«Llegados a este punto, nos lo tenemos que plantear todo». Y todo implica también ir a unas nuevas elecciones autonómicas. La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, fue muy cuidadosa ayer a la hora de no cerrar esa puerta, que había abierto días atrás el vicepresidente del Parlament por el mismo partido Josep Costa. Una respuesta a la negativa del juez Pablo Llarena a permitir la investidura de Jordi Sánchez que está en las antípodas de la de Esquerra, partido que insiste en la necesidad de formar gobierno ya para «resistir al embate del Estado».

En este contexto, la CUP ha vuelto a poner una vez más sobre la mesa el nombre de Carles Puigdemont, el único candidato al que los antisistema están dispuestos a otorgar sus votos. Una propuesta que Artadi asegura que sigue siendo la primera opción de su grupo, aunque en JxCat son mucho más conscientes que en la CUP de que la negativa de Esquerra a asumir nuevos costes penales para sus dirigentes es una barrera insalvable para Puigdemont, puesto que su investidura solo sería posible si Torrent y el resto de los miembros de la Mesa incurren en desobediencia al Tribunal Constitucional.

Artadi anuncia una reunión del grupo parlamentario de JxCat en Berlín con Puigdemont para acordar los próximos pasos

La esperada negativa del juez Llarena ha puesto, por tanto, al descubierto, la nueva división del independentismo. JxCat no quiere avanzar ningún movimiento antes de reunirse la próxima semana con el líder del partido, Carles Puigdemont, en Berlín. Y Artadi ha apuntado además a la necesidad de reunirse también con los dirigentes del partido en prisión preventiva: Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, los dos primeros candidatos fallidos a la investidura.

Antes de eso, Esquerra reclamaba ayer una reunión tripartita para analizar los pasos a seguir. «La concreción de los próximos pasos debe hacerse conjuntamente, por tanto, proponemos abrir puentes de diálogo y llegar a acuerdos conjuntos para recuperar efectivamente las instituciones y formar gobierno» advertía ayer el republicano Sergi Sabrià. En Esquerra son muy conscientes de que la línea política de confrontación abierta con el Estado puede dar réditos a la estrategia judicial de Puigdemont en Alemania, pero complica cada día que pasa la situación de los procesados en España, con Oriol Junqueras y Jordi Sánchez a la cabeza.

ERC sabe que la confrontación con el Estado puede dar réditos a Puigdemont, pero complica cada día que pasa la situación de los procesados en España, con Junqueras y Sánchez a la cabeza

La respuesta inmediata, el anuncio de una querella contra el juez Pablo Llarena por, supuestamente, conculcar los derechos políticos de Jordi Sánchez, se prefigura en este contexto como una respuesta de urgencia para aparentar acción y unidad. El independentismo no ofrece fisuras en su oposición al Tribunal Supremo, se divide cuando se trata de llegar a acuerdos para formar gobierno. La reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament convocada hoy por Torrent analizará esta propuesta, que contará con el rechazo de los representantes de C’s y el PSC y la más que probable oposición de los letrados de la cámara, por lo que la iniciativa podría trasladarse a los partidos.

Mientras, los plazos corren hacia el 22 de mayo, fecha límite para investir un presidente antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones. Para C’s, la conclusión de los últimos movimientos es clara: «no quieren gobernar». El partido naranja ya ha dejado claro que no permitirá la presentación de una querella contra el juez del Supremo y reclama insistentemente al independentismo que presente a un candidato viable y empiece a gobernar. Pero eso diluiría la estrategia de agitación que lidera Carles Puigdemont, y hoy por hoy no parece haber nadie en el bando independentista dispuesto a llevarle abiertamente la contraria.