Todo parecía encarrilado hasta que el recién elegido president, Quim Torra, desde Cataluña, y Carles Puigdemont, desde Berlín, hicieron que el tren de los presupuestos amenazara con descarrilar. A sólo cuatro días de que la negociación de las enmiendas parciales de las cuentas generales del Estado finalicen su proceso de negociación y votación para dar luz verde a la remisión al Senado de las cuentas de 2018, el nuevo y complejo escenario en Cataluña y la consiguiente pervivencia del artículo 155 pueden echar al traste todos los planes de Rajoy… y el PNV. La formación nacionalista no contaba con el inesperado giro de los acontecimientos que la designación de conselleres, encarcelados y huidos, ha decretado Torra y con en el acuerdo de PP, PSE y Ciudadanos de mantener por el momento la aplicación del 155 cuyo levantamiento ya acariciaba el PNV.

La decisión de Torra de designar a los encarcelados Josep Rull y Jordi Turull y los escapados de la Justicia española en Bélgica, Toni Comín y Lluis Puig, como miembros de su Gobierno por aún no cuenta con la requerida firma del Presidente del Gobierno para su publicación oficial. Por tanto, la conformación del Govern tras el que debería venir el levantamiento del 155 continúa siendo sólo un deseo del nuevo president. Y con ello, el primer posible daño colateral de envergadura es la puesta en riesgo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado que PP y PNV tenían encarrillados y a punto de aprobar.

La dirección del PNV se reunirá esta tarde para analizar el nuevo escenario y decidir cuál será finalmente su posición en la última fase de tramitación de las cuentas que se inicia esta semana con la votación de las miles de enmiendas parciales, muchas de las cuales populares y nacionalistas ya tenían acordadas. A la formación nacionalista el tiempo se le agota, ya que el miércoles será el plazo máximo para acordar su posición. Al acuerdo en torno a una revalorización de las pensiones para los próximos dos años que la formación de Andoni Ortuzar alcanzó para no presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas, se había sumado en los últimos días un acuerdo a través de enmiendas parciales por un importe global de 70 millones de inversión. Entre ellas figuran algunos compromisos importantes para el País Vasco como la operatividad como terminal de 24 horas para el aeropuerto de Foronda de Vitoria, obras de regeneración en la Bahía de Pasaia, inversiones en I+D+i y mejoras en la depuradora de Galindo.

Las cuentas, que parecían encarriladas, están en manos del PNV y de UPN, molestos con las políticas sobre Cataluña y ETA, respectivamente

Los acuerdos por un montante de 70 millones en inversiones se sumaban a los alrededor de 500 millones que ya recogía el proyecto de presupuestos y que suponían una mejora de casi el 33% respecto al año anterior. En esta partida se incluían algunos de los compromisos que populares y nacionalistas ya suscribieron el año pasado para respaldar los presupuestos de 2017.

El peor escenario

Sin embargo, pese a lo avanzado que estaba el acuerdo y que tanto desde el PP como desde el PNV daban por prácticamente cerrado a la espera del trámite, el giro de los acontecimientos en Cataluña ha alterado de modo sustancial el escenario. El partido de Ortuzar había insistido durante meses que en ningún caso respaldaría los presupuestos si se mantenía el artículo 155. Sin embargo, las posiciones se fueron acercando entre el Gobierno y el PNV y la exigencia relajando en la confianza de que en Cataluña se pudiera encauzar la elección de un candidato sin carga judicial y por tanto la conformación de un Gobierno. Con lo que no se contaba era con el anuncio hecho por Torra de designar a cuatro miembros de su Ejecutivo con una abultada carga judicial, como lo son Rull, Turull, Comín y Puig. La posterior alianza entre Ciudadanos, PSE y PP para no levantar por el momento el 155 deja en una posición complicada al PNV en su hasta ahora incuestionado aporto a los presupuestos.

A todo ello se suma otro frente que complica las cosas a Rajoy para la aprobación de sus presupuestos: Unión del Pueblo Navarro (UPN). La formación regionalista navarra cuenta con dos votos que pueden ser también determinantes. Su líder, Javier Esparza, ha señalado que sus reticencias no están relacionadas con Cataluña sino con el final de ETA. UPN ha advertido al Ejecutivo que si pacta con el Gobierno de Navarra o el vasco o con el PNV un acercamiento de presos de la banda terrorista a cárceles cercanas a Navarra o Euskadi no contará con sus dos votos favorables, imprescindibles para lograr la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Una exigencia que la formación le ha exigido al Gobierno que le sea trasladada «por escrito».

El PNV ha pactado ya acuerdos en materia de pensiones y 70 millones en inversión para Euskadi, además de los 500 millones ya previstos

La petición llega después de que la presidenta foral, Uxue Barkos, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, hayan constituido una mesa de trabajo a la que invitan a participar al Gobierno de Rajoy para negociar el nuevo tiempo sin ETA. Entre ellas, tanto Urkullu como Barkos han situado como una de las prioridades la modificación de la actual política penitenciaria. Por el momento el Ministerio del Interior ha asegurado que no modificará la situación de los presos de ETA y que se les exigirá desmarcarse de la violencia y colaborar con la Justicia para aplicarles beneficios penitenciarios.

La semana pasada sin embargo trascendió que Instituciones Penitenciarias reclamó el pasado mes de febrero, en plenas negociaciones entre el PNV y el PP para una posible alianza presupuestaria, informes individualizados a las prisiones sobre los presos de la banda que cumplen condenada. En ellas se les solicitaba información sobre su estado, su comportamiento y su evolución, una reclamación de información que se ha interpretado como un primer paso para preparar un posible acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi.