España | Tribunales Caso Púnica

El juez propone sentar en el banquillo a Marjaliza y otras 36 personas por el '3% madrileño'

En la pieza de Cofely donde se han investigado las adjudicaciones de contratos de eficiencia energética por ayuntamientos de Madrid a cambio de comisiones para alcaldes y concejales de distintos partidos y técnicos municipales

El constructor David Marjaliza. EFE

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al empresario madrileño y «conseguidor» de la trama Púnica, David Marjaliza, así como a otras 36 personas en la pieza 6 del caso.

En ésta se ha investigado la trama de corrupción por la que distintos ayuntamientos adjudicaron una y otra vez contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely porque ésta pagó mordidas a alcaldes y concejales, así como a técnicos de los ayuntamientos de Torrejón de Velasco, Parla, Alcalá de Henares, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles y Serranillos del Valle. Se les entregó un porcentaje de los contratos millonarios adjudicados que, sumados, alcanzaronn un montante de casi 224 millones de euros.

El caso fue denominado extraoficialmente por los investigadores y las defensas de los implicados como ‘el 3% madrileño’, por ser un procedimiento similar al también investigado en la Audiencia Nacional en relación a las comisiones que se habrían llevado cargos públicos próximos a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en dicha región. En este caso los políticos beneficiados eran de distintos partidos (PP, PSOE, Izquierda Unida).

Dos directivos confesaron

Dos directivos de la compañía Cofely a la que el juez también propone juzgar como persona jurídica confesaron durante la instrucción por qué consiguieron (con la intermediación de Marjaliza) ganar los concursos de manera irregular: conocían la oferta previamente, redactaban ellos mismos los pliegos y acordaban mordidas de miles de euros tanto para Marjaliza como para alcaldes y concejales.

Entre los investigados se encuentran los exalcades de Parla José María Fraile Campos; de Móstoles Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba Agustín Juárez Lopez de Coca; de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada Pita; de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro; de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández, y de Almendralejo José García Lobato. En el caso de este último ayuntamiento, aunque el auto precisa que no se llegó a adjudicar ningún contrato a Cofely por la actuación judicial, el alcalde sí que facilitó supuestamente información del expediente de forma permanente durante su tramitación, por lo que se procede contra él por delito de revelación de información reservada.

Actuaron como una «organización criminal»

En el auto de procedimiento abreviado, el juez considera que los implicados actuaron como una «organización criminal» y les atribuye además delitos de cohecho para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso con prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraudes; cohecho del particular en concurso con prevaricación administrativa; fraudes del particular; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y delito de cohecho en persona jurídica.

García-Castellón expone en la resolución que, entre marzo del 2012 y octubre del 2014, los investigados de Cofely y David Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron «como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios Ayuntamientos objeto de investigación en la pieza 6, pero con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban».

En esta tarea se involucraron, según el juez, hasta diez investigados entre organizadores y partícipes que ejecutaron varios roles que se desplegaban por esferas o círculos concéntricos, siguiendo una secuencia temporal continuada que iba más allá de ser hechos episódicos”, añade.

«Apariencia comercial»

Para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el directivo de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial, a sabiendas de que lo que se esperaba de dicho investigado era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista.

La empresa entregaba mensualmente a Marjaliza 1.500 euros y una parte variable, según las oportunidades de negocio, hasta 155.000 euros

El auto continúa relatando que la relación entre Cofely y Marjaliza se instrumentó a través de un contrato de asesoría comercial que fue suscrito el día 1 de mayo de 2012 por la mercantil Cofely. Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

«El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a COFELY a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron», según la resolución.

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