Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn han escrito una carta conjunta a Carles Puigdemont desde Estremera para urgirle a formar gobierno en la Generalitat. Es su única esperanza de abandonar la prisión preventiva hasta que se celebre el juicio, y se agota la paciencia de los ex consellers encarcelados ante las astucias de Puigdemont para alargar una situación que sólo sirve para que el ex president siga manejando los hilos de la legislatura catalana.

La correspondencia entre los ex miembros del Govern que cumplen prisión preventiva en Estremera y Soto del Real es habitual, pero en los últimos días los encarcelados del PDCat, que comparten equipo y estrategia de defensa jurídica, han optado por una carta conjunta para pedir a Puigdemont que forme gobierno y no fuerce la convocatoria de nuevas elecciones, según publica Nació Digital. Una misiva que se suma a las recibidas por Puigemont desde Soto del Real, donde cumple prisión preventiva Jordi Sánchez, una de las voces con más ascendencia sobre el expresidente catalán.

La misiva llega a cuatro semanas de que expire el plazo para investir un presidente de la Generalitat que evite la convocatoria de nuevas elecciones, un escenario que rechazan frontalmente tanto ERC como el PDCat, pero que siguen acariciando algunos de los asesores de Puigdemont, convencidos de que el ex presidente podría volver a ganarle el pulso electoral al Gobierno tras la victoria conseguida ante la justicia alemana.

El PDCat ha claudicado ante la exigencia de Puigdemont de un último intento de su investidura, por la vía de reformar la Ley de la Presidencia para dar cobertura legal a la teleinvestidura. Pero tanto en la ex convergencia como desde Esquerra se ve esta maniobra como una suerte de canto del cisne de escasa efectividad política, puesto que se da por seguro el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional una vez aprobada la reforma, previsiblemente el próximo jueves en el Parlament.

La reforma no será efectiva hasta que sea publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) cuyos tempos controla el Gobierno en aplicación del 155. Y previsiblemente utilizará ese margen para tener tiempo de pedir el informe al Consejo de Estado, preceptivo cuando se plantea un conflicto de competencias con una ley autonómica, que es el único que provoca la suspensión automática de la norma por recurso del Gobierno ante el Constitucional.

Más allá de la efectividad de las «astucias» con las que Puigdemont busca mantener hasta el último momento la confrontación con el Gobierno, los ex consellers presos están convencidos de que la tensión con el Estado no hace más que perjudicar su situación judicial. Es el caso de Joaquim Forn, quien ya ha discrepado de la estrategia política de Puigdemont a lo largo de las últimas semanas, y ha dejado el acta de diputado para dar garantías al juez Pablo Llarena de su nula voluntad de reincidencia.