Ha llegado a ser esgrimido casi como un hecho diferencial más. Como una característica a medio camino entre la pseudogenética y un rasgo cultural propio de los vascos. Un argumento del ‘ellos y nosotros’, los corruptos españoles y el ‘oasis de honradez’ en el que vive Euskadi. Los indicadores avalan que en el País Vasco la corrupción es notablemente inferior al de otras regiones españolas, incluso que los indices de transparencia institucional son mucho más elevados. Pero la debilidad humana y de la clase política no es cosa exclusiva de ‘ellos’, de los españoles. En Euskadi los casos en los tribunales de justicia también hacen cola para ser juzgados y, como en otros muchos lugares de la geografía nacional, implicando a cargos políticos, en su mayoría del PNV, la formación con mayor presencia, histórica y actual, en el entramado institucional en el que se manejan las arcas públicas.

Estos últimos días ha sido muestra de todo ello. Mientras en un juzgado de Barakaldo un ex alcalde de Bakio (Vizcaya) del partido de Andoni Ortuzar, el PNV, era juzgado por un presunto delito de prevaricación, en otro juzgado vizcaíno una magistrada anunciaba su intención de abrir juicio oral y pedir una fianza de 6,8 millones de euros a tres ex altos cargos durante el último Gobierno de Juan José Ibarretxe. Se trata del denominado ‘caso Margüello’, en el que un empresario y facultativo de la sanidad pública, amigo del ex consejero de Sanidad, se habría beneficiado de adjudicaciones millonarias para sus empresas. Un caso que divide además al Gobierno vasco de coalición que conforman PNV, que niega las acusaciones de la fiscalía, y a su socio, el PSE, que fue lo remitió a la Justicia y que hoy mantiene que se debe llegar hasta el final en su esclarecimiento.

Que Euskadi es un ‘oasis’ en el panorama de corrupción no se lo creen ni siquiera dentro del PNV. En septiembre de 2014, en su última intervención pública en el Pleno de las Juntas Generales de Vizcaya, su entonces diputado general aseguró en su despedida que no escribiría sus memorias. Sonó a advertencia, a carta guardada bajo la manga. Tras doce años en el cargo de mayor relevancia provincial, José Luis Bilbao, (PNV) recurrió a la ironía para “tranquilizar” a la fauna de contribuyentes con la que se había cruzado en sus tres legislaturas y con la que la hacienda foral había tenido que enfrentarse. No abriría la boca, dijo, para contar cuitas de quienes hacían pagos “con fajos de billetes sin demostrar su origen”, ni de los que tenían “grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz”. Tampoco de los que repatriaron dinero “de origen desconocido y van por la calle como unos señores”. Quien entonces aseguró que mantendría su silencio para no dar cuenta de “grandezas y miserias”, es hoy presidente, nada menos, que del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la institución que debe fiscalizar y velar por el cumplimiento de la ley en la gestión de los recursos públicos.

El ex responsable de la Diputación aseguró al abandonar el cargo que no escribiría sus memorias para no contar «grandezas y miserias». Hoy preside el Tribunal de Cuentas vasco.

En la pasada campaña electoral desde el nacionalismo institucional se volvió a apelar a la diferencia vasca en lo referente a la corrupción. “No encaja con nuestros valores”, fue uno de los argumentos esgrimidos en mítines y actos públicos del PNV. La ostentación no es propia del carácter vasco y la separación de poderes en el entramado institucional vela por minimizarla, completan el sorprendente argumentario.

Pero la debilidad es humana y la tentación una oportunidad para ponerla a prueba. Y también en Euskadi, entre los vascos, hay quien cae. Prueba de ello es que el Gobierno Vasco ha tenido que reforzar los controles para evitar conductas inapropiadas entre sus altos cargos. Puso en marcha un estricto código ético al que están obligados todos los miembros del Ejecutivo. Además de la rendición de sus patrimonios, los altos cargos deben firmar un reglamento de conducta al que estarán sometidos y que les obliga a la “ejemplaridad” y a evitar “cualquier acción u omisión que perjudique mínimamente el prestigio, la dignidad o la imagen institucional”. Desde 2013 la comisión de Etica Pública se ha tenido que pronunciar en casi medio centenar de ocasiones. En la mayoría de los casos para desechar la denuncia o sospecha presentada y en otros, como el del director general de Ejie, el servicio informático del Gobierno, para instar a su relevo por adjudicar servicios a su anterior empresa, o reprobar a un alto cargo por incumplir insuficientemente el código de conducta al que se debe.

