// TODO: Revisar qué hace the_post_thumbnail_creditos Antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores de un colegio electoral de Barcelona el pasado 1-O.

Antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores de un colegio electoral de Barcelona el pasado 1-O. EFE

Política

Moncloa impidió a Policía y Guardia Civil difundir vídeos de agresiones sufridas el 1-O

Moncloa impidió el 1-O a la Policía y a la Guardia Civil que difundieran vídeos en los que se veía cómo eran agredidos o insultados por ciudadanos partidarios de la independencia. Las imágenes, con todo, se han incorporado a un atestado aportado ya a la causa por sedición que instruye la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra el ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana.

Según ha podido conocer El Independiente, desde la Secretaría de Estado de Comunicación se desaconsejó la divulgación de vídeos que agentes de ambos cuerpos policiales de paisano realizaron como prueba de su actuación con los que desmontar falsas acusaciones posteriores. La instrucción enviada desde Moncloa a los responsables del Ministerio del Interior es que había que adoptar un ‘perfil bajo’ para no echar leña al fuego que ya había incendiado las redes sociales y las televisiones de todo el mundo con imágenes de agentes golpeando a las personas que se encontraban en los colegios electorales.

Fuentes gubernamentales, en cualquier caso, defienden que las imágenes de estos sucesos no se difundieron porque se recibieron 24 horas después del pasado 1 de octubre.

La inacción de los Mossos d’Esquadra, el cuerpo que tenía la misión de cerrar los centros de votación a fin de que nadie pudiera acceder durante la jornada del domingo para depositar la papeleta, llevó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en las primeras horas del 1-O a acceder a puntos de votación para impedir la consulta y retirar urnas. Ello provocó numerosos enfrentamientos con ciudadanos que se habían concentrado en dependencias públicas para intentar que el referéndum ilegal pudiera llevarse a cabo.

Desde la Secretaría de Estado se desaconsejó que se divulgaran las imágenes el día del referéndum con el argumento de que había que adoptar un ‘perfil bajo’

Mientras el independentismo logró propagar numerosos vídeos en los que las fuerzas de seguridad del Estado se empleaban para incautarse de efectos electorales y abortar la consulta, como habían ordenado jueces y fiscales, fueron escasas las imágenes en las que se aprecia cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil repelen agresiones por parte de secesionistas hasta que a primera hora de la tarde recibieron la orden de desistir de cerrar los colegios.

Fue, por ejemplo, lo que sucedió en la localidad tarraconense de San Carlos de la Rápita. Un numeroso grupo de vecinos corrió tras dos patrulleros de la Guardia Civil lanzándole piedras para que abandonaran a la carrera el municipio, celebrando la consecución de su objetivo con una sonora ovación. Las imágenes fueron grabadas desde el balcón de una vivienda cercana.

Mandos policiales han reconocido a este diario el malestar que supuso en ambos cuerpos la decisión de no poder contrarrestar los vídeos que los partidarios de la independencia difundieron por las redes sociales para alimentar el victimismo y el relato falaz del Estado opresor que impide un acto democrático como una consulta popular.

Conscientes de que la actuación el 1-O estaría bajo lupa, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil infiltraron agentes sin uniforme en diversos puntos de Cataluña aquel día para tomar imágenes que pudieran combatir posteriores manipulaciones informativas. La mayoría de estos vídeos son inéditos, si bien ya están en poder de la juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa por sendos delitos de sedición contra el anterior máximo responsable operativo de los Mossos.

Las imágenes se han adjuntado en un atestado que la Guardia Civil ha aportado a la juez que instruye la causa contra el ex mayor Trapero

Uno de los que sí vio la luz es el que desmonta la versión del pacifista Roger Español, el joven catalán que perdió la visión del ojo derecho el pasado 1-O por el impacto de una pelota de goma lanzada por un agente de los Antidisturbios que participaba en uno de los dispositivos desplegados en Barcelona con los que la Policía Nacional intentaba incautar las urnas.

“En el momento del disparo yo me dirigía a mi casa a coger una silla para acompañar a mis padres; mi madre no puede estar mucho rato de pie y en el camino, que estaba justo debajo de la esquina de donde ocurrió todo…”, detalló a La Sexta Español, que fue intervenido de urgencia en el Hospital San Pau.

En el vídeo filtrado por la Guardia Civil, sin embargo, se aprecia cómo lanza con rabia una valla sobre un policía que se encontraba de espaldas y cómo se enzarza con otro agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Los hechos sucedieron en las inmediaciones de la Escuela Pública Ramón Llull, ubicada en el número 275 de la barcelonesa avenida Diagonal.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado el pasado 18 de enero, el ministro Juan Ignacio Zoido defendió que las fuerzas de seguridad del Estado hicieron un “uso mínimo y proporcionado” de la fuerza para hacer cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que la prioridad fue en todo momento la seguridad de las personas que se concentraban en los centros de votación y de los propios agentes. Este criterio les llevó a desistir en el desalojo y cierre de colegios para tener el “menor impacto posible” entre los ciudadanos, entre los que se infiltraron -mantuvo- “radicales” en un plan organizado para obstaculizar la labor policial.

Pasividad de los Mossos d’Esquadra

Si los centros de votación no fueron clausurados sino que fueron ‘tomados’ por decenas de personas fue en gran medida por la pasividad de los Mossos d’Esquadra, como ha puesto de manifiesto la investigación que ha llevado a cabo el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del procés, Pablo Llarena.

“Las pautas de actuación previstas eran plenamente dilatorias y tolerantes con la votación”, concluye el magistrado Llarena, que destaca cómo la cúpula de la Generalitat desoyó la advertencia de grave riesgo que les trasladaron mandos de la Policía Autonómica en una reunión celebrada el 28 de septiembre debido a la “gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas”.

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