El juez Diego de Egea ha confirmado la prisión provisional que decretó el 5 de noviembre para el ex comisario de la Policía Nacional José Villarejo, si bien no descarta revisar su situación cuando acuda a declarar ante él el próximo 30 de mayo, teniendo en cuenta también los informes médicos aportados a la causa.

Hace dos semanas, Villarejo, que se encuentra en la cárcel de Estremera (Madrid), tuvo que ser hospitalizado de urgencia por la reacción a un medicamento y fue dado de alta al día siguiente. Ahora De Egea, al ratificar su prisión, señala que esta decisión no impide que «se pueda revisar en su momento» tras su declaración el 30 de mayo y a la luz de «los informes médicos obrantes en autos y de los que se están realizando».

En otro auto, el juez ratifica también la prisión provisional acordada ese mismo 5 de noviembre para el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo y al que ha emplazado para tomarle asimismo declaración al día siguiente, el 31 de mayo.

El juez ratifica también la prisión provisional acordada ese mismo 5 de noviembre para el abogado Rafael Redondo

En sendos autos, De Egea, apoyándose en el informe del fiscal, señala que, al no haber hecho constar en sus recursos «ningún elemento nuevo» a las resoluciones a las que hacen referencia en sus escritos y al mantenerse los riesgos que aconsejaron el ingreso en prisión preventiva, procede rechazarlos.

Para mantenerles encarcelados, invoca en ambos casos «la naturaleza de los presuntos delitos cometidos (organización criminal, blanqueo de dinero y cohecho), las penas que pudieran corresponderle, las circunstancias del hecho» y también «garantizar la eficacia de la investigación procesal y la disponibilidad del investigado a los llamamientos judiciales».

Villarejo y Redondo son los dos únicos investigados en esta causa que permanecen en prisión después de que el pasado 6 de marzo quedará en libertad el excomisario de Barajas Carlos Salamanca, que ingresó también en prisión el 5 de noviembre. Entre las prácticas que se le atribuyen a la supuesta red integrada por Villarejo y Salamanca está la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo.

Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, «especialmente sensibles para la seguridad nacional», para recibir «elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos».

Todo ello a cambio de sus servicios especializados «de inteligencia» y de «facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español». En esta causa, denominada Tándem, también figuran como investigados, entre otros, la mujer de Villarejo, Gema Isabel Alcalá, un hijo de ambos y otro de Salamanca.