El Gobierno francés ha procedido a hacer efectivos los dos primeros traslados de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco al que se comprometió con el colectivo de presos de ETA. Se trata de los miembros de la banda, Zigor Garro Pérez y Julen Mendizábal. El primero de ellos ha sido trasladado desde la prisión  de Saint Maur, ubicada a casi 550 kilómetros de la frontera de Biriatou, al centro penitenciario de Mont de Marsan. En el caso de Mendizábal el traslado se ha producido desde la prisión de Osni, en la periferia de París, situada a algo más de 800 kilómetros de la frontera con el País Vasco, a la misma prisión de Mont de Manrsan, en la comarca de Las Landas.

Tal y como había establecido el Ejecutivo galo, ninguno de ellos cumple condena por delito de sangre. En el caso de Garro, fue detenido en 2006 acusado de formar parte del aparato logístico de ETA entre los años 2004 y 2006. Cumple una condena de 17 años. Por su parte, Mendizábal está acusado de asociación de malechores y cumple una condena de siete años.

El acuerdo alcanzado entre los llamados artesanos de la paz y los mediadores entre el colectivo de presos de ETA y el Gobierno francés suscitó un gran recelo entre los colectivos de víctimas del terrorismo. Colectivos como Covite, la AVT o la Fundación de Víctimas del Terrorismo mantuvieron encuentros en París con responsables del ministerio de Justicia en el que se les informó de las condiciones y directrices que se seguirían par el acercamiento de presos de la banda.

No estar condenado por delitos de sangre, encontrarse en los últimos dos años de cumplimiento de pena y no tener causas pendientes fueron las condiciones que se les trasladaron. Actualmente cerca de 60 presos de ETA cumplen condena en cárceles francesas.

El Gobierno vasco ve «una buena noticia»

El Gobierno vasco ha valorado muy positivamente la medida, «es una buena noticia», ha asegurado su portavoz, Josu Erkoreka. Ha subrayado que de este modo se demuestra que un paso como éste en materia penitenciaria, y que el ejecutivo de Urkullu reclama al gobierno de mariano Rajoy, «se puede dar en el marco de la ley». Ha afirmado que no le consta que desde el Ministerio del Interior se estén dando pasos que permitan atisbar algún cambio en la política de dispersión en cárceles alejadas del País Vasco que se aplica a los 250 presos de ETA que cumplen condena en cárceles españolas.

Por otro lado, esta mañana la presidenta del Colctivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), Consuelo Ordóñez, ha mantenido una reunión con dos cargos electos franceses que forman parte de la delegación que junto con los llamados ‘artesanos de la paz’ negoció con el Gobierno de Francia el acercamiento de los presos. Se trata de el senador Max Brisson y el diputado Vincent Bru, ambos miembros de la denominada ‘Delegación de Iparralde’. Covite ha criticado su papel por contribuir a respaldar una labor «propagandística» de ETA para presionar y forzar un cambio en la política carcelaria. A la salida del encuentro Ordóñez ha señalado que ambos presos cumplen las condiciones que se habían establecido y que con su traslado «se cumple el estado de derecho» al aplicarse el régimen penitenciario común.

La cita se ha celebrado en la sede de Covite de San Sebastián a instancias del senador de Les Républicains (LR) y el diputado del Mouvement Démocrate (MoDem).  Ordóñez les hará entrega, como gesto simbólico, de un ejemplar del libro titulado ‘Vidas Rotas’, sobre las víctimas de ETA, para que conozcan su realidad.