Ana Losada es madre. Una madre que ha decidido dar la batalla en Cataluña para que su hija pueda estudiar en catalán y castellano. Esta semana, la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) se ha apuntado una victoria, ha conseguido que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escuche su petición y se pregunte por la cara B de la inmersión lingüística en Cataluña, después de oír a Losada explicar en primera persona cómo viven los padres castellanohablantes ese modelo educativo. Cuando su hija tenía cuatro años -les explicó a los europarlamentarios-, la escuchó hablar con otra madre en catalán y le preguntó: «Mamá, ¿por qué has hablado con esta señora en la lengua del cole y no en la de casa? Les transmiten que la lengua del cole es el catalán y el castellano es una lengua para hablar en casa», concluyó Losada.

Desde 2014, un grupo de madres y padres, con el apoyo de profesores y otros profesionales del mundo de la educación se han unido en la AEB «para luchar por la escolarización en las dos lenguas oficiales a la vista de que la legislación vigente no se estaba respetando».

Desde la atalaya de lujo que le ofreció el Parlamento Europeo, Losada insistió en que «en ningún momento pedimos estudiar sólo en castellano. Somos catalanes castellanohablantes». Ante la comisión ya recordó que «nuestra sociedad es bilingüe, queremos que se respeten los derechos de los catalanohablantes y castellanohablantes. La convivencia se basa en el respeto a todos, si tenemos una escuela que margina a una de las lenguas estamos transmitiendo a nuestros hijos que no pueden convivir, sino que una de ellas ha de estar sometida a la otra».

Su reivindicación es clara: que se respete el 25% de presencia del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana, tal como establecen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Tribunal Supremo. «Lo que quiero para mi hija es que nuestros hijos estudien en las dos lenguas, que les enseñemos a respetar las dos lenguas en la escuela, porque eso les enseñará a convivir cuando sean adultos».

Pregunta.- Esta semana ha conseguido abrir los ojos de las instituciones europeas a las implicaciones de la inmersión lingüística. ¿Vio desinformación en su comparecencia?

Respuesta.- Hay mucho desconocimiento, igual que en España. A Europa sólo ha llegado el mensaje del nacionalismo, el del catalán como una lengua oprimida y en peligro. Logramos romper esa imagen, transmitimos la situación real, que el catalán es la única lengua vehicular y el castellano está marginado, con una hora semanal en infantil y dos horas en primaria. Pero, además, en cualquier comunicación interna o externa de la escuela, o en las extraescolares, el castellano está totalmente desaparecido pese a ser la lengua del 50% de los catalanes.

Es evidente que hay desconocimiento. Por eso hicimos lo posible para llegar al máximo de eurodiputados, recabamos ayuda de los diputados españoles que están en la Comisión o los que podían ir a apoyarnos. Hemos contado con el apoyo de Beatriz Becerra (eurodiputada del PP) que nos ha ayudado durante los últimos dos años para presentar la petición y aconsejar el enfoque.

P.- El PSC ha sido un firme defensor de la inmersión lingüística, ¿han tenido apoyo en el PSOE?

R.- Sorprendentemente Soledad Cabezón (portavoz del PSOE en la Comisión de Peticiones) hizo una presentación propia de un nacionalista, alineada con el representante de ERC, Josep Maria Terricabras, aunque después fue corregida por Fernando López Aguilar. Nos sorprendió mucho, Soledad es del PSOE, es andaluza y es la responsable de políticas de igualdad del PSOE en la UE. No se molestó en escuchar mi intervención, salió de la sala y después dijo que quería que mis hijos estudien solo en castellano. Que alguien que está en un partido de gobierno tenga esa actitud es sorprendente. Afortunadamente, López Aguilar intervino después para señalar que si los ciudadanos llegamos al Parlamento Europeo es porque algo no se está haciendo bien.

P.- Los nacionalistas insisten en que en Cataluña el nivel de castellano es superior a la media española.

R.- Eso es un mantra nacionalista. Las pruebas PISA en Cataluña se hacen en catalán y las pruebas de castellano las pone la Generalitat con exámenes más fáciles. Los libros de texto de castellano en Cataluña tienen un nivel pésimo.

P.- ¿Satisfecha con la respuesta de la Comisión de Peticiones?

La carta es lo máximo que hace la Comisión en estos casos. Analiza esta discriminación, quiere saber qué está pasando y preguntará por qué la Generalitat no aplica el 25% castellano. La Generalitat tendrá que responder a eso y tiene difícil respuesta. Responder con la verdad demostrará a Europa que está incumpliendo la ley. La respuesta tiene que ser convincente para que la comisión decida si tiene que ampliar la investigación, y no podrá serlo si dicen la verdad, porque el castellano no llega al 25%. Lo más importante es que las causas están abiertas, tanto la de la inmersión en la escuela, que defiende la AEB, como la de Impulso Ciudadano por multas lingüísticas en el comercio. El Parlamento Europeo piensa que es competencia suya, porque no han cerrado la causa, sigue abierta porque consideran que afecta a ciudadanos europeos y a sus derechos. Hasta ahora el Gobierno español ha mirado a otro lado.

P.- El nacionalismo siempre se ha vanagloriado de contar con el apoyo de las instituciones europeas en la inmersión lingüística.

R.- Por primera vez se ha hablado de la inmersión lingüística obligatoria. Los nacionalistas dicen que tiene el apoyo de la UE porque en su momento un informe del Consejo de Europa decía que era buen sistema para aprender un idioma, pero el Consejo lo defendía siempre que fuera voluntario, no obligatorio, y que no excluya la lengua materna de los niños. Ahora, la Comisión ha dicho ‘aquí pasa algo’ y la presidenta de la Comisión exige el cumplimiento de la ley, advirtiendo que en un año se planteará un comité de investigación si la Generalitat no acredita que se respetan los derechos de los castellanohablantes.

P.- ¿Defraudados con la aplicación del 155 en esta materia?

R.- Estamos decepcionados, el Gobierno nunca puede tener excusa para dejar de cumplir sus responsabilidades como valedor de los derechos de todos los ciudadanos. El 155 no puede cambiar el modelo educativo, pero sí hacer cumplir las leyes en vigor, y las interpretaciones de los tribunales dicen que el modelo es de conjunción lingüística y las dos lenguas son vehiculares. Que el catalán sea prioritario no significa excluir al castellano como lengua vehicular, al menos en un 25%. La Generalitat incumple esa doctrina y el Gobierno lo puede aplicar.

P.- Sería hacer una asignatura troncal en castellano.

R.- Exacto. Los proyectos lingüísticos de los colegios catalanes tienen que estar motivados, pero todos son iguales, solo existen asignaturas en castellano en algunas escuelas privadas. No tiene lógica que los colegios tengan el mismo ratio de castellano en Balaguer o Cornellà, deberían adaptarse en población, el objetivo es que los niños aprendan las dos lenguas respetando su lengua materna.

P.- La Ley de Educación catalana impulsada por Ernest Maragall pretendía que cada colegio adaptara su proyecto lingüístico en función del entorno sociolingüístico, para reforzar castellano o catalán en función de las necesidades.

R.- Eso era una trampa, lo que quieren es que el proyecto lingüístico sea solo catalán.

P.- Denuncian un conflicto que después no se traduce en peticiones de escolarización en castellano.

R.- Necesitamos que la gente se libre del miedo. Jugamos con la falta de datos porque ni la Generalitat ni el Gobierno hacen encuestas oficiales sobre este tema. La única que tenemos es la realizada por Sociedad Civil Catalana, que nos dice que sólo un 8% apoya la inmersión total, el resto prefiere una educación bilingüe o trilingüe, la mayoría queremos al menos más horas de castellano.

P.- ¿La AEB tiene datos que apoyen eso?

R.- Recibimos muchas consultas pero al final los que se atreven son pocos, porque saben lo que pasó en Balaguer, en Mataró o en Castelldefels, donde los padres que pidieron más horas de castellano acabaron sacando a sus hijos de las escuelas porque fueron señalados por maestros y ampas. El año pasado presentamos 70 solicitudes de familias. Son pocas respecto al apoyo social que tenemos, el problema es la falta de libertad y confianza en que no tenga consecuencias para los niños.