La lista de casos de corrupción que se investigan, también en Euskadi, son los clásicos: Amaños en la adjudicación de contratos, el pago de comisiones, proyectos fantasma para obtener subvenciones públicas, tramas constituidas para el trato de favor público o la prevaricación en la toma de decisiones. Y entretanto, la Justicia en el País Vasco continúa a la espera de un fiscal delegado de la Fiscalía anticorrupción. La petición del máximo órgano del ministerio público en Euskadi, que ocupa Juan Calparsoro, recibió la promesa de poder contar con esta figura, pero de aquello han pasado caso más de dos años. Entretanto, la lista de casos que hacen cola a la puerta de los juzgados empieza a alargarse.

‘Caso De Miguel’, comisiones y empresas pantalla

Es el más grave de cuantos esperan en los juzgados para la celebración de la vista oral. Afecta a 26 personas imputadas, la mayor parte de ellas ex cargos y militantes del PNV, sobre los que recae la sospecha de haber conformado una trama de adjudicaciones públicas y el cobro de comisiones ilegales.

El caso provocó inicialmente un profundo malestar en las filas del partido de Ortuzar y Urkullu. El hoy lehendakari, entonces presidente del PNV, exigió la entrega de los carnet de la formación a los implicados. El ex dirigente del PNV, Alfredo De Miguel, es el principal encausado en este proceso al que da nombre. Fue número dos de la Ejecutiva del PNV en Álava y llegó a ocupar la máxima responsabilidad en una de las carteras de la Diputación alavesa. Se le acusa de haber constituido una red de empresas pantalla con la que podría haber cobrado hasta 660.000 euros en comisiones y a través de la cual habría intervenido para beneficiarse con la adjudicación irregular de contratos por parte de instituciones gobernadas por el PNV. Sólo la denuncia y las grabaciones de una de las empresarias a las que intentó exigir una comisión permitieron destapar el caso.

Tras cinco años de instrucción, -la causa suma 21.000 folios de documentación-  el proceso está a la espera de fijar fecha de juicio. En esta causa el PNV habló de un perjuicio de “calderilla”, que cifró en 200.000 euros.

‘Caso Margüello’. El negocio de las listas de espera

La semana pasada la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao decretaba la apertura de juicio oral en este proceso. Están imputados tres ex altos cargos de la Sanidad pública en tiempos de Ibarretxe, además de la socia de uno de ello. La juez ha exigido la presentación de una fianza solidaria de hasta 6,8 millones, el mismo importe que habría recibido en forma de contrataciones irregulares durante el periodo 2006-2009.

Durante los cinco años que se ha prolongado la instrucción de este caso el PNV siempre ha defendido a los acusados, ha negado que se produjera quebranto económico para las arcas públicas y ha arremetido con dureza contra quienes han remitido el caso a la Justicia, el PSE y el PP. Ahora, un ex viceconsejero de Sanidad, un ex director territorial de Sanidad, un ex responsable de Calidad del Hospital de Cruces y su socia se sentarán en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide para ellos penas que van desde los 6,5 a los 11 años de prisión. El Gobierno vasco, personado desde tiempos de Patxi López en la causa, ha dado un paso atrás y sólo ejercerá la acusación civil para reclamar la posible pena económica a la que pudieran ser condenados pero evitará reclamar cárcel para los acusados. Durante años el PNV ha defendido que en este caso no se produzco quebranto económico alguno. Ahora sí reclamará los 6,8 millones de perjuicio de dinero público, en caso de que se ratifique la acusación de la Fiscalía en la sentencia definitiva.

El consejero de Salud, Jon Darpón, y la actual responsable del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, suscribieron un escrito en el que se calificaba de “nauseabundas” las acusaciones y se proclamaban orgullosos de la gestión realizada por los acusados durante el periodo ahora puesto en cuestión por la Fiscalía. El Gobierno al que pertenecen ha optado por no pedir penas de prisión contra los acusados y dejar sola a la Fiscalía en este objetivo. El ‘caso Margüello’ ha dividido esta semana a los socios del Ejecutivo, PNV y PSE, el primero empeñado en frenarlo y el segundo en llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El caso ha obligado a Urkullu, a través de su consejero de Salud, Jon Darpón, a pronunciarse al respecto este viernes en el Parlamento Vasco.

