JxCat y ERC deben formar en teoría un sólido bloque de apoyo al futuro gobierno catalán con el independentismo y la reivindicación del anterior gobierno como aglutinador, pero lo cierto es que las negociaciones entre ambos grupos no han servido de momento ni para que se pongan de acuerdo en qué fecha debe celebrarse el debate de investidura. JxCat, el grupo del candidato, ha propuesto este jueves que ese debate se celebre el 31 de enero, mientras Esquerra abogaba por mantener «la fecha propuesta por el presidente del Parlament», es decir, el 30 de enero.

La investidura catalana que Roger Torrent intenta encauzar en la normalidad parlamentaria se está mostrando como un auténtico campo de minas ya desde su inicio. Torrent había convocado a los grupos y la Mesa en una reunión informal para tantearles sobre la fecha de la investidura, que él fijará esta tarde. Y la primera sorpresa ha llegado cuando el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, ha propuesto el 31, pese a que este miércoles se filtró a los medios la fecha del día 30.

Acto seguido, el representante de ERC en la reunión, Raül Romeva, ha asegurado que ellos abogan por mantener la fecha propuesta por Torrent, pese a que el presidente de la cámara no lo había comunicado oficialmente a ningún grupo. El resto de los grupos han seguido el debate en silencio -excepto los comunes, que se han declarado a favor del día 30 para no agotar los plazos- hasta que Torrent ha anunciado que tendrán una decisión esta tarde, cuando convoque oficialmente el pleno.

Sin concretar el formato

El presidente de la cámara no ha querido concretar en ningún momento ni el formato que seguirá ese debate ni la delegación de voto solicitada por los electos fugados en Bruselas. Torrent se ha limitado ha asegurar que el debate se producirá «con plena normalidad» ante los representantes de los grupos. Algo que el PSC ha querido leer como un compromiso con una investidura ajustada al reglamento y el informe de los letrados, es decir, con un candidato presencial.

«En ningún momento ha hablado de legalidad, se ha hablado sólo de normalidad», advertía por su parte el representante de C’s en la Mesa Joan García, que teme que los grupos de la oposición no sabrán en qué términos quiere ordenar el debate Torrent hasta el mismo día del pleno.

Torrent aplaza la decisión sobre las peticiones de voto delegado hasta la reunión de la Mesa del próximo martes

En este contexto, el PP ha solicitado a Torrent que informe por escrito sobre las reglas de ese debate, desde la eventual delegación de voto a los fugados hasta la presencia o no del candidato, y que lo haga con 48 horas de antelación al debate. Una solicitud que los socialistas esperan ver resuelta en la respuesta a la carta remitida el martes por Miquel Iceta a Torrent pidiéndole precisamente que aclarara esos extremos. Una carta a la que Torrent se ha comprometido a responder por escrito.

Torrent tampoco ha dado pistas sobre la petición de delegación de voto de los electos fugados, que la oposición ha asegurado que recurrirá. El presidente del Parlament ha emplazado a la reunión de la Mesa del Parlament que tendrá lugar el próximo martes para cerrar esta cuestión, alegando que la de hoy era una reunión informal en la que no corresponde aprobar decisiones sobre el funcionamiento del pleno.

La reunión llega después de que el presidente del Parlament se reuniera este miércoles con Puigdemont en Bruselas, encuentro en el que Torrent insistió ante el candidato en la necesidad de formar un gobierno que pueda coger las riendas de la administración autonómica para «echar al 155» de las instituciones catalanas. Un deseo que pasa por una investidura legal y un gobierno que esté en Cataluña, lejos del actual escenario de Puigdemont.

Paralelamente, algunos medios han empezado a especular con la posibilidad de que los cuatro electos fugados en Bruselas sigan el camino trazado por Joaquim Forn y renuncien a sus actas de diputado para garantizar la mayoría absoluta independentista en el Parlament. Una decisión que parece estar madura en el caso de Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, a la que sin embargo seguiría resistiéndose el ex consejero de Sanidad, Antoni Comín.