El Parlament vivirá hoy un pleno de desagravio. Las cinco resoluciones que se debatirán, dos a propuesta del bloque independentista, una de C’s, otra del PSC y la última de los comunes son una reiteración de las posturas políticas ya conocidas, con la novedad de la reivindicación de nuevo de las candidaturas de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull a la investidura amparándose en las demandas presentadas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ninguna de ellas atiende al ruego reiterado de los dirigentes independentistas presos en Estremera: la formación de un gobierno efectivo que despeje su situación judicial.

La presidenta del PDCat, Neus Munté, su coordinadora general, Marta Pascal, y el secretario de Organización, David Bonvehí, se reunieron este martes con Turull, Forn y Rull en la prisión de Estremera. Un encuentro del que Pascal salía insistiendo en la necesidad de mantener la calma y formar un gobierno efectivo. Pero ese ruego parece haber caído de momento en saco roto.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, y el portavoz de ERC, Sergi Sabriá, han asumido el mando de la política parlamentaria del bloque independentista y su primera urgencia parece ser dar una respuesta política a la detención de Carles Puigdemont, el pasado domingo, en Alemania. Un revés al que el independentismo quiere dar respuesta con apelaciones a la ONU, pero sin volver a la desobediencia como reivindica la CUP.

La CUP se queda sola

Los antisistema propusieron el domingo entrar a formar parte de la Mesa del Parlament para asumir personalmente los costes de desobedecer al Tribunal Constitucional invistiendo a Carles Puigdemont. Una oferta que ha recibido la callada por respuesta de los dos partidos mayoritarios del independentismo, como reconoció su diputado Vidal Aragonés.

ERC y JxCat piden, por contra «estirar del hilo» de la ONU, donde ven una puerta abierta para dejar en evidencia a la justicia española, después de que el Comité de Derechos Humanos requiriera a España «que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que se puedan ejercer sus derechos políticos» en cumplimiento del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge el derecho a acceder a cargos públicos.

Se trata de un procedimiento ordinario cuando se admite una demanda, como la presentada por los abogados de Jordi Sánchez, pero que el independentismo quiere utilizar para presionar al Tribunal Supremo para que permita la investidura de Carles Puigdemont o cualquiera de los otros dos candidatos propuestos, ambos en prisión provisional.

La primera resolución del bloque independentista que hoy previsiblemente aprobarán JxCat, ERC y la CUP utiliza la maniobra legal de Sánchez para reivindicar que Puigdemont o Turull «puedan ejercer sus derechos políticos, incluyendo el de someterse a debate y votación plenaria su candidatura» a la investidura. En el caso de Sánchez, objeto de la segunda propuesta, el bloque independentista exige al Estado «el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU».

Torrent, cuestionado por C’s

C’s, por su parte, intentará centrar el debate en el dudoso papel adoptado por el presidente del Parlament en las últimas semanas. El partido naranja reprocha a Roger Torrent el «uso partidista del Parlament, que está generando división en la sociedad catalana» y reclama su dimisión por actuar «sistemáticamente de manera arbitraria y tendenciosa en favor de los intereses de los partidos independentistas».

Ciudadanos coincidirá con el PSC en su defensa de la legalidad vigente, pero no tiene el apoyo de los socialistas en la petición de dimisión de Torrent. El partido que lidera Miquel Iceta ha adoptado en los últimos plenos un tono conciliador con constantes apelaciones a romper la dinámica de bloques en la que se haya inmerso el Parlament. Apelaciones rechazadas de plano por JxCat, aunque han encontrado cierto eco en ERC.

El diálogo es también el eje de la resolución propuesta por los Comunes, quienes no hacen mención alguna al necesario respeto a la legalidad y sí a la «irresponsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy», al tiempo que denuncian por injustificada la prisión provisional para los líderes del independentismo.