‘Caso Elorza’. Cargos sin contrato

Es otro de los que espera fecha para celebrarse. Afecta a un ex alcalde del PNV, Marce Elorza, al que se le acusa de haber mantenido sin contrato y con una remuneración anual de 52.000 euros a un estrecho a colaborador suyo como consejero delegado de una sociedad municipal durante casi dos años. La Fiscalía pide tres años y medio por un delito societarios y malversación de caudales. Se da la circunstancia de que la Diputación de Vizcaya fichó al ex alcalde de Zierbena como asesor cuando la denuncia contra él ya estaba en marcha. Más aún, lo mantuvo en el cargo seis meses pese a ser imputado y no lo cesó hasta la víspera de la apertura de juicio oral.

‘Caso Hiriko’. El fallido coche eléctrico vasco

El plan era fabricar en serie el coche eléctrico ‘made in Euskadi’, pero el proyecto no pasó del prototipo, dejándose por el camino un reguero de ayudas públicas millonarias cuyo destino no está claro. La Fiscalía pide que se declare fraudulenta la quiebra de la sociedad Afipaida –sin experiencia en la fabricación de automóviles-, que impulsó el coche eléctrico y acusa a seis empresarios de haber ideado un plan para apropiarse de fondos públicos. En este caso están implicados ex miembros del PNV en Álava.

La Fiscalía reclama la devolución solidaria de 16 millones de euros recibidos en ayudas públicas, tanto del Gobierno Vasco como del Ministerio de Economía. El caso está a la espera de celebrar juicio, tanto por la vía penal como mercantil.

Pasaia, una lonja de pescado que huele mal

Un juzgado de San Sebastián investiga la construcción de la lonja del puerto de Pasaia (Guipúzcoa) tras la denuncia hecha por la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas. Se investiga si el sobrecoste en su construcción, que pasó de 14,9 millones a 20 millones de euros y que ha sido denunciado por la Abogacía del Estado, puede ocultar otro caso de corrupción.

‘Caso Epsilon’. El fiasco de la ‘Formula 1’ vasca

Fue otro de los procesos vinculados al mundo de la automoción y en el que las aspiraciones de crear un equipo vasco de Fórmula Uno derivó en una pérdida millonaria de recursos. Su impulsor, Javier Villadelprat y su socio fueron absueltos de los delitos de administración desleal, insolvencia punible y alzamiento de bienes. La Fiscalía les acusaba de haber convertido el proyecto Épsilon en un ‘cascarón vacío’ pese a haber recibido 40 millones en ayudas públicas. Sin embargo, Villadelprat sí fue sentenciado por la vía civil a una condena por 900.000 euros como único responsable de la quiebra de la sociedad.

Lemoa, despilfarro protocolario en un pequeño municipio.

Fue uno de los casos más sonrojantes con los que arrancó la pasada legislatura. El alcalde de un pequeño municipio vizcaíno, Lemoa, que hasta entonces había gobernado el PNV, pasó a manos de EH Bildu. El nuevo equipo destapó los desmanes del anterior alcalde, Javier Beobide, quien dedicó hasta 161.000 euros a “gastos protocolarios” entre los que se encontraban el desembolso de 16.000 euros en puros Habanos de alta gama, el pago de copiosas comidas o el stock de bebidas alcohólicas que almacenaba en un casi secreto ‘txoko’ o local de ocio del Consistorio. Semejante dispendio en plena crisis llevó al PNV a tener que pedir disculpas públicas por el comportamiento de su alcalde.

El jefe de los inspectores fiscales que miraba para otro lado

Es uno de los mayores escándalos que han salpicado los últimos años al PNV. El jefe de la inspección de la Hacienda vizcaína, Juan Ramón Ibarra, fue condenado en 2012 a 4,5 años de prisión por simular inspecciones fiscales a empresas que nunca se producían y con las que se estima que benefició a 200 sociedades. Tras 15 años en el servicio de inspección de la Fiscalía, Ibarra fue condenado e ingresó en prisión. La Diputación de Vizcaya retiró la acusación días antes de que se celebrará el juicio. Sólo permaneció dos meses en prisión y fue reintegrado en su puesto en la Hacienda.