Lo ha reiterado con todo detalle. Era noviembre de 2008 “y nevaba”, según ha recordado. Sucedió durante la reunión en el despacho oficial de la Diputación de Álava en la que el entonces diputado foral, Alfredo De Miguel, número 2 del PNV alavés en ese momento, se lo dejó claro: “Debes pasar por caja”. Ainhoa Alberdi no salía de su asombro. Nunca nadie le informó de que aquel contrato para la compra venta de terrenos para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano ocultaba mordidas. Su socio, Jon Iñaki Echaburu, con el que se asoció para crear la empresa Urbanorma Consulting con la que llevarían adelante la operación, sí lo conocía pese a que nunca le informó.

Tras aquella reunión con De Miguel, no le dio ni la cifra que su socio habría pactado pagar ni el destinatario del dinero. Eso sucedería un año después, en diciembre de 2009. Para entonces ya se había armado de una grabadora: “La compré en la casa del espía”, ha detallado, con la que grababa todo “para protegerme”.

Oculta en una media, un bolso, un bolsillo, cada reunión, cada conversación, comenzó a ser registrada.

Oculta en una media, un bolso, un bolsillo, cada reunión, cada conversación, comenzó a ser registrada. En la primera, hecha a su socio, no logró conocer los detalles de la mordida que le reclamaban. Jon Iñaki Echaburu se limitó a dar largas y a asegurarle que lo que él pactó era “una cantidad dentro de lo normal”. En la conversación, que se ha escuchado en la sala de vistas, se escucha cómo Alberdi le pregunta a su socio el destino de la cantidad que había que abonar e incluso si era “para el partido”, en referencia al PNV, “no lo se, ellos lo establecerán”.

El detalle del pago llegó vía correo remitido desde la cuenta oficial de De Miguel, el diputado foral de Administración Local y ex número dos del PNV: “Lo nuestro lo dejamos en 100.000, ni una cosa ni otra, cuánto para este año y cuánto para el próximo”. Un pago que el que es considerado presunto cabecilla de la trama que ahora se juzga en Vitoria le facilita realizar en dos pagos.

Las grabaciones son sin duda la prueba más contundente del llamado Caso De Miguel que ha sentado ante el juez a varios ex altos cargos del PNV en Álava -como Koldo Ochandiano y Aitor Tellería- y al principal acusado, Alfredo De Miguel, exdiputado foral de la Diputación alavesa, número dos de, PNV y que está acusado de liderar una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares. Este juicio, junto a los más de una veintena de acusados, llevará hasta la sala de vistas a 150 testigos en un juicio que ha programado más de un centenar de sesiones y no concluirá hasta octubre.

A preguntas del fiscal, Alberdi ha mostrado su perplejidad ante la facilidad y naturalidad con la que le fueron reclamadas las cantidades en concepto de comisión ilegal por los contratos que se adjudicó a su empresa y que ha señalado que se habrían negociado en realidad con sus socio sin que éste le informara de estos extremos. Ha manifestado que no le extrañaría que estas reclamaciones se hubieran hecho a otras personas con anterioridad, ante la naturalidad con la que se llevaron a cabo, «me sorprende que todo se haga desde un mail y un despacho oficial, me sorprende la alegría y la facilidad con la que se hizo”.

En su declaración Alberdi ha señalado cómo ante su negativa incluso se habría intentado cobrar presionando a su padre, un ex alto cargo vinculado al PNV. Asegura que trasladó su preocupación al presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, -algunas de cuyas grabaciones se han escuchado esta mañana- éste se habría limitado a pedir a Alfredo De Miguel, mayor discreción.

Su declaración se prolongará tres días. Además de a la Fiscalía, Alberdi tendrá que responder a las preguntas de las acusaciones -Gobierno vasco y Diputación de Vizcaya- y de las 24 defensas. Además de las escuchadas hoy, en las tres sesiones se podrán oír gran parte de las más de 8 horas que se adjuntan como prueba en la denuncia interpuesta hace ahora casi una década.

Algunas de ellas han sido especialmente reveladoras, como la que se escucha a Aitor Tellería asegurar a Alberdi que “de algún lugar u otra tenemos que sacar lo que nos corresponde”. En otro episodio de las grabaciones es la propia Alberdi la que pregunta a su socio en Urbanorma Consulting, Echaburu, “¿es para el partido o así?”, y él le responde: “Pues no lo sé, ellos lo van a establecer”.

En el proceso están acusados desde altos ex cargos del PNV como ex directores y ex viceconsejeros del Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe. El principal acusado, Alfredo De Miguel.

Alberdi no ha querido que se le identifique. Su llegada se ha producido por el acceso más discreto de los juzgados. Tampoco la prensa ha tenido acceso a ella, ni siquiera para captar una imagen de ella junto a los 26 acusados que desde comienzo de enero se sientan en el banquillo del que es el mayor juicio por corrupción jamás celebrado en Euskadi. Sólo se ha escuchado su voz, su imagen ha sido vetada para los medios de comunicación.

Muchos de ellos quisieron que no hablara, hubo quien incluso le presionó para que guardara silencio. Pero Ainhoa Alberdi, la abogada urbanista y empresaria que esta mañana ha provocado uno de los mayor revuelos que se recuerdan en un juzgado vasco, se ha ratificado. Ha reiterado la denuncia, la extorsión y el cobro de comisiones que le habrían exigido algunos de los encausados y que terminó por denunciar el 2 de diciembre de 2009 ante la Fiscalía acompañada de 24 grabaciones y una grabadora, algunas de las cuales se han podido escuchar esta mañana en la Audiencia Provincial de Alava.