Hasta entonces todo había salido bien. Nadie sospechaba y en sus entornos la normalidad se había instalado. Era mentira. Hacía meses que estaban siendo investigados y aquella mañana del 17 de marzo de hace ocho años lo descubrieron. Había pruebas contra ellos y sus esposas, informaciones que les aventuraban años complicados y la amenaza de ir a prisión era más que posible. En Vitoria amaneció con frío, como acostumbra. En sus casas lo hizo de forma convulsa en torno a las 07:00 horas cuando agentes de la Ertzaintza llamaron a la puerta e irrumpieron en las viviendas de algunos altos dirigentes del PNV de Álava. Acaba de activarse el mayor proceso judicial contra la corrupción jamás llevado a cabo en el País Vasco y que este lunes, casi ocho años después, afrontará su última fase: la vista oral.

Y no será un juicio más. En Euskadi los niveles de corrupción son algo más moderados que en el resto del Estado pero en ningún caso inexistente. Las apelaciones a un ‘oasis vasco’ al que en ocasiones se han referido destacados dirigentes del nacionalismo institucional quedarán mañana en evidencia en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava. Una sala que ha tenido que ser reformada para poder acoger un proceso de esta envergadura y cuyas cifras dan fe de la dimensión del caso; 150 testigos, 26 imputados, un centenar de periodistas, diez meses de proceso y 442 años en peticiones de penas.

El llamado caso De Miguel, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales y de adjudicaciones irregulares, llevará al banquillo de los acusados a quienes fueron nombres destacados del PNV alavés, empresarios y altos cargos de algunas instituciones vascas. Todos ellos han visto cómo su imputación se ha mantenido durante los más de cinco años de instrucción del caso y al que aún le resta un largo proceso de vista oral con más de un centenar de sesiones programadas.

La Audiencia de Álava ha tenido que reformar la sala de vistas para el juicio: 26 imputados, 100 sesiones, 150 testigos y un sumario con 12 piezas

Aquel 17 de marzo de 2010, cuando todo estalló, en el PNV el suelo se movió. La corrupción que hacía tiempo dinamitaba la credibilidad de la clase política en España -y sigue haciéndolo- también parecía aflorar en el País Vasco. Y lo hacía además en el seno de su propia organización interna, en el principal partido vasco. El acusado de ser el cabecilla de la trama, Alfredo De Miguel, y que da nombre al caso, era nada menos que el número dos del PNV en Álava y mano derecha del entonces diputado General Xabier Aguirre, quien le nombró diputado Administración Local y Equilibrio Territorial en la Diputación de Álava. Hasta que fue detenido. Ese mismo día también fue arrestado otro dirigente del PNV en Álava, Aitor Tellería, ex concejal de Vitoria y Koldo Ochandiano, dirigente nacionalista en este territorio.

Políticos, empresarios y altos cargos

Pronto, a medida que avanzaba la instrucción, las sospechas que finalmente les han llevado al banquillo también recaerían sobre sus esposas y sobre otra veintena de personas, entre ellas constructores, directores y viceconsejeros del Gobierno vasco en tiempos de Ibarretxe o responsables de los parques tecnológicos de Euskadi. Quienes habían sido afiliados del PNV tardaron diez meses en entregar el carnet del partido. El entonces presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se lo había requerido de modo reiterado. Estaba inmerso en un proceso para renovar la formación, relegada a la oposición por la alianza PSE-PP, y optó por emprender una campaña interna contra otros intentos por caer en prácticas corruptas.

En estos años la formación que hoy preside Andoni Ortuzar ha procurado poner tierra por medio. Además de recordar que los imputados ya no pertenecen al partido, ha insistido en minimizar el perjuicio económico que podría haber producido el ‘caso De Miguel’.

El fiscal cree probado que Alfredo De Miguel creó una red de empresas pantalla para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones».

Según el relato que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, y que deberá probarse a lo largo de los próximos diez meses en la sala de vistas, De Miguel estaría a la cabeza de una trama perfectamente organizada para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones a cargo de instituciones controladas por el PNV. Tras una larga y minuciosa instrucción –reflejada en 21.000 folios- el fiscal Josu Izagirre cree probado que Alfredo De Miguel creó una red de empresas pantalla para, con la colaboración y participación del resto de acusados, poder cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de distintas entidades públicas.

Por ello, reclama para De Miguel una pena de 54 años de prisión por la presunta comisión de hasta 21 delitos, entre ellos los de cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales o tráfico de influencias. Sitúa a la empresa Kataia Consulting como la principal empresa pantalla de la trama y en la que participarían las esposas de De Miguel, Tellería y Otxandiano, también acusadas. En su escrito da por acreditadas hasta una decena de operaciones en las que se habrían cobrado comisiones ilegales por parte de la trama.

Fue precisamente en una de estas ocasiones en las que una de las empresarias a las que habrían intentado chantajear, Ainhoa Alberdi, optó por grabar las conversaciones en las que al parecer los principales acusados le reclamaban hasta 100.000 euros a modo de ‘mordida’ por la adjudicación de un contrato a su empresa. La denunciante presentó ante la fiscalía hasta 24 grabaciones en las que se escucharía a De Miguel y Tellería reclamarle la comisión. El Fiscal apunta que llegaron incluso a presionar al padre de Alberdi para que abonara la cantidad.

Un juicio incómodo para el PNV

Una adjudicación que hacía referencia al proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano (Álava) y que ha llevado a quien fuera su gerente entre 2006 y 2009, Alfonso Arriola, así como al ex responsable de los Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, a sentarse en el banquillo de los acusados.

La complejidad del proceso judicial queda patente en la necesidad que ha tenido el tribunal no sólo de organizar al enjambre de abogados, periodistas y testigos que se espera, sino el propio contenido del proceso que ha tenido que ser dividido en doce piezas separadas. Cada una de ellas hace referencia a un proceso de adjudicación sobre el que pesa la sospecha de que se llevó a cabo de modo fraudulento y con el pago de comisiones a algunos de los acusados.

No será el único. En apenas dos meses otro caso mediático y que suscitó una gran polvareda en Euskadi, el llamado ‘caso Margüello’, llegará a la vista oral»

El resurgir del caso De Miguel ocho años después de que estallara, altera la tranquilidad y estabilidad por la que atraviesa hoy el PNV. La expectación mediática volverá a situar en el foco a la formación de Ortuzar y Urkullu y su relación con posibles casos de corrupción. No será el único. En apenas dos meses otro caso mediático y que suscitó una gran polvareda en Euskadi, el llamado caso Margüello, llegará a la vista oral. En él están implicados altos cargos del Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe. Se juzgará la posible comisión de delito en las adjudicaciones en la gestión de las listas de espera que hizo la Consejería de Sanidad entre 2006 y 2009.

El juez Jaime Tapia, que presidirá el tribunal de la Audiencia Provincial de Álava que juzgará el caso, ha asegurado que no se siente presionado ni coaccionado. “Es otro juicio más”, ha reconocido horas antes de iniciar el proceso oral. Desde este lunes y durante casi un mes abogados y jueces procederán a dilucidar las cuestiones previas y no será hasta el 19 de febrero cuando se comenzará a tomar declaración a los acusados.

Será entonces cuando todos los ojos y oídos se pongan sobre lo que pueda decir la empresaria que con su denuncia y sus grabaciones destapó el caso, el diputado foral que compaginaba su función pública con su implicación en numerosas empresas mercantiles y considerado ‘cerebro’ de la trama, o sus amigos y socios en el PNV y su familia -mujer y hermana-, también acusados.