El presidente del Parlament, Roger Torrent, viajará mañana a Ginebra para reunirse con “miembros de Naciones Unidas” ante los que se sumará a las denuncias de los líderes independentistas procesados por el 1-O en contra de la justicia española. Torrent quiere aprovechar también el flanco internacional, monopolizado hasta ahora por Carles Puigdemont y JxCat.

Torrent se escudará en la denegación de permiso del Tribunal Supremo a la investidura de Jordi Sánchez para denunciar las “injerencias” judiciales. Intentará ahondar así, un poco más, en el descrédito de España ante las instancias internacionales que ven cada vez con mayor suspicacia la actuación del Gobierno y la justicia españolas. Un descrédito que empieza a hacer mella en la Fiscalía y el Tribunal Supremo.

“Injerencias ilegítimas” en el Parlament

El equipo de Torrent ha anunciado hoy un viaje de dos días durante el cual el presidente del Parlament y máxima autoridad autonómica en este momento denunciará las “injerencias ilegítimas” del Estado en el Parlament.

Se reunirá además con autoridades suizas, que en los últimos días han rebajado el tono de sus críticas a la justicia española, coincidiendo con la nueva orden de extradición para el informático Hervé Falciani, acusado de espionaje industrial en el país helvético.

El viaje busca seguir rentabilizando la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se escuda ahora Sánchez para exigir un cambio de criterio del Tribunal Supremo que el juez Pablo Llarena ya ha desestimado. Pero también para evitar que Carles Puigdemont, y con él JxCat, se lleve todo el rédito de los éxitos internacionales del independentismo, mientras ERC sigue desaparecida con Oriol Junqueras en prisión y Marta Rovira fugada.

El viaje de Torrent coincide con la reunión de JxCat en Berlín para decir los próximos pasos de Puigdemont”

La visita de Torrent a Ginebra coincidirá con la reunión del grupo de JxCat en Berlín para debatir, presididos por Carles Puigdemont, sobre los próximo pasos a dar en el escenario catalán. Puigdemont ya dejó claro el domingo que su intención es “agotar los plazos” hasta el 21 de mayo, fecha límite para investir a un president antes de la nueva convocatoria de elecciones.

Un objetivo que pasaría por volver a insistir en su investidura telemática, una vez reformada la Ley de Presidencia para dar cobertura legal a su participación vía Skype en el pleno. Un plan con pocas opciones de hacerse realidad dado lo ajustado del calendario, en el que deben confluir las decisiones de la justicia alemana, el previsible recurso de la oposición catalana ante el Consell de Garanties Estatutaries y, si éste es desoído, el Tribunal Constitucional, y el plazo máximo para la convocatoria automática de elecciones.