El mayor juicio por corrupción jamás celebrado en Euskadi ha dado comienzo hoy en Vitoria en clima de gran expectación. Serán diez meses de vistas para determinar la culpabilidad o inocencia de los 26 acusados de formar parte de un presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas por parte de instituciones en manos del PNV. Hoy ningún representante del partido, del que varios de los acusados fueron altos cargos en Alava, ha acudido hasta la Audiencia Provincial.

La expectación a la entrada de la Audiencia ha sido notable desde primera hora de la mañana. Una hora antes del inicio de la sesión han llegado los principales acusados, Alfredo De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Cerca de un centenar de informadores han sido acreditados para este juicio, el mas importante por delitos de corrupción jamás celebrado en el Pais Vasco y que estalló hace ya casi ocho años. Entre los 26 acusados que desde hoy y hasta el mes de diciembre se sentarán en el banquillo figuran altos cargos del PNV, constructores, ex viceconsejeros y directores del Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe y responsables de los parques tecnológicos vascos.

La sala de vistas se ha quedado pequeña para acoger un proceso de esta envergadura. Además de los acusados, una veintena de abogados y abogadas ejercen las defensas. En la primera fila y con semblante serio han comparecido De Miguel, Tellería y Ochandiano y sus esposas. Se prevé que durante las próximas dos semanas se abordarán las cuestiones preliminares y que no será hasta el 19 de febrero cuando comiencen la toma de declaraciones. Para este juicio, dividido en doce piezas por la complejidad del proceso, han sido citados 150 testigos.

«Hubo conculcación de derechos»

Hoy la defensa de quien está acusado de ser el cerebro de la supuesta trama, Alfredo De Miguel, ha pedido la nulidad de todo el procedimiento. Su abogado, Gonzalo Susaeta, ha asegurado que durante el proceso de instrucción se han conculcado derechos básicos de su defendido. Ha puesto en cuestión el modo en que se irrumpió en su vivienda -y en la de otros acusados- el 17 de marzo de 2010, así como la ocupación de material informático de su vivienda sin la autorización jurídica específica para elloy por tanto la incautación del material sería «ilegal». Ha afirmado que el proceso incluye «graves conculcaciones de derechos». Esta petición de nulidad total de las actuaciones por parte de De Miguel ya fue solicitada anteriormente y rechazada.

También ha solicitado la nulidad de una de las pruebas clave del proceso; la grabadora que entregó la empresaria Ainhoa Alberdi y cuyas 24 grabaciones dieron inicio al proceso. En ellas se escuchas, según denunció ella, cómo se le presiona para el pago de una comisión de 100.000 euros. La defensa argumenta que existen «indicios» de manipulación de su contenido y que no se ha respetado la cadena de custodia «por tanto es una prueba contaminada».

Las defensas de los otros dos encausados principales, Telleria y Ochandiano han secundado la petición de nulidad.

La fiscalía por su parte se ha reiterado en su acusación y ha solicitado la ampliación de testigos y documentación para apuntalar su acusación. El escrito de acusación del Fiscal reclama la mayor pena para De Miguel, considerado cerebro de la supuesta trama de cobro ilegal de comisiones. Contra quien fuera diputado foral de Administración Local y Territorialidad cuando fue detenido el 17 de marzo de 2017 el ministerio fiscal solicita 54 años de prisión por la presunta comisión de hasta 21 delitos. Entre ellos figuran acusaciones por cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia. Contra los otros dos ex altos cargos del PNV en Alava, Aitor Tellería, ex concejal en Vitoria, y Koldo Ochandiano, ex miembro de la Ejecutiva del PNV alavés, la petición fiscal es de 30 años de cárcel.

700.000 euros en ‘mordidas’

Sin duda, una de las declaraciones más esperadas es la que pueda hacer la empresaria Ainhoa Alberdi, quien denunció el caso después de que los principales cabecillas de la supuesta trama le reclamaran una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de un proyecto en el parque tecnológico de Miñano. Alberdi llegó a presentar hasta 24 grabaciones para acreditar su denuncia.

Según el relato de hechos de la fiscalía los acusados habría contados con la colaboración de personas de instituciones controladas por el PNV para cobrar ‘mordidas’ por la adjudicación de contratos públicos. Una actividad por la que supuestamente habría logrado 700.000 euros y con la que pretenderían la recalificación de terrenos en la ampliación proyectada sobre el parque tecnológico de Miñano por una superficie de 120 hectáreas y valorada en 65 millones de euros que finalmente se frustró, así como operaciones irregulares que se estiman en 16 millones de euros.

Ante este caso el PNV ha mantenido un perfil bajo intentando minimizar su impacto. La formación que hoy preside Andoni Ortuzar siempre ha defendido que los comportamientos que desde hoy se juzgan en la Audiencia Provincial de Alava son de carácter personal y no están relacionados con la formación. Además, recuerda que entre los acusados no hay militantes del partido, ya que los que lo fueron ya entregaron el carnet.