El responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descrito este lunes el «descontrol» del sistema de ayudas de los ERE al no existir solicitudes, requisitos, norma reguladora y omitirse «no solo la fiscalización previa sino el control posterior de la ayuda», al tiempo que se ha reafirmado en que el consejero de Presidencia Gaspar Zarrías tenía conocimiento de su existencia y del procedimiento de concesión.

El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un procedimiento específico con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles ha entrado en una nueva fase con el inicio de la comparecencia de los casi 150 testigos solicitados por las partes.

El primero de ellos ha sido el responsable de la unidad de delincuencia económica de la UCO al frente de la investigación desarrollada desde 2011, quien ha señalado que fue «muy difícil» realizar dicha investigación porque «faltaba mucha documentación» relativa a la concesión de las ayudas de los ERE.

No había requisitos, no existían solicitudes y la Junta de Andalucía carecía de norma reguladora para la concesión, ratifica el agente que lo investigó

Según ha declarado el agente, durante dicha investigación la Guardia Civil constató que no existían «solicitudes» de las ayudas ni «ninguna motivación», «no había requisitos» para acceder a las mismas, «no hay norma reguladora por parte de la administración» y no constaba fiscalización de las ayudas.

«Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas», ha sostenido, ya que no se crearon las comisiones de seguimiento previstas en el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA/IDEA a partir del cual se utilizó a dicha agencia como «caja pagadora» de las ayudas con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación.

El testigo coordinó diferentes atestados de la Guardia Civil, que ha ratificado en su totalidad, en plena comunicación y coordinación con la juez instructora Mercedes Alaya. Ha explicado que, a raíz del expediente de ayudas concedidas en 1999 a los extrabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), solicitaron a la Junta un informe de fiscalización y le contestan «que nunca se ha fiscalizado», lo que, a su juicio demuestra que el Gobierno autonómico usó el Instituto de Fomento de Andalucía, posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), como «caja pagadora».

El papel de las mediadoras

Preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre los requisitos de los trabajadores para acceder a las ayudas sociolaborales o su perfil, el agente de la UCO ha asegurado que no había norma reguladora, sino que todo era en base a la negociación de las mediadoras, añadiendo que en todo el proceso de investigación en la fase de instrucción de la causa no vio nada referente a los requisitos, ni a la verificación de éstos.

Precisamente al hilo de esto, el agente ha explicado que en alguno de los convenios que ha analizado, apuntando entre estos el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31.L a través de transferencias de financiación de la Consejería al ente instrumental, ha tenido constancia de que se apunta la existencia de comisiones de seguimiento de las ayudas, pero «no hubo ninguna». «No sólo se omitía la fiscalización previa de las ayudas, sino también el control posterior», ha concluido.