El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha decidido aplazar el pleno de investidura previsto para este viernes, en el que se pretendía sacar adelante la candidatura de Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC y número dos de Junts per Catalunya en Barcelona.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido este jueves no permitir la salida de prisión de Sánchez para asistir al pleno y facilitar por tanto su investidura. Tampoco participar en el pleno telemáticamente. Es la segunda vez que un intento de investidura del ex presidente de la ANC, en prisión provisional desde octubre, debe ser suspendido. Y el tercero que suspende Torrent, que ya lo hizo también con Carles Puigdemont el pasado 30 de enero. En el caso de Jordi Turull, la primera votación, infructuosa por el rechazo de la CUP, sí se celebró, pero no la segunda.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, había pedido hoy al presidente del Parlament que desconvocara el pleno de investidura del candidato y había reclamado «realismo y ‘seny'». A esa petición se había sumado también el PP. Torrent no había querido aclarar en los últimos días si una decisión como la tomada hoy por el juez Llarena provocaría la suspensión del pleno, como finalmente ha sucedido.

Querella

Los portavoces de Junts per Catalunya en el Parlament, Elsa Artadi y Josep Costa, han comparecido rápidamente para responder a la decisión. «Llarena ha dado un golpe de Estado como Tejero, ha entrado el Parlament para evitar una investidura». Sobre un futuro plan D, Costa ha asegurado que «nombres hay muchos», pero «cualquier candidato es susceptible de ir a la cárcel y no todo el mundo está dispuesto».

Según ha avanzado la agencia catalana de noticias ACN, Torrent propondrá este viernes en la Mesa del Parlament que la institución presente una querella contra Llarena por prevaricación. Considera el presidente del Parlament que el magistrado del Supremo no hace caso a las medidas cautelares reclamadas por el comité de Derechos Humanos de la ONU, que al acusar el recibo de su denuncia por vulneración de derechos instó a «respetar sus derechos políticos», sin más especificaciones.

En su resolución de este jueves, Llarena asegura que esta comunicación del organismo de la ONU no es vinculante para el Tribunal Supremo.