La Fundación Nacional Francisco Franco, creada en 1976 para difundir “la memoria y obra” del dictador y cuya ilegalización promueve ahora el PSOE en el Senado, asegura que se financia exclusivamente con las aportaciones mensuales que realizan sus centenares de benefactores y que no recibe dinero público desde hace 15 años. La última subvención se la otorgó el Gobierno de José María Aznar y tenía como objeto la digitalización y microfilmación de su archivo documental, formado por cerca de 30.0000 legajos.

De acuerdo con los datos facilitados a El Independiente por el nuevo presidente, el general ya en la reserva Juan Chicharro Ortega, la fundación maneja anualmente un presupuesto de 150.000 euros. Este dinero procede “en más de un 90%” de los donativos mensuales que realizan los socios, mientras que el resto de los ingresos tiene su origen en los derechos de autor que generan algunos libros publicados y en la venta de artículos de merchandising.

Con esos fondos sufragan las nóminas de un secretario y de dos administrativas, el alquiler de la vivienda madrileña en la que tiene la sede la fundación -en un edificio de renta antigua próximo al estadio Santiago Bernabéu-, los gastos corrientes de funcionamiento y el coste de los pleitos en los que se encuentran personados, como el de la revisión del callejero de Madrid. No tiene más patrimonio que el archivo documental, insiste.


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“Hay una insistencia, sobre todo en las redes sociales, en decir que ésta es una fundación que recibe subvenciones públicas. Y eso es mentira. Recibimos cero dinero público. Es una fundación que se mantiene con las aportaciones de sus benefactores exclusivamente”, sostiene Chicharro Ortega. Antiguo ayudante de campo del Rey Juan Carlos I, es hijo de Juan Chicharro Lamamié de Clairac, voluntario en la División Azul y fallecido en Madrid en 2005.

No ahora, pero sí ha obtenido ayudas públicas en el pasado. Entre los años 2000 y 2003, la fundación recibió 150.843,82 euros del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para llevar a cabo el proyecto de descripción y reproducción de los fondos que integran su archivo. Se trata de documentos oficiales que, ya digitalizados y microfilmados, pueden consultarse tanto en el Archivo General de Salamanca como en la sede de la Fundación Francisco Franco, que conserva también los originales. “Fue un trabajo ímprobo que nosotros no podíamos hacer y que llevaron a cabo expertos del Ministerio de Cultura”, justifica el presidente.

La Fundación, cuya ilegalización promueve ahora el PSOE, maneja un presupuesto anual de 150.000 euros y cuenta con unos “900 socios”

Constituida por 226 fundadores el 8 de octubre de 1976, la fundación cuenta en la actualidad con “entre 800 y 900” socios que realizan aportaciones mensuales a partir de 12,50 euros, deducibles fiscalmente. Chicharro asegura que la fundación tiene “muchos jóvenes” y que la masa social “está aumentando”, repunte que atribuye “a la situación política general” existente en España. “El tema de Cataluña, las consecuencias derivadas de la Ley de Memoria Histórica, las acciones procesales en las que estamos inmersos en relación con el callejero de Madrid… Todo eso puede que influya para que se incremente el número de afiliados. Si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer proselitismo, llevando hojas de afiliación y tal, probablemente conseguiríamos muchos más socios. Sucede que por desgracia el nombre de Francisco Franco es tabú, es como nombrar a la bicha”, comenta.

Cuatro décadas después de su constitución, el grupo del PSOE en el Senado -donde tiene mayoría absoluta el PP- ha presentado una moción para promover la ilegalización de la Fundación Francisco Franco al entender que es contraria a la Constitución y a la Ley de Memoria Histórica porque “exalta la dictadura y defiende la vulneración de los derechos humanos que llevó a cabo la dictadura de Franco”. Como primer paso, los socialistas piden que la Abogacía del Estado emita un informe sobre la legalidad de la entidad y estudie si cumple con la Ley de Secretos Oficiales -vigente desde abril de 1968- en relación a la documentación que obra en su poder sobre el dictador y sus actividades, así como los archivos de la Guerra Civil y la dictadura.

Juan Chicharro se muestra confiado en que no salga adelante la moción socialista y defiende la constitucionalidad de las actuaciones de la fundación. “Yo espero que no prospere y que impere el sentido común. La Ley de Memoria Histórica es inconstitucional, se coja por donde se coja. Podría prosperar si pudieran demostrar que nosotros nos dedicamos a otra cosa distinta a lo que dicen los estatutos, pero éstos son perfectamente acordes al orden constitucional y están depositados en el Registro de Fundaciones”, afirma Chicharro, decepcionado con el PP por no haber reformado la citada ley cuando tenía mayoría absoluta en el Congreso y que señala a VOX como el partido con el que ideológicamente se siente más cercano en la actualidad.

‘No’ a la exhumación

En relación con la eventual exhumación de los restos de Franco en la basílica del Valle de los Caídos, una de las conclusiones que planteó a finales de 2011 la comisión de expertos nombrada por el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, Chicharro respalda el deseo de la familia de que no sean trasladados y recuerda que no fue el dictador sino el hoy Rey emérito quien quiso que se le enterrara en dicho templo: “En ninguna parte figura que él quisiera estar allí enterrado. Lo quiso Su Majestad el Rey Juan Carlos I y el Gobierno de entonces”.

La Fundación Francisco Franco inicia una nueva etapa con otro presidente ejecutivo -Juan Chicharro, que ha relevado en marzo a Gonzalo Fernández de la Mora y Varela- y a la espera de nombrar a su nuevo presidente de honor, después de que la única persona que ha ocupado dicho cargo -Carmen Franco Polo, la esposa del dictador- falleciera el pasado 29 de diciembre. La familia tiene que decidir ahora quién quiere que ocupe ese puesto honorífico, que los estatutos reservan a sus allegados.

Como dejó claro en su carta de presentación, el “esfuerzo principal” de la Fundación Francisco Franco bajo la dirección de Chicharro será “la defensa de la verdad histórica” y la “propagación de las ideas que posibilitaron al pueblo español alcanzar un estado de bienestar no bien comprendido hoy”.