Nuevo revés internacional para el juez Pablo Llarena, que instruye la causa del proceso independentista en el Tribunal Supremo. La ex consejera Clara Ponsatí, ha comparecido hoy ante la justicia escocesa, que no fallará sobre la petición de extradición española hasta el 30 de julio. La decisión escocesa se suma a la de la justicia belga que el pasado jueves abrió el proceso sobre Antoni Comin, Mertixell Serret y Lluís Puig y que puede demorarse hasta tres meses. La justicia española tenía pocas esperanzas de que estas órdenes de extradición se resolvieran de forma rápida, expectativa que sí se daba en el caso de Alemania, y se ha visto frustrada por la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de rechazar la acusación de rebelión.

El tribunal de Edimburgo ha anunciado hoy que aplaza como mínimo hasta verano su decisión sobre la extradición de la ex consejera de Educación, huida junto a Puigdemont, Comin, Serret y Puig el pasado 30 de octubre, cuando había sido citada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Ponsatí ha acudido a la vista acompañada por su abogado, Aamer Anwar, quien ha defendido que la ex consejera sufre una «persecución política» en España.

El magistrado escocés pide más tiempo y más información para decidir sobre la extradición de Ponsatí

Ante estos argumentos, el magistrado escocés ha pedido «más tiempo» y «más información» para decidir sobre la extradición y ha convocado a las partes a una serie de vistas que concluirán el 30 de julio. Ponsatí, al igual que Comin, ha sido imputada por el delito de rebelión además del de malversación, mientras Serret y Puig responden por los delitos de desobediencia y malversación.

A la salida de la vista, Anwar ha asegurado que «las imputaciones de rebelión violeenta y malversación de fondos públicos no son válidas ante los tribunales escoceses» y ha acusado a la justicia española de «abusar de la euroorden». En este contexto, ha insistido en que la ex consellera está siendo procesada «por sus opiniones» porque a su juicio las acusaciones del Supremo «tienen motivaciones políticas».

Ponsatí ha sido objeto de una cerrada defensa desde la Universidad de Saint Andrews, donde imparte clases, hasta el punto de que la directora del centro, Sally Mapstone, salió en su defensa tras emitirse la euroorden desde el Tribunal Supremo. “Clara es una estimada colega y estamos comprometidos a protegerla. Creemos que se puede defender legítimamente que está siendo atacada por defender sus creencias políticas”, afirmó Mapstone, lo que provocó el rechazo de un colectivo de profesores universitarios españoles, que se dirigió a ella para reclamarle respeto por las instituciones españolas.