El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y dos de los diputados de Junts per Cataluña fugados en Bruselas, Clara Ponsatí y Lluís Puig, han solicitado este jueves el voto delegado a la Mesa del Parlament con vistas a la sesión de investidura del próximo día 31 de enero. Una petición que ya avanzó ayer la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, y que se ha formalizado tras la primera reunión de la Mesa del Parlament, que no ha debatido la cuestión.

La delegación del voto de los huidos en Bruselas permite descartar que Puigdemont regrese a España para participar en el debate de investidura, una opción que su partido había descartado a no ser que el Gobierno le garantizara una suerte de inmunidad legal para evitar se detenido. Una opción descartada por el gobierno, que aboca a Puigdemont a la investidura telemática si insiste en ser escogido nuevo president de la Generalitat.

La delegación de voto cuenta con la oposición frontal de los letrados del Parlament, que cuestionaron la delegación en el caso de los diputados en prisión pero dejaron claro que en el caso de los huidos no había argumentos para acogerse a una figura pensada para casos de incapacidad médica.

Debemos dejar de cambiar las reglas del juego cada día» advierte Domènech a los independentistas

Y cosechará también el rechazo de todos los partidos de la oposición, incluido Catalunya en Comú (CeC), cuyo líder, Xavier Domènech, ha dejado claro que no apoyarán esa opción. Tras reunirse con el presidente del Parlament para abrir la ronda de contactos sobre la investidura, Domènech ha abogado por «trabajar por recuperar las instituciones, pero también por dejar de cambiar las reglas del juego cada día», en referencia al bloque independentista.

Reunión Pascal-Puigdemont

Con los focos centrados en el pleno de constitución del Parlament y la elección del republicano Roger Torrent como presidente del Parlament, la coordinadora general del PDCat, Marta Pascal, y su número dos, David Bonvehí, viajaron a Bruselas para tratar con Carles Puigdemont la constitución del nuevo gobierno catalán. Un gobierno que desde el PDCat tienen tanto interés como Esquerra en que abra un periodo de estabilidad institucional que permita a ambos partidos restañar heridas y recuperar unas estructuras muy dañadas por el procés y los frentes jurídicos abiertos la pasada legislatura.

El ex presidente se debate en las últimas horas entre la posibilidad de volver a Cataluña tres ser investido por vía telemática, llevando al extremo el enfrentamiento con el Gobierno, o dar un paso al lado como hizo su antecesor hace dos años y permitir la investidura de otro candidato de JxCat que garantice un gobierno estable y la derogación del 155 en Cataluña.

La investidura telemática en diez días supone volver a tensar al máximo con el Gobierno, que la anulará en el TC

La primera opción es la que oficialmente siguen defendiendo los portavoces de JxCat, con Elsa Artadi a la cabeza. Ese grupo insiste en la investidura telemática -que Torrent no ha avalado en ningún momento, aunque tampoco la descarta abiertamente- en el pleno que debe celebrarse como muy tarde el 31 de enero. Una opción que contará con la oposición ya anunciada de los partidos constitucionalistas y el Gobierno, que será muy probablemente anulada por el Tribunal Constitucional y supondría abrir un nuevo frente judicial a una Mesa ahora limpia de cargas legales.

La segunda es la favorita tanto en el PDCat como en ERC, que desde el 21-D viene presentándose como el actor moderado y posibilista del independentismo, frente a unos portavoces de JxCat que han optado por el discurso de «Puigdemont o Puigdemont» que recuerda peligrosamente al «referéndum o referéndum» del ex president. Conscientes de que no pueden dejar que Esquerra les arrebate la bandera de socios fiables de la coalición, en el PDCat se multiplican las maniobras para forzar a Puigdemont a dar ese paso al lado que permita encauzar la legislatura.

Algunas fuentes señalan que el propio Puigdemont estaría considerando seriamente ese paso al lado, con la vista puesta en una futura candidatura a las elecciones europeas que le permita quedarse en Bruselas y esquivar a la justicia española, aunque ese proyecto implicaría unos costes económicos que difícilmente podrá afrontar tras haber renunciado a su sueldo como ex president.

Pero es muy probable que, para darlo, obligue primero al bloque independentista a forzar la máquina parlamentaria para plantear la investidura telemática y que sea el Tribunal Constitucional el que la impida. Sólo entonces, en aras del bien superior del país, Puigdemont daría ese codiciado paso a un lado que permitiera la investidura de otro candidato independentista.

Antes de eso, el Parlament deberá dirimir la delegación de voto de los cinco fugados en Bruselas, tal como anunció ayer JxCat -arrogándose la representación de los dos electos por ERC, Antoni Comín y Meritxell Serret- un primer momento de tensión que pondrá a prueba la nueva presidencia de Roger Torrent.