El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha alegado en su primer recurso al Tribunal Supremo que el 1-O no hubo «ningún tipo de violencia» que justifique que se le acuse de rebelión, aunque reconoce que algunos ciudadanos «pudieron haberse excedido» en su «resistencia pasiva» frente a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que trataban de impedir la votación por mandato del Tribunal Constitucional. En todo caso, subraya que éstos fueron casos «aislados».

Después de que el juez Pablo Llarena aceptara que Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí y Lluís Puig se personaran en la causa abierta por el proceso independentista, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha elaborado en nombre de los tres procesados un recurso, al que ha tenido acceso Efe, en el que se pide la «nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva del tribunal» y por «indefensión al no haberse permitido la actuación de la defensa» y se niega la existencia de delito de rebelión y de malversación.

El auto de procesamiento, según denuncia el recurso, «utiliza argumentos que resultan realmente llamativos para justificar la existencia de violencia», al comparar por ejemplo la concentración del 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la consellería de Economía con una «toma de rehenes mediante disparos al aire». Pero «por violencia», puntualiza el recurso, «no cabe entender unas manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causaren daños».

En torno a lo ocurrido el pasado 1 de octubre en Cataluña, se subraya que no hubo «ningún tipo de violencia», ya que las personas que acudieron a votar en el referéndum que pretendía celebrar el Govern «únicamente se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».

‘Actuado activamente contra los agentes’

«Aunque algunos ciudadanos concretos pudieran haberse excedido de la resistencia pasiva, y hubieran actuado activamente contra los agentes, dichas conductas en modo alguno podrían imputarse a los procesados, pues se trata de episodios completamente aislados que no permiten sostener la existencia de una violencia de entidad suficiente como para integrar el tipo de rebelión», señala el texto.
Este fin de semana se ha conocido, como ha publicado El Independiente, que Moncloa dio la orden de que no se divulgaran vídeos de agresiones contra agentes grabadas durante la jornada de la votación, con el objetivo de mantener un «perfil bajo». Ese material inédito, no obstante, ya está incorporado a las causas que se instruyen contra la cúpula independentista y de los Mossos d’Esquadra por los delitos de rebelión y sedición.

Carles Puigdemont, mientras tanto, continúa en la prisión de Neumünster, en Alemania, a la espera de que la Fiscalía del estado alemán en el que permanece se posicione sobre su extradición, que tendrá que ser examinada por el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein. En esta nueva fase de su proceso de entrega, la justicia alemana podría alterar la situación del ex presidente catalán, que podría permanecer en prisión o en libertad con medidas cautelares, como la prohibición de abandonar el país, mientras se resuelve su expediente, que puede alargarse hasta tres meses.