC en Vitoria, “u otros casos menores que yo he llamado el de ‘los vividores”.

La corrupción, ¿ajena a los valores de los vascos?

“Urkullu dice que la corrupción no encaja con la forma de ser y los valores de los vascos. Es una idea muy extendida incluso entre el socialismo y diría que también el PP. Esa teoría cala, pese a que es objetivo afirmar que hay casos de corrupción”. Rioja recuerda que ese argumento pseudogenético-cultural salta por los aires cuando se hace un breve repaso por lo sucedido en los últimos años, “e incluso si miramos mucho más atrás, en tiempos de Garaikoetxea”.

Apunta que mientras en todo el país se llegó a hablar de los trajes de Camps, “aquí teníamos los trajes del Museo Balenciaga”, o cuando se publicó el caso del chalet de Ignacio González, “aquí ya teníamos el caso del chalet de De Miguel, cuya reforma la pagaron constructores”, o el caso Épsilon de posible uso irregular de fondos públicos para “la formula I vasca”. Remata su argumento recordando que los vascos tienen entre los nombres paradigmáticos de la corrupción a Iñaki Urdangarín, “que recuerdo que es de Zumárraga, Guipúzcoa”.

Urkullu dice que la corrupción no encaja con la forma de ser y los valores de los vascos. Es una idea muy extendida incluso entre el socialismo y parte del PP».

La situación de amenaza terrorista en la que durante décadas ha vivido el empresariado vasco ha hecho que la exigencia de transparencia o de rendición de cuentas no siempre sea exigente. En su opinión, en muchos casos la amenaza de ETA “ha sido la excusa”. Así, se recurrió a la presión terrorista no sólo en el ‘caso De Miguel’, “en el que aseguraba que sus movimientos eran opacos por el riesgo de haber aparecido en los papeles del jefe de ETA, Mikel Antza”: “También el dirigente del PSE, Txarli Prieto, justificó en la presión de ETA los contratos adjudicados a su empresa o la contratación irregular del ex delegado del Gobierno, Mikel Cabieces por parte del ex presidente de Kutxabank y que recientemente ha condenado un tribunal”.

Una de las paradojas que se producen en el País Vasco es que los mecanismos de transparencia que aplican las instituciones le sitúan en los puestos de cabeza, pero la realidad es diferente. Rioja asegura que en su labor periodística no le es fácil acceder a información que supuestamente sería transparente: “Hay expedientes que solicité para el libro y que no me los han facilitado. Por la vía oficial es muy complicado obtener este tipo de información. Pero diría que también la Justicia es bastante opaca”.

Una actitud más formal que real que también se traduce en el papel que las instituciones juegan en los procesos judiciales. Así, el Gobierno vasco se ha mantenido personado en la instrucción de procesos judiciales en los que se encontraban implicados o dañados sus intereses pero en el momento de presentar acusación contra algunos de sus ex cargos o simpatizantes no lo ha hecho. Se retiró de la acusación en procesos en los que los acusados finalmente han sido condenados, como el llamado Caso Ibarra, en el que un inspector de la Hacienda vizcaína fue condenado por evitar inspecciones fiscales a casi 200 empresas amigas. En el caso De Miguel tampoco formula acusación pese a la contundencia de la acusación de la Fiscalía. De igual modo ocurre en el llamado caso Margüello, en el que tres ex altos cargos públicos de Gobiernos del PNV se enfrentan a penas de entre 6 y 11 años de prisión por adjudicaciones sanitarias irregulares –por un importe de 6,8 millones de euros-, tampoco aquí el Ejecutivo de Urkullu finalmente presentará acusación. “Es evidente que no hay una proactividad por parte del Gobierno. Afortunadamente la Justicia no depende sólo de los Gobiernos, también de jueces y fiscales”.

Redes clientelares

Una realidad en la que la fórmula de favorecer a empresarios amigos se materializa en muchos casos a través de estructuras clientelares asentadas durante décadas. El mantenimiento de Gobiernos controlados por el PNV durante casi 40 años ha consolidado muchas de ellas, “aunque diría que todos tienen ese tipo de redes afines, se ha visto en cuanto han tocado poder”: “Hay empresarios que han denunciado corrupción en la adjudicación de contratos pero tras hacerlo han visto que se les cerraban todas las puertas y se han tenido que ir fuera”.

La singular realidad vasca en esta materia esconde episodios como la designación de un ex alto cargo del PNV para fiscalizar las instituciones que en su mayoría gobierna el PNV. Así, tras abandonar la Diputación de Vizcaya, quien fue su diputado general durante doce años, José Luis Bilbao, está hoy al frente de una institución como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas encargado de fiscalizar no sólo a los ayuntamientos e instituciones públicas sino a la Diputación que él gobernó durante tres legislaturas.