«Estamos lejos de un acuerdo». Así de tajante se ha mostrado el líder parlamentario de la CUP, Carles Riera, tras su regreso a las negociaciones para la investidura junto a JxCat y ERC. El líder de la CUP ha desmontado el discurso de republicanos y neoconvergentes, que en las últimas horas han dado por seguro un acuerdo en los próximos días, y ha  asegurado que sus cuatro diputados -imprescindibles para una mayoría independentista- no apoyarán un acuerdo que no garantice el proceso constituyente dirigido a «construir república».

Riera ha dejado claras sus condiciones: que el futuro gobierno se comprometa con la restitución de la república que en opinión de la CUP se empezó a construir con el referéndum del 1-O y la proclamación de independencia del 27 de octubre, e iniciar un «proceso constituyente» que tenga lugar en Cataluña con participación popular y que culmine en un multireferéndum de ratificación antes de crear una asamblea constituyente para proclamar de nuevo la república catalana.

La resolución de JxCat, un mal síntoma

El portavoz antisistema ha dejado claro que ese multireferéndum debe tener lugar en la presente legislatura y ha mostrado su disgusto por la percepción de que JxCat y ERC están dispuestas a volver a una «lógica autonómica». A modo de ejemplo, Riera se ha referido a la propuesta de resolución presentada por JxCat para el Pleno del jueves, a la que Esquerra ya ha anunciado su apoyo, y que a su juicio «tiene un relato de restitución autonómica» inasumible para su grupo.

La CUP ha presentado «enmiendas de peso» a ese texto, ha añadido, tras evitar comprometer su apoyo a la resolución independentista. «El acuerdo», ha añadido Riera, «debe pasar por la reconstrucción de la república y ahora están más cerca de volver a la autonomía» ha señalado en referencia a los dos grandes grupos del bloque independentista.

«Para la CUP es imprescindible que la acción del próximo gobierno de la Generalitat sea republicana, no apoyaremos un acatamiento del marco estatutario» ha insistido el líder antisistema, quien ha dejado claro que esa pretensión pasa por que el próximo ejecutivo catalán mantenga «el embate contra el Estado, aunque suponga la desobediencia a las instituciones españolas».

No apoyaremos un acatamiento del marco estatutario, advierte Riera, el embate contra el Estado debe seguir, aunque suponga la desobediencia a las instituciones españolas»

La CUP abandonó las negociaciones para la investidura tras la crisis provocada por las filtraciones y desencuentros entre JxCat y ERC, materializados en una reunión a la que los republicanos no asistieron, y exigió a los dos grandes partidos independentistas alcanzar un acuerdo previo sobre el candidato y el gobierno antes de volver a sentarse en la mesa de negociación. Los antisistema han insistido en que ellos sólo quieren negociar la hoja de ruta del futuro gobierno, no su composición, argumento que ha servido a Riera para no entrar a valorar a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia tras la renuncia esperada de Carles Puigdemont.

Pero ahora creen que unos y otros se han alejado de los consensos trabados aparentemente el 30 de enero, cuando el candidato era Puigdemont. Ahora, JxCat y ERC les han presentado una propuesta en la que «el proceso constituyente sigue como principio general, pero no hay acuerdo sobre si debe ser vinculante, la celebración de una consulta o su localización».

JxCat defiende que ese proceso de debate se dirija desde Bruselas, para dar contenido al consejo de la república que debe presidir Puigdemont para conservar un papel político de relevancia. Pero los antisistema defienden que ese debate debe tener lugar en Cataluña y con participación ciudadana. ERC, por su parte, ha dejado claro que no quiere comprometer a más dirigentes con pulsos al estado que acaban teniendo graves consecuencias judiciales sin alcanzar resultados prácticos, una resistencia que la CUP no comparte. En resumidas cuentas, la CUP ha puesto en cuestión todo el entramado de «gobierno efectivo», «consejo de la república» y «proceso constituyente» construido por JxCat y ERC para «legitimar» políticamente a Puigdemont en Bruselas sin renunciar a un gobierno efectivo en Cataluña que les permita recuperar las riendas de la administración autonómica.