El magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del procés ha reactivado la euroorden de detención contra el ex president Carles Puigdemont y parte de los ex consellers huidos de la Justicia. España, en concreto, vuelve a cursar la petición internacional de entrega de Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que se encuentran en Bélgica -los tres primeros- y en Escocia la ex titular de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

Las órdenes se han tramitado via Interpol y Sirene y es este órgano administrativo el que las cursará a todos los países. Además, siguen vigentes las órdenes de detención Nacional cursadas en su momento contra ellos.

Según ha podido confirmar El Independiente en fuentes jurídicas, el juez Pablo Llarena ha adoptado esta decisión este mismo viernes, una vez dictado el auto de procesamiento por el que serán enjuiciados 25 personas -de ellas nueve por rebelión y malversación de caudales públicos- por su responsabilidad en el diseño, organización y ejecución del plan soberanista.

La única investigada huida para la que no se ha adoptado esta orden de busca y captura es Anna Gabriel, que se ha escondido en Suiza, y la razón es que a la ex diputada de la CUP únicamente se le imputa un delito de desobediencia, muy lejano a la gravedad de la rebelión que se le imputa al resto. Sin embargo, sí que seguirá pesando sobre ella una orden nacional de detención por no haber comparecido cuando fue citada por el juez.

Llarena las había desactivado poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.

«Peor derecho»

A principios de diciembre, el juez Llarena acordó retirar la euroorden contra Puigdemont y los cuatro ex consellers que se fugaron con él a Bélgica que había cursado la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que inició la instrucción de la causa. El juez del Supremo tomó ese camino ante el riesgo de que las autoridades judiciales belgas entreguen a los fugados para que respondan sólo por alguno de los delitos por los que han sido reclamados y aquéllos no puedan ser investigados por todos, y ello hubiera dejado en «peor derecho» al resto de consejeros imputados en la causa por rebelión que no han eludido la acción de la Justicia.

El magistrado comunicó esa decisión tras conocer que la Fiscalía belga había cerrado la posibilidad a que Puigdemont y los antiguos miembros de su gabinete fueran investigados en España por alguno de los delitos que les imputaba la juez Lamela cuando tramitó la euroorden, como el de prevaricación. La retirada de la petición de entrega se producía días antes de que el tribunal belga resolviera si accedía a la solicitud cursada por España -la entrega por rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos- y por la comisión de qué delitos concretos tan sólo podrían perseguidos en España.

Cuando comparecieron ante la Justicia belga, las defensas del ex president y de los ex consellers trataron de hacer ver que el delito de rebelión que la juez Lamela -antes de inhibirse a favor del alto tribunal- imputaba a sus representados no tenía equiparación directa en el Código Penal belga y que, de ser aquéllos entregados, no contarían con un proceso justo en España.