La crisis catalana lo ha removido todo. Y en el caso del PNV hasta el punto de que el foco también se orienta hacia cuál será su papel a partir de ahora en su relación con el gobierno de Mariano Rajoy. Por el momento, los nacionalistas han dejado en el aire un posible acuerdo presupuestario, “es frívolo e irresponsable” hablar de ello con la que cae en Cataluña, han dicho. No será su única preocupación, el suelo de los jeltzales también se tambalea por viejas cuestiones internas que afloran ahora, ahogadas bajo la tormenta y fractura catalana, pero que sitúan en un contexto incómodo al PNV: los casos de corrupción que afectan a algunos de sus ex altos cargos amargarán el inicio de año al PNV.

El tiempo casi los había hecho olvidar pero la justicia, aunque lenta, sentará en el banquillo a nombres ilustres del PNV. El frente judicial que le espera al PNV en forma de dos sonados casos de corrupción que han requerido años de instrucción e investigación se celebrarán durante el primer trimestre del año. El primero de ello, el ‘caso De Miguel’, arrancará en enero; el segundo, el ‘caso Margüello, a mediados de marzo. En total, 30 encausados, muchos de ellos vinculados al PNV o a sus gobiernos, bajo acusaciones que van desde la malversación hasta la prevaricación o el tráfico de influencias.

Los casos ‘De Miguel’ y ‘Margüello’ afectan a ex altos cargos del partido y las instituciones con acusaciones de malversación, prevaricación y tráfico de influencias

El denominado ‘Caso De Miguel’ hace referencia a una presunta trama de tráfico de influencias y cobro de comisiones dirigida por quien fuera número dos del PNV en Álava, Alfredo De Miguel. En la causa están imputadas 26 personas y para esclarecer el modo en el que se registraron las adjudicaciones bajo sospecha el juez ha fijado nada menos que 112 sesiones. Las vistas de este macrojuicio comenzarán el 9 de enero y no concluirán hasta el mes de octubre.

‘De Miguel’: 26 encausados, 150 testigos y 112 sesiones de juicio

El otro proceso por corrupción que salpica al PNV es sanitario. El ‘caso Margüello afecta a ex altos cargos de la consejería de sanidad en tiempos del PNV y a quien sería el núcleo de la supuesta trama, el ex jefe de calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello. Ha sido uno de los procesos más largos jamás instruido en Euskadi. Tras ocho años de investigaciones, resolución de recursos y autos, la juez ya ha puesto fecha para el inicio del juicio en el que están acusados un ex viceconsejero de Sanidad, un director de Sanidad y un ex alto cargo del mayor hospital vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe –además de una cuarta persona vinculada a las empresas que se habrían beneficiada de la adjudicación de contratos-.

El primer trago amargo para el PNV no será sencillo. En el proceso del ‘caso De Miguel’ están implicados además de quien fuera Diputado foral de Alava y número 2 del PNV en esta provincia, Alfredo de Miguel  otros compañeros de Ejecutiva nacionalistas como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, además de otros miembros del PNV. Sobre De Miguel pesa una acusación de 54 años de cárcel por hasta 21 delitos vinculados con la corrupción. La dimensión de la causa la dan el elevado número de testigos citados, 150 y el número de sesiones que requerirá el juicio.

El caso estalló tras denunciar una empresaria la coacción para pagar 100.000 euros de comisión contra dos ex cargos del PNV en Alava

El ‘caso De Miguel’ saltó después de que una empresaria, Ainhoa Alberdi, denunciara que De Miguel y Tellería le estaban coaccionando para que abonase una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de la ampliación del parque tecnológico de Miñano (Alava). Sólo fue el inicio de una investigación que permitió desmontar una compleja trama de sociedades y que implicaba a otros ayuntamientos en los que los acusados habría abonado comisiones.

Pagos que en muchos casos se simulaban con supuestos asesoramientos de los que no existe constancia. En la investigación también salieron a la luz supuestos intentos de recalificación de suelos.  Todas las operaciones investigadas suponen un montante que ronda los 16 millones de euros.

Este caso provocó un profundo revuelo en el seno del PNV que se vio salpicado por una corrupción de la que siempre había hecho gala de estar alejado. La implicación de altos cargos del partido en Álava obligó al entonces presidente, Iñigo Urkullu, a exigir la entrega de los carnets del partido a los implicados y que finalmente, tras resistirse, formalizaron.

‘Caso Margüello’, el negocio de las listas de espera

Fue el escándalo que marcó la legislatura de Patxi López al frente del Gobierno vasco y que provocó las mayores fisuras en la relación entre socialistas y nacionalistas en Euskadi, hoy socios de Gobierno. El Ejecutivo de López impulsó la investigación de este caso cuya vista oral se celebrará del 19 al 22 de marzo de 2018 en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Un proceso por el que se celebró una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, si bien el actual Ejecutivo de Urkullu ha optado por ponerse de perfil ante el mismo. El PNV siempre ha defendido la inocencia de los acusados y ha defendido la gestión que hizo quien fuera consejero de Sanidad en los años en los que se habrían cometido los delitos, Gabriel Inclán. Tanto es así que el actual consejero, Jon Darpón, insiste en que las acusaciones son falsas. El Gobierno vasco continúa personado como acusación particular pero sin que haya presentado acusación alguna. La Administración se reserva únicamente el derecho de ser resarcida económicamente si los acusados finalmente son condenados.

Todas las sociedades investigadas estarían relacionadas con José Carlos Margüello, quien según la Fiscalía habría actuado en coordinación y colaboración con el resto acusados para beneficiarse de contratos públicos, en especial los relacionados con la gestión de las listas de espera del sistema público de salud. Los delitos por los que la fiscalía reclama a algunos de los acusados hasta 11 años de prisión son malversación y prevaricación. La Audiencia Provincial de Vizcaya ha comenzado ya a citar no sólo a los encausados sino también a los testigos para las sesiones de la vista oral que se celebrarán a mediados del mes de marzo del próximo año.

La adjudicación de la gestión de las listas de espera de la red pública lleva al banquillo a un viceconsejero, un director de Sanidad y un ex alto cargo de Cruces

La Fiscalía Provincial de Bizkaia en su escrito de acusación solicita penas de hasta once años de prisión para dos ex altos cargos del Ejecutivo vasco, un facultativo de la Sanidad Pública y amigo personal del anterior consejero de Sanidad y una de sus socias. A uno de los altos cargos se le acusa de dos delitos de prevaricación y uno de fraude, por lo que se enfrenta a una petición máxima de once años de prisión. Al otro cargo que designó el PNV la petición se rebaja a ocho años al acusarle únicamente de un delito de prevaricación y otro de fraude. Para los otros dos acusados, un facultativo y su socia la Fiscalía solicita penas de once y diez años de cárcel por fraude, prevaricación, y negociaciones prohibidas para funcionarios. Además pide condenar a todos ellos con una indemnización de 6,8 millones de euros al Gobierno vasco.

El negocio que detalla la fiscalía era sencillo. En 2006 la Consejería de Sanidad se planteó activar un plan para rebajar las abultadas listas de espera de Osakidetza, lo que se tradujo en un incremento de la derivación de pacientes a la red privada. Aprovechando esta circunstancia, señala el escrito de acusación, los acusados habrían intervenido para la constitución de una sociedad intermediaria entre la red pública y los centros privados, y que pese a no cumplir los requisitos necesarios ni contar con las instalaciones adecuadas para realizar una actividad sanitaria, fue autorizada irregularmente. La citada sociedad, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, fue adjudicataria, presuntamente con la connivencia de varios de los acusados, de contratos por valor de más de 6 millones de euros entre 2006 y 2009 para la gestión de las listas de espera. Los recursos interpuestos por las defensas finalmente fueron estimados y los acusados no han tenido que pagar los 6 millones de euros de fianza que reclamaba la Fiscalía.

En su escrito la Fiscalía da por acreditado que existió una trama orquestada entre los cuatro acusados –un viceconsejero del departamento de Sanidad, un director territorial de sanidad en Vizcaya, un facultativo y empresario y su socia para beneficiarse de la adjudicación de cuantiosos contratos. Para ello habrían constituido ‘ad hoc’ esta sociedad, autorizada en contra del criterio de los técnicos y sin que reunieran los requisitos exigidos por la ley. Sin esta autorización no podrían haber optado a los contratos.

Además, según la Fiscalía para poder ser beneficiadas con adjudicaciones se saltaron los exigidos procesos de publicidad y concurrencia, además de beneficiarse de prorrogas e incrementos de tarifas sucesivos. En total, señala el escrito, habrían obtenido contratos públicos de manera irregular por valor de 6 millones de euros. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita condenar a los acusados como responsables civiles del daño causado a la Administración vasca por un importe total de 6,81 millones de euros.