La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la magistrada Ana Ferrer el archivo de la causa abierta a la senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro, por diversos delitos de corrupción. La Sala de lo Penal del Alto tribunal abrió causa contra la senadora el pasado 17 de octubre por delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

Sin embargo, tras practicar una batería de diligencias, el Ministerio Público afirma en el escrito de solicitud de archivo que “de lo actuado no se desprende hasta el momento la participación de la investigada en hechos objetivos penalmente relevantes”.

El fiscal: “No se han consolidado los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción contra ella”

La Fiscalía sostiene, que en contra del criterio del anterior instructor de Púnica -el juez Eloy Velasco- no se aprecian “indicios de responsabilidad suficiente” como parar solicitar el procesamiento de la senadora. “Las conclusiones de la exposición razonada no parecen respetar el principio de intervención mínima, conforme al cual se le reconoce al derecho penal su doble carácter subsidiario y fragmentario. (…) El cúmulo de indicios periféricos facilitados por la investigación -en este momento agotada- carecen de entidad y relevancia para demostrar de manera inequívoca el dato a probar”.

El fiscal insta al sobreseimiento provisional del procedimiento contra Barreiro “al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron la formación de la causa”.

Cuando el pasado mes de enero Barreiro declaró en el Supremo negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro -considerado el conseguidor de la trama Púnica- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, la senadora popular defendió que estaba previsto que lo pagara el partido.

Ahora, en su escrito el fiscal sostiene que “tampoco se han consolidado los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción contra ella”.