Es una de las cuestiones más espinosas que tiene entre las manos el Gobierno vasco. El último informe encargado por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, referido a la práctica de la tortura y los malos tratos por abuso policial en el periodo 1960-2014, concluyó con la presentación de un dossier en el que se documentaban más de 4.000 posibles casos de abuso policial. Entre ellos, la inmensa mayoría se achacaban a la Guardia Civil y a la Policía Nacional pero en más de 300 casos la acusación correspondían a supuestas prácticas abusivas de la policía vasca, dependiente del Gobierno vasco. Hoy, el presidente del PP, Alfonso Alonso ha reclamado al lehendakari que retire el citado informe por poner en cuestión a la Ertzaintza y le ha urgido a salir en su defensa y de su “honorabilidad”.

Durante el Pleno del Parlamento Vasco celebrado hoy, Alonso ha recordado a Urkullu que el informe elaborado por el Instituto vasco de Criminología, lidera por el forense, Paco Etxebarria, incluye datos e información que “arroja la sombra de duda sobre la Ertzaintza”, pese a que el Cuerpo no ha sido condenado ni una sola vez por torturas ni malos tratos, ni ha sido cuestionado por organismos internacionales por no investigar este tipo de abusos.

“Le doy la oportunidad de que defienda el honor de la Ertzaintza y su labor frente al terrorismo, que han sido perseguidos y asesinados”.

El presidente del PP vasco ha recordado que poner en duda el buen nombre de la Ertzaintza en un informe avalado por el propio Ejecutivo no se debe justificar en una policía que ha luchado en la defensa de las libertades y los derechos de los vascos. “Tiene que retirar ese informe y decir que no es verdad que la Ertzaintza torturaba”, ha reclamado a Urkullu. “Le doy la oportunidad de que defienda el honor de la Ertzaintza y su labor frente al terrorismo, que han sido perseguidos y asesinados y que han plantado cara a ETA, que fue quien torturó y asesinó”. Alonso ha acusado al Gobierno vasco de plantear informes desde “la equidistancia” y por ello “tiene que erigir víctimas de los dos lados, un conflicto entre violencias distintas que termina justificando a ETA y erosionando a las instituciones democráticas”.

En su réplica, Urkullu ha defendido el informe y ha evitado cuestionarlo. Ha subrayado que el citado documento no ofrece conclusiones sino “una aproximación a la tortura y los malos tratos”. Ha negado que se haya elaborado con denuncias anónimas y ha destacado que contra la Ertzaintza no existen condenas judiciales, ni desde organismos internacionales se ha cuestionado su actitud antes las mismas o posibles resistencias a investigarlas. Ha reiterado que “lo definitorio” que se puede destacar del documento es que “lo estructural” en la policía vasca ha sido la prevención, “un modelo preventivo contrastado”.

Urkullu ha defendido la labor de la Ertzaintza en esta materia en la que, ha recordado, siempre ha actuado con protocolos claros basados en la prevención y la transparencia, “y me siento muy orgullosos con ese modelo”, ha dicho.

‘Caso De Miguel’

Durante el Pleno también se ha tenido que referir al papel de la policía vasca en uno de los casos de corrupción más importantes jamás juzgados en Euskadi, el llamado ‘caso De Miguel’. Podemos había pedido al lehendakari que saliera en defensa de la policía autonómica cuyo papel e investigación está siendo cuestionado por la defensa de los 26 acusados que hasta octubre se juzga en la Audiencia Provincial de Alava.

Urkullu, ha defendido la «profesionalidad» de la Ertzaintza en la investigación. Ha reiterado que el Gobierno Vasco, que se encuentra personado en la causa, actuará en defensa del «interés público» durante el proceso.

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, había denunciado que el Gobierno autonómico se está dedicando a ejercer una labor de «defensa de unos presuntos corruptos», en lugar de dedicarse a proteger el interés general frente al perjuicio causado por esta supuesta trama a las arcas públicas.

Martínez ha criticado que desde el Gobierno y el PNV se hable de «casos aislados», cuando entre los 26 acusados hay varios ex altos cargos de ese partido, en el que militaban la mayoría de los encausados.

También ha censurado que se afirme que la actuación del PNV ante este caso fue «ejemplar», y que desde la dirección del partido «no se sabía nada» de lo que hacían las personas encausadas.

Además, ha criticado que desde el PNV y el Gobierno Vasco se esté tratando de «deslizar» que éste no está siendo «un juicio justo», y ha lamentado la falta de respuesta ante las críticas de las defensas de los acusados a la investigación realizada por la Ertzaintza en torno a la presunta red de corrupción. Por todo ello, ha reprochado a Urkullu que esté actuando como «el lehendakari amigo de los 26 imputados».

«Presunción de inocencia»

El lehendakari, por su parte, ha reiterado el «respeto» del Gobierno Vasco al desarrollo del juicio y a las decisiones que pueda adoptar el tribunal. No obstante, también ha reafirmado su respeto a la «presunción de inocencia» de los encausados.

Iñigo Urkullu ha subrayado que al Ejecutivo «no le corresponde» juzgar las estrategias judiciales de las partes ni las afirmaciones que puedan hacer las defensas o la acusación durante el juicio.

Sin embargo, ha mostrado su «respaldo absoluto a la profesionalidad de la Ertzaintza», de la que ha destacado que ha desarrollado una «gran labor» como Policía judicial, respondiendo «en todo momento» a lo que le ha sido requerido por el juzgado.