Una juez de Andorra ha ordenado el bloqueo preventivo de los activos bancarios que pudieran tener en el Principado los imputados por la liquidación de Eurobank del Mediterráneo, entre ellos el ‘prófugo de los ERE’: Eduardo Pascual de Arxé. Éste ha vuelto fugarse mientras las autoridades judiciales de Burkina Faso resolvían la petición de extradición cursada por España, como ha desvelado El Independiente.

En un auto fechado el pasado 8 de enero, al que ha tenido acceso este diario, la magistrada María Ángels Moreno Aguirre accede a ejecutar la comisión rogatoria que el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional libró en abril de 2017 en el marco de la investigación abierta por la liquidación de la antigua entidad financiera, de la que Pascual fue presidente y que fue intervenida por el Banco de España en 2003.

Se trata de una pieza separada del caso Eurobank cuya instrucción ya dio por terminada el juez José de la Mata y que está pendiente de enjuiciamiento. Los 11 imputados -entre los que también se encuentra la investigada en el caso ERE María Vaqué y el empresario andorrano Juan Manuel Vila Llauger- están acusados de delitos societarios, falsedad, estafa o apropiación indebida, receptación y conductas afines y desobediencia a la autoridad judicial.

El Principado ejecuta una comisión rogatoria solicitada por el juez de la Audiencia Nacional que investiga la liquidación de Eurobank, que presidió Eduardo Pascual

La investigación llevada a cabo por De la Mata ha logrado reunir indicios que acreditarían cómo los gestores de Eurobank llevaron a cabo “una serie de maniobras y operaciones (de administración y liquidación, contables y procesales)” tras la suspensión de pagos de la entidad “en perjuicio de los intereses de los socios minoritarios”, como el nombramiento de algunos liquidadores voluntarios y la no persecución del cobro de créditos importantes a sociedades vinculadas a Eduardo Pascual.

Con la comisión rogatoria, el magistrado de la Audiencia Nacional intenta bloquear el patrimonio que eventualmente puedan tener los imputados en Andorra a fin de responder en concepto de responsabilidad civil por si en el futuro resultaran condenados. El límite se ha fijado en 11.084.741,64 euros, cantidad que incluye el principal (8.034.556,23 euros), la multa (279.000) y el tercio que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal (2.771.185,41).

De esta cantidad tendrán que responder Eduardo Pascual, María Vaqué, Rosa María Cornet, Encarnación Riera, Francisco Javier Barceló, Silvia Canadell, Judit Lana, Alejandro Berea, Juan Manuel Vila Llauger y Lucas Siles, así como una veintena de empresas como responsables civiles subsidiarias: Letsby Avenue, Atlantic Pesca 2002 SL (Santayana Desosa), Ravallo BV, Lobanar NV, Inmowellins, Zaxtal Ibérica SL, Ebame, Holding Europeo Tindex SL, Irson Empresarial SL, Norton Life (Forita Vida), Luxba 2000 SA, Morgan Meyer Insurance Broker SA, Inversiones Itineris SL, Excell Life International SA, Tradona SL, Análisis de Inversiones Autrol SL, Aubar Proyectos Integrales SL, 604 BCN Inversores SL, Emolixten SL y la luxemburguesa Excell Inmobilier SA.

La juez andorrana ordena al embargo preventivo de hasta 11 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, como le pidió De la Mata

Algunas de estas empresas han sido investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la juez que inició el caso ERE, Mercedes Alaya, por su papel de broker o aseguradoras en las pólizas contratadas por la Junta de Andalucía y financiadas con cargo al fondo de reptiles. Un informe de la Dirección General de Seguros aportado a la causa que dirige el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla concluyó que repercutieron comisiones muy por encima de las tarifas de mercado.

El embargo ordenado por la Audiencia Nacional reduce aún más las posibilidades de que la Administración andaluza pueda recuperar en el futuro las sobrecomisiones abonadas a las empresas controladas por Eduardo Pascual y María Vaqué -agrupadas en torno al holding Vitalia- si son condenados cuando se enjuicie este pieza separada del caso ERE.

Además de autorizar el embargo “preventivo e inmediato” de los activos y productos bancarios de los que sean titulares los citados imputados, la juez de la Sección de Instrucción Especializada 2 de Andorra también accede a que se adopten otras medidas cautelares solicitadas por su colega español de la Audiencia Nacional. En concreto, acuerda citar al representante legal de la sociedad andorrana Previsió i Futur para que “certifique documentalmente” los préstamos que haya concedido o recibido de cinco investigados (Pascual, Riera, Vaqué, Vila Llauger y Francisco Torra Virós) y de las empresas Excell Life Internacional y Rudani Investments BV.

En el auto, la juez María Ángels Moreno Aguirre faculta “expresamente” al Servicio de Policía de Andorra para que pueda “librar los requerimientos, recibir y analizar la información solicitada a las entidades bancarias del Principado y a cualquier entidad pública y privada”, autorizándole igualmente a “intercambiar información con los cuerpos policíacos extranjeros”.

La quiebra de Eurobank, ya juzgada

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya juzgó el pasado año la quiebra de Eurobank, causa matriz de la investigación que llevó a cabo el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional desde 2003. En sentencia dictada el 31 de marzo de 2017 fue condenada María Vaqué a la pena de dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de administración desleal como ex directiva del antiguo banco catalán. Vaqué tendría que indemnizar a los accionistas que interpusieron la querella con 4,4 millones y, solidariamente con el ex directivo también condenado Manuel Vicente Fernández Nieto, con otros 5,1 millones.

Eduardo Pascual, principal procesado en esta causa, no pudo ser juzgado al encontrarse entonces en paradero desconocido. El verano anterior dejó de presentarse en el juzgado, una de las medidas cautelares que le impuso la juez de los ERE cuando decretó su puesta en libertad bajo fianza de 6.000 euros.