Antonio Fernández, consejero de Empleo de Empleo de la Junta de Andalucía entre los años 2004 y 2010, ha asegurado este lunes que las ayudas sociolaborales a trabajadores dadas por la Administración autonómica eran «absolutamente iguales» a las concedidas por el Gobierno central a través de la Orden Ministerial de 1995, que regulaba las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas.

Así lo ha manifestado Fernández en su séptima sesión declarando en el juicio contra 22 ex altos cargos del Gobierno autonómico por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Para Fernández, exceptuando el origen de los fondos, las ayudas investigadas en esta causa -concedidas en virtud del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) el 17 de julio de 2001 y que la tesis acusatoria sitúa en el origen del fraude- eran «absolutamente iguales».

Antonio Fernández, titular de Empleo entre 2004 y 2010, dice que la Junta de Andalucía se «inspiró» normativamente en una orden ministerial

En este sentido, ha precisado que los fondos eran estatales en el caso de las ayudas de la Administración central, mientras la Junta usaba «fondos propios», a través del programa presupuestario 31L o fondo de reptiles. La Orden Ministerial de 1995 era la «norma habilitante en la que se inspiró la Junta», ha reiterado Fernández a preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

El ex titular andaluz de Empleo, que llegó a estar en prisión preventiva durante la fase de instrucción, ha asegurado que «nunca» tuvieron «críticas» por parte del Gobierno «ni se cuestionó» las ayudas dadas por la Junta. Es más, «hemos colaborado» en las soluciones abordadas frente a algunas crisis empresariales como en la Faja Pirítica de Huelva.

En este punto, el abogado defensor ha mostrado a Fernández varios documentos de acuerdos de colaboración entre Junta y Estado firmados para afrontar la situación en las empresas mineras de la Faja, algunos de ellos firmados entre los consejeros de Empleo, en su caso José Antonio Viera, y el ex delegado del Gobierno en Andalucía y ex alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y uno de ellos por el ex delegado del Gobierno en Andalucía y actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en los que -entre otras cuestiones- se recogían la cofinanciación de las ayudas a los trabajadores en el plan de prejubilación acordado.

El caso de la Faja Pirítica

Las ayudas sociolaborales dadas por el Gobierno en este caso y por la Junta en otras crisis empresariales «eran coincidentes, iguales». Además, ha añadido que una parte, en torno a 800, de los 6.300 trabajadores aproximadamente que se beneficiaron de las ayudas sociolaborales investigadas fueron de la Faja Pirítica.  «Lo que de bueno tenga estas políticas sociolaborales hay que imputárselo a las dos administraciones», ha afirmado Fernández.

Preguntado por su abogado sobre qué decisión tomó la Junta a partir de 2011 cuando salta a la luz el escándalo de los ERE, Fernández ha explicado que se aprobó el Decreto 4/2012, que «adaptó» las ayudas a la «nueva realidad». Él hacía ya dos años que había salido del Gobierno andaluz.

«Se recogieron las ayudas concedidas entre 2001 y 2010, afrontando el pago de ellas», ha añadido, precisando que parte de los 741 millones de euros supuestamente malversados según la Fiscalía Anticorrupción se siguen pagando. «Queda claro que, con el decreto, la Junta asumió todas las pólizas de las ayudas, que siguen siendo abonadas. Las refrendó, las asumió, las pagó y las sigue pagando», ha insistido.

«Respuestas políticas y debatidas»

De otro lado, el ex consejero ha señalado que el Gobierno andaluz y el Parlamento «conocía perfectamente» que dentro de las respuestas a las problemáticas sociales derivadas de las grandes crisis empresariales estaban las ayudas sociolaborales. «Nadie puede negar ahora ni antes que eran respuestas políticas y debatidas», ha afirmado.

No obstante, «en modo alguno quiere decir esto que conocieron el modo procedimental», ha precisado, cuyo órgano gestor competencial era la Dirección General de Trabajo.