No se requisaron las urnas, los Mossos d’Esquadra actuaron de forma pasiva ante la orden judicial de que desalojaran los colegios electorales y algunas cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil alimentaron el relato victimista de la Generalitat sobre la actuación represiva del Estado. Éstas son algunas de las razones que explican que pudiera desarrollarse el referéndum ilegal este domingo y que tendrán consecuencias: más de una docena de juzgados catalanes investigan tanto la inacción de la Policía Autonómica como la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

  • La pasividad de los Mossos. La Policía de la Generalitat, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, tenía la orden expresa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la utilización de edificios públicos para la preparación de la celebración del referéndum y su apertura el 1-O. Pero los Mossos se limitaron a personarse en los centros de votación designados por el Govern para rellenar un acta con el que trataban de justificar su inacción: la elevada concentración de personas les impedía desalojarlos. Como demuestran los vídeos que se han difundido, no sólo fueron pasivos en el cumplimiento de la resolución judicial -dictada el pasado miércoles por la magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJC Mercedes Armas- sino que en ocasiones llegaron a encararse con agentes de la Guardia Civil. Esa decisión de los mandos de la Policía Autonómica hizo que todo el trabajo sucio recayera en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, al no repartirse la responsabilidad con el cuerpo de la Generalitat, arrastra el cartel de malos de la película. Y ello a pesar de que los Mossos cuentan con casi 17.000 agentes, un 70% más que los movilizados por Interior en un dispositivo extraordinario con motivo de una operación de enorme envergadura -un territorio muy amplio con multitud de puntos- y complejidad. El malestar en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la pasividad de los Mossos es máximo, hasta el punto de que una asociación profesional de la Benemérita -la Unión de Oficiales- ha pedido este lunes a la dirección del Cuerpo que le retire las dos cruces de la orden del mérito con distintivo blanco concedidas en su día al mayor de la Policía de la Generalitat, Josep Lluís Trapero. “La decepción y la indignación son los sentimientos generalizados entre los policías nacionales. El dispositivo diseñado por la Jefatura de ese Cuerpo ha sido insuficiente, deliberadamente endeble y bochornosamente equidistante”, han denunciado conjuntamente cinco sindicatos con representación en el Cuerpo Nacional de Policía, que piden sanciones para los Mossos. Seis juzgados catalanes investigan ya la pasividad de ese cuerpo policial.
  • ¿Se debió aplicar el artículo 155? Lo sucedido este domingo da argumentos a los que piensan que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debió aplicar el artículo 155 de la Constitución para que los Mossos d’Esquadra quedaran bajo el control efectivo del Ministerio del Interior. O al menos firmar el decreto recurriendo a la Ley de Seguridad Nacional, que tendría como efecto práctico que las competencias en materia de seguridad pública pasarían a la Delegación del Gobierno en Cataluña. En un intento de garantizar la eficacia del plan policial con el que se intentaba frustrar el referéndum, la Fiscalía Superior de Cataluña ordenó que Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos quedaran bajo la coordinación de Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. Esa decisión fue avalada la pasada semana por la magistrada del TSJC Mercedes Armas, en aplicación de lo que establece la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su artículo 46.2. La Generalitat nunca ha aceptado esa dependencia del Gobierno, como demuestra el hecho de que tres días antes del 1-O forzara la convocatoria de la Junta de Seguridad de Cataluña. Confiados en la lealtad de los Mossos y en que cumplirían con su obligación, Interior nunca imaginó tal inacción de la Policía Autonómica.
  • Hubo urnas. Durante las dos semanas previas al 1-O, la Guardia Civil llevó a cabo diversas operaciones en distintos municipios catalanes que permitieron la incautación de 12,4 millones de papeletas, varios millones de sobres, planchas, carteles y dípticos anunciadores del referéndum, como habían ordenado jueces y fiscales. Los efectos electorales que no pudieron confiscar fueron las urnas, que los promotores de la consulta lograron esconder para que estuvieran presentes en las 6.249 mesas -según datos de la Generalitat- habilitadas en 2.315 colegios electorales. Las fuentes policiales consultadas por este periódico dan por hecho que los contenedores de plástico en los que se depositaron los votos -fabricadas por la empresa china Smart Dragon Ballot Expert- estuvieron almacenados en el sur de Francia y que fueron posteriormente trasladados a Cataluña en vehículos particulares para no despertar sospechas. La duda que existe en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es si los Mossos conocían la ubicación de las urnas y eludieron compartir la información para evitar que fueran decomisadas. Sea como fuere, que no se hallaran las urnas es un rotundo fracaso del operativo policial del Estado en su intento por desbaratar la consulta independentista y un éxito de los promotores. Como informó este periódico, la prioridad a finales de la pasada semana en el seno del Gobierno era que la Guardia Civil y la Policía Nacional requisaran de madrugada las urnas antes de que llegaran a los centros de votación, en un intento de evitar que se inmortalizara la imagen de agentes llevándose los contenedores -por muy ilegal que fuera la convocatoria- en los que se debían depositar los votos.
  • Por qué no se retiraron las urnas con votos. A las 17 horas del domingo, el Ministerio del Interior informó de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían clausurado 92 colegios electorales (41 en Barcelona, 18 en Tarragona, 14 en Girona y 19 en Lleida). No hubo más recuento. Dándose por bueno que se había logrado que unos 400 centros no llegaran a abrir sus puertas, la intervención policial apenas logró clausurar una cuarta parte de los puntos previstos por la Generalitat. Las órdenes de los mandos se fueron modulando sobre la marcha, sobre todo a raíz de las cargas policiales registradas en numerosos puntos durante la mañana. Que no hubiera más enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los partidarios de la independencia explica que se desistiera de acudir por la tarde-noche a los colegios electorales para retirar las urnas con los votos.
  • Cargas policiales y relato victimista. Durante las semanas previas, la orden de la Guardia Civil y la Policía Nacional a los agentes desplegados en Cataluña era evitar responder ante eventuales provocaciones para no alimentar el relato victimista de los independentistas. Esa precaución no se observó en algunas de las intervenciones practicadas durante la mañana del domingo por los Antidisturbios, en las que hubo un exceso de dureza al intentar los agentes desalojar a los concentrados en los centros de votación para evitar su clausura. Un ejemplo se vivió en el instituto Pau Claris, donde policías se emplearon con patadas y empujones ante la resistencia de un grupo de ciudadanos. Escenas como ésa han sido utilizadas por el Ejecutivo de Puigdemont para denunciar la represión del Estado y ha dado munición a otras fuerzas policiales para censurar la actuación de los cuerpos policiales. A esas voces se ha sumado también este lunes la Comisión Europea, que, a través del portavoz jefe Margaritis Schinas, ha defendido que la violencia “nunca puede ser instrumento en política”. Según la Generalitat, 893 personas resultaron heridas o contusionadas como consecuencia de las intervenciones policiales, de los que sólo cuatro permanecen hospitalizadas. Interior, por su parte, ha cifrado en 431 los policías y guardias civiles que sufrieron heridas durante su intervención, de los que 39 necesitaron asistencia médica inmediata.