Ocurre todos los 20 de noviembre. El cruce de plegarias volverá a producirse estos días. Por un lado las de índole religiosa dirigidas al alma del dictador, al dirigente que gobernó España con mano férrea durante 40 años, a Francisco Franco. Los cada vez menos nostálgicos volverán a honrarle y añorarle en el Valle de los Caídos y en algunos templos, e incluso a llevarle flores frescas a su tumba.

En el otro frente las plegarias serán de índole civil y no irán dirigidas a quien consideran un desalmado. Ellos no tienen tumba donde depositar flores. Sus ruegos volverán a reclamar justicia y reparación para los suyos, para los que el régimen hizo desaparecer de sus vidas y los condenó al olvido y, lo que aún es peor, al anonimato físico en alguna cuneta o fosa aún por descubrir.

Las dos Españas, la azul y la roja, volverán a aflorar 41 años después de la muerte del caudillo. Un aniversario que cada año recuerda que el tiempo no lo cura todo, simplemente lo mitiga. La herida sigue abierta, unos creían haberla cicatrizado, otros recuerdan que aún sangra. Pero por estas fechas, Franco siempre resucita.

Hace casi una década que una ley volvió a avivar un pasado que unos creían cerrado y llamado a no ser removido nunca más, y otros reivindicaban poder cerrarlo pero con justicia. La Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 continúa hoy siendo vista como una asignatura pendiente que se impulsa sin voluntad ni empeño y que aún es una deuda con los 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil y la Dictadura, o como una incómoda norma que no hace sino fracturar la sociedad española.

Todo depende del bando desde el que se mire. Estos días, el de las víctimas, el de los represaliados del franquismo han escenificado nuevos pasos, algunos muy significativos. Sin duda, el más contundente se ha producido en Navarra. Allí, los restos de dos de los generales que lideraron el golpe militar que encumbró a Franco en 1936 han sido exhumados.

Primero, los del general Emilio Mola, y después, el pasado día 16, los de José Sanjurjo y otros seis combatientes franquistas. Los restos de los dos generales reposaban en la Cripta del Monumento a los caídos de Pamplona desde 1961, hace ya 55 años. En junio, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (EH Bildu) anunció su intención de terminar con lo que consideraba una humillación para las víctimas del franquismo.

Ni el recurso a la justicia de la familia Sanjurjo logró evitar la exhumación. Ahora el monumento a los caídos podría o ser derribado, o convertirse en un museo dedicado a la memoria histórica.

No ha sido el único movimiento en la capital foral. El Palacio de Navarra sustituirá de su fachada la Cruz laureada de San Fernando que otorgó Franco en 1937 a los combatientes navarros que apoyaron el golpe militar. Ahora, una vidriera con el escudo oficial lo sustituirá.

Adiós al águila franquista

En Bilbao, hace apenas dos semanas se adoptó una decisión similar, suprimir el águila franquista que preside la fachada de la sede de la Agencia Tributaria. Reclamado en varias ocasiones, finalmente la rapaz franquista será desmontada cual puzzle para dejarla sin garras, ni cabeza, ni cola. Tampoco corona.

La secuencia de episodios que han acreditado que los 41 años transcurridos desde la muerte de Franco y que mañana se cumplen, incluye la visceralidad con la que una muestra con una imagen ecuestre del caudillo fue recibida en Barcelona.

Sucedió hace apenas un mes en el Born, donde al Ayuntamiento de Ada Colau confiaba en que una muestra crítica con la simbología franquista –Franco, victoria y república. Impunidad y espacio urbano– pudiera recabar simpatías. Se equivocó. La sólo colocación de la imagen, que había sido decapitada en otro incidente tres años antes, provocó reacciones airadas; lanzamiento de huevos, insultos, pintura… hasta derribarla y retirarla.

En este clima, hace sólo tres semanas Podemos, EH Bildu y PNV se han propuesto que el paso del tiempo no permita olvidar el pasado. Unidos en una alianza judicial, algunos de sus alcaldes –Barcelona, Zaragoza, Madrid, Vitoria y Pamplona- emprenderán acciones judiciales contra los responsables de los crímenes que se cometieron en sus municipios. El frente se ha coordinado para emprender acciones conjuntas que permita “terminar con la impunidad”.

También hace apenas una semana el PNV reiteraba en el Senado una vieja aspiración, la “resignificación” del Valle de los Caídos como templo de lo ocurrido durante la Guerra Civil y la Dictadura y “perpetuar la memoria de todas las personas allí enterradas en clave de respeto e igualdad”.

Villafranco de…

Iniciativas institucionales y políticas que conviven con actuaciones particulares dispuestas a que el olvido no acabe con la justicia. Así lo concibe el abogado Eduardo Ranz, convertido en el azote de municipios y alcaldes que aún mantienen referencias franquistas en su callejero o incluso, como sucede en una decena de localidades, en su propia denominación. Es el caso de Villafranco de Guadalhorce (Málaga), Alberche del Caudillo (Toledo), Alcocera de Mola (Burgos) o Villafranco de Guadiana (Badajoz), entre otros.

Los cientos de requerimientos hechos a los Consistorios por considerar que con sus callejeros o monumentos están exaltando la Guerra Civil y la Dictadura se ha traducido ya en más de 300 procedimientos abiertos en los tribunales por incumplir la Ley de Memoria histórica. En su punto de mira no sólo están los ayuntamientos, tampoco se escapan las iglesias y las instituciones donde aún perviven referencias al franquismo.

Referencias que aún hoy muchos consideran que no deberían ser suprimidas. Jaime Alonso es uno de ellos. A las 12.00 horas acudirá puntual, como cada año, a la iglesia de Santiago de Madrid donde la Fundación Nacional Francisco Franco ha citado a sus fieles para orar por el alma de Franco, de José Antonio Primo de Rivera y “todos los caídos por Dios y por España”. También acudirá a la cena que el 2 de diciembre conmemorará el nacimiento del caudillo hace 124 años en Ferrol.

“Fue el que menos culpa tuvo”

Asegura que es propio de un análisis “de un psiquiatra” entender por qué en España en momentos como el aniversario del 20-N se reaviva el odio hacia la figura de Franco, “no entiendo qué puede ofender de su figura, no lo comprendo, ¡hace 40 años que murió!”, apunta, “es un odio que se mantiene de manera cainita”.

Preguntado por el derecho de las víctimas del franquismo a conocer dónde están enterrados sus familiares desaparecidos, el responsable de la Fundación Nacional Francisco Franco asegura que el primer derecho que deben satisfacer es “el de conocer quiénes eran sus abuelos y sus padres”. “Después”, añade, “deben pensar que todo sucedió en una guerra civil”.

“En su misma situación se encuentran miles de personas del bando nacional, y no se han pasado 40 años reivindicando y alimentando la trágica contienda”. Alonso termina apelando al perdón y al reconocimiento de la parte de culpa de cada uno de los frentes. A la pregunta “¿Y cuál fue la parte de culpa de Franco?”, su respuesta es contundente: “Ninguna, fue el que menos culpa tuvo”.

No tiene duda de que la España actual necesitaría a Franco “en muchos aspectos”. Considera que se requiere de un líder que crea en el pueblo español, que respete su unidad y los principios y valores “que marcan una sociedad civilizada; claro que Franco sería la solución a muchos aspectos”, afirma convencido.

Alonso no lo considera un dictador, “ni lo puede considerar alguien que maneje con cierta soltura el Derecho Constitucional”, matiza. Recuerda que se “limitó” sus poderes, que creó una sociedad “perfectamente estructurada” y libre “en casi todos los aspectos, excepto en el formal de los partidos políticos”.

“Por tanto, se le puede llamar lo que se quiera menos dictadura. ¿Régimen autoritario? Sin duda. ¿Sin libertad formal estructurada en una sociedad por los partidos? Por descontado. Pero es que los partidos habían fracasado en el mundo antes de 1939”. Reivindica que el pueblo español le debe a Franco “no haber caído en manos del comunismo”, además de su transformación “en sólo 40 años”, hasta convertirla en la octava potencia del mundo “y todo sin pagar impuestos, con un paro insignificante y con una renta per cápita mayor que la actual”.

Califica de “descomposición de la nación” el actual estado de España. Las condenas al franquismo son, en su opinión, un reflejo “de que ya no se respeta ni la historia ni a los muertos”. Cita como ejemplo la exhumación de los restos de los generales Mola y Sanjurjo.

Tilda de “barbaridad” que se pueda contemplar la posibilidad de hacer lo propio con los restos de Franco en el Valle de los Caídos: es un lugar sagrado y está al margen de la Ley de Memoria Histórica. “No es más que la muestra de una patología y un odio enfermizo que tiene la izquierda y los separatismos”.

Doble moral con las víctimas

Es el argumentario más extremo contra la Ley de Memoria Histórica pero que en dosis más moderada esconden las razones, según Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la pervivencia de la simbología franquista en numerosos municipios y, sobre todo, de las dificultades para poder localizar y exhumar a los 114.216 desaparecidos que tiene contabilizadas la asociación.

Silva recuerda que bastaría con cumplir la ley y no permitir que se “exalte una dictadura”. Recuerda que familias como la suya priorizan la búsqueda de sus seres queridos pero que, por ahora, el Estado continúa actuando “con una doble moral”.

Emilio reitera que mientras a una víctima del terrorismo se le concede su derecho a la verdad, la equiparación y la justicia, “otras siguen en las cunetas manteniendo con sus impuestos la tumba del dictador”. Se refiere a las víctimas del franquismo.

“Pedimos que no se emplee la ideología para discriminar; hay que hacer política contras las víctimas de la violencia y en defensa de las víctimas, de todas”. Se pregunta qué pensaría la sociedad española si a una víctima de la violencia machista tuviera que pagar la tumba y las flores o un monumento que rinde homenaje a su agresor. “Con el franquismo ocurre eso. Es una aberración, cada día su tumba recibe flores frescas pagadas y está siendo mantenida con fondos públicos, de todos, también de sus víctimas”.

No entiende cómo cuatro décadas después de su muerte aún no se ha hecho justicia. Apunta que Franco la hizo con los suyos, con las víctimas de “la violencia roja, la llamaba”. Señala que fueron resarcidas con becas, con puestos de trabajo, con concesiones de estancos y administraciones de lotería mientras que los desaparecidos del bando republicano “aún hoy no han recibido la más mínima ayuda por parte del Estado”.

Asegura que aún hoy buena parte de la clase dirigente, tanto del PP como del PSOE, procede de un estrato social y de una cultura en la que convivieron con toda la simbología franquista, “algo que formaba parte de sus vidas” y que les ha hecho, en parte “consentidores” para que se adopten medidas como la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Se muestra confiado en que las nuevas generaciones abran un nuevo tiempo “y sean los nietos de aquellas víctimas” los que salden la deuda. “Las cosas están cambiado, se han hecho exhumaciones, denuncias contra torturadores y dirigentes franquistas y una higiene de la simbología franquista, pero aún queda mucho